La Constitución faculta al Presidente Evo Morales a movilizar a las Fuerzas Armadas y a los reservistas que crea necesarios para que interrumpan el plebiscito del 4 de mayo en Santa Cruz, en defensa del orden interno y previniendo una grave conmoción. El gobierno prefiere enfrentar a la conspiración separatista convocando a abstenerse de participar […]
La Constitución faculta al Presidente Evo Morales a movilizar a las Fuerzas Armadas y a los reservistas que crea necesarios para que interrumpan el plebiscito del 4 de mayo en Santa Cruz, en defensa del orden interno y previniendo una grave conmoción. El gobierno prefiere enfrentar a la conspiración separatista convocando a abstenerse de participar en una «mañosa encuesta sin valor legal» para aprobar un estatuto autonómico hecho a la medida de los grupos de poder, peligroso para la unidad nacional y reproductor de un modelo racista, excluyente y neoliberal fracasado en la práctica. El gobierno y muchos movimientos sociales denuncian que «delirantes» grupos de poder ultra ambiciosos instrumentalizan la autonomía para recuperar el poder político y económico que perdieron. Su «aventura» afecta a todos los bolivianos porque, previo baño de sangre, pueden terminar fragmentando el territorio nacional.
Ilegitimidades e ilegalidades que rifan la autonomía
Las autonomías de los empresarios entran por la ventana y no por la puerta ancha, rifando la centenaria lucha popular por la autonomía. La consulta convocada para el 4 de mayo no tiene efecto vinculante y no pasa de ser «una encuesta cara», según el Vicepresidente Alvaro García Linera, porque viola la Ley 2769 del Referéndum (mientras no exista un gobierno departamental electo por voto popular el Congreso Nacional es la única instancia autorizada para convocar a consultas nacionales, departamentales y municipales), y disposiciones de la Corte Nacional Electoral (CNE), la única instancia que puede administrar referéndums.
El estatuto es anticonstitucional. Aborda temas de interés nacional que no pueden ser definidos a nivel local. Contradice a la actual CPE y comete «delitos de sedición» porque atropella la institucionalidad democrática y el estado de derecho. Ninguna ley en vigencia y menos la Constitución reconocen gobiernos autónomos.
El estatuto autonómico es ilegítimo porque fue redactado y aprobado por las dirigencias políticas y empresariales del departamento -reunidos en una Junta Autonómica que no fue elegida por voto popular ni tiene respaldo legal- y sin el respaldo de sectores sociales, campesinos, indígenas, cañeros, gremiales y vecinos.
Separatismo
El estatuto cruceño arrebata al Estado boliviano sus competencias establecidas por la actual Constitución. Otorga al gobierno departamental competencias exclusivas en materia legislativa, reglamentaria y ejecutiva en el régimen electoral, administración de justicia, educación en todos los niveles, regímenes laboral, tierras, agua, bosques, áreas protegidas, biodiversidad, biocombustibles y ordenamiento territorial, entre otras 40 competencias «exclusivas».
La norma autonómica que será sometida a votación parece expresamente diseñada para desintegrar al Estado. Le atribuye a la prefectura de Santa Cruz el dominio pleno sobre los recursos naturales, económicos y humanos. Las disposiciones del gobierno departamental tienen preferencia respecto de las nacionales (que son «subsidiarias») incluyendo la potestad tributaria. Pretende el control de instituciones del Estado en el departamento, designando a sus autoridades de ternas presentadas por la Asamblea Departamental.
La Corte Superior de Distrito sería la última instancia jurisdiccional y dictaría sentencias con autoridad de «cosa juzgada» en temas de competencia exclusiva. Eso significa, por ejemplo, que la Corte Superior sería la última instancia decisora sobre la distribución de tierras.
El estatuto cruceño está plagado de aberraciones jurídicas nunca antes vistas: sólo los ciudadanos cruceños pueden ejercer derechos políticos como el sufragio, la elección de autoridades departamentales y ser elegidos como tales, participar en asuntos públicos departamentales a través de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum, el Plebiscito y el Cabildo. En los hechos, se reconoce una doble condición política de ciudadanía, una boliviana y otra cruceña.
Todo el poder al gobernador… y a los latifundistas
Buscando equilibrios, la democracia reparte el poder del Estado en tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero el estatuto cruceño concentra todo en la Asamblea Departamental, que tendría competencias para nombrar a los funcionarios del Ejecutivo e incluso a los jueces.
Semejante concentración se evidencia en la política agraria que impulsan los grupos de poder cruceños. Según su estatuto, el derecho propietario, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el departamento de Santa Cruz serían regulados por ley departamental aprobada por la Asamblea Legislativa. Esto significa que el parlamento regional tendría la última palabra en la definición de tamaños, características y parámetros de cumplimiento de la función social y función económico-social para cada forma de propiedad agraria.
El gobernador firmaría «todos los Títulos Agrarios que acrediten la propiedad sobre la tierra y se encuentren dentro de la jurisdicción del Departamento Autónomo de Santa Cruz, los que, de acuerdo a principios constitucionales, causan estado y son irrevisables, salvo por la autoridad judicial competente, permitiendo su inscripción en el Registro de Derechos Reales».
El estatuto cruceño propugna una política agraria que combata el minifundio, no que luche contra el latifundio. El gobierno departamental, a través del Instituto Departamental de Tierras (IDT), fomentará el «reagrupamiento, distribución y redistribución» de tierras para evitar la aparición del minifundio improductivo. Incluso se quiere revertir parcelas de tierra «improductivas» para concentrarlas luego en haciendas «productivas». En el fondo, los autonomistas pretenden mantener latifundios y tierras de engorde.
El Vicepresidente observa que el estatuto sería el único en el mundo que plantea anular la pequeña propiedad y fomentar la concentración de la propiedad agraria. «Si ve por ahí 50, 100, 200 o 300 hectáreas y las considera pequeñas, están obligados a reconcentrarlas en pocas manos». «No estamos de acuerdo con que se expropie la tierra al pequeño o mediano campesino por capricho prefectural, o con el hecho de que sea un Prefecto el que emita los títulos de propiedad (de la tierra) a quien quiera, a sus amigos, conocidos, comparsas, vecinos, de una manera arbitraria», observa el Presidente Morales.
«El gobierno quiere autonomía y estatuto autonómico, pero no quiere que unas cuantas familias, por orden del prefecto, se distribuyan las tierras como les da la gana», dice García Linera.
Violencia, desgobierno e inseguridad
Todas las organizaciones sociales importantes del país coinciden en que pequeños grupos de poder vinculados a la agroindustria fomentan la confrontación violenta entre bolivianos, con el apoyo militante de legisladores de derecha, especialmente de Podemos.
El diputado Ronald Moreno advirtió hace poco que si el gobierno «quiere atropellar» sus haciendas «van a tener violencia, nos vamos a constituir en una fuerza que quizá lleve a desencadenar un episodio que no quisiéramos».
El senador Jorge Aguilera advirtió que después del referendo del 4 de mayo comenzará el desacato a la Constitución Política del Estado. «Si el Poder Ejecutivo no hizo caso a las consultas populares, lamentablemente creemos que no está aplicando las normas vigentes en el país, es decir, la Constitución, entonces que no nos obligue a que las regiones y los ciudadanos a acatar la Carta Magna porque la desacatemos para llevar adelante nuestra autonomía.».
El prefecto Costas anunció que después de la consulta se comenzará a construir una «segunda República». Dicen estar «hastiados de un centralismo donde se hace lo que les da la gana».
Algunos creen que esta «irracional e intransigente» posición puede desembocar en una guerra fratricida. La Iglesia Católica alertó hace poco que se ven «nubarrones de muerte».
Los malos augurios no vienen solo del gobierno, de los movimientos sociales afines a Evo ni de la Iglesia. Sectores de la derecha también están ansiosos, como el prefecto de La Paz José Luis Paredes: «Un sistema federal es mucho más suave que ese estatuto autonómico y me preocupa este referéndum porque a partir del 4 de mayo pueden empezar serios problemas para nuestro país».
Las elites cruceñas no tienen asegurada la gobernabilidad. Provincias como la Chiquitanía, Guarayos y Cordillera elaboran sus propios estatutos autonómicos provinciales, e inclusive proclaman la creación de un nuevo departamento boliviano, como ya lo ha planteado el movimiento cívico del Chaco de Tarija.
Y es que la autonomía de los empresarios con «tintes racistas», como observó un relator de Naciones Unidas, reduce a los pueblos originarios a la condición de pueblos oriundos del departamento y niega toda posibilidad de autonomías indígenas, en franca violación de declaraciones de la OIT y de la ONU.
La ex Defensora del Pueblo Ana María Romero de Campero avizora un peligroso ambiente de inseguridad e incertidumbre jurídica: «¿Qué va a pasar con los títulos de bachiller, con los pasaportes, los títulos de propiedad, o sea va a venir una gran inseguridad jurídica para la población?».
Romero percibe un manejo muy elitista y poco participativo de quienes impulsan el estatuto. «Falta debates, nosotros mismos, el resto del país no sabemos qué consecuencias puede tener la aprobación de un estatuto, ya no para la gente de Santa Cruz sino para el resto del país».
Como firmar un cheque en blanco
Las encuestas revelan que ocho de cada 10 cruceños no han leído el estatuto cruceño y no conocen sus alcances. Para esta gente, el acto de votar por el sí se equipara a «firmar un cheque en blanco» o entregar sus bienes sin saber quién será el heredero.
El diputado del MAS Gustavo Torrico y el intelectual cruceño Jerjes Justiniano advierten que los líderes cívicos y prefecturales de Santa Cruz «engañan» al pueblo cruceño al convocarle a votar por el SI a la autonomía, aunque ya se votó por la autonomía en el referéndum del 22 de julio de 2006.
La campaña propagandística no hace referencia al controvertido estatuto autonómico, sino a la autonomía ya ratificada. Por tanto, el pueblo va a las urnas a votar sobre nada. Y si los cruceños no saben para qué están votando es mejor que se abstengan, opinan los críticos.
Muchas autoridades del Legislativo y del Ejecutivo opinan que todo es una gran farsa porque las elites cruceñas siguen cambiando los artículos del estatuto, como ocurrió hace poco con un artículo que vulneraba la autonomía universitaria.
El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana habla de autonomías «a la carta y con chacota». «El estatuto se convirtió en un menú a pedido del cliente, que está siendo modificado al calor de sectores que interponen presiones. Si vamos a seguir con esta chacota de modificar el estatuto autonómico al calor de las presiones de instituciones que no se ven reflejadas o que violan sus mandatos institucionales, lo que nos queda es que hasta las cero horas del 3 mayo esos estatutos serán modificados».
García Linera pidió al prefecto y a los dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz que no jueguen con el sentimiento del pueblo con un estatuto «nada serio». «Nos enteramos que cada día cambian un nuevo artículo, el día de mañana no sabemos qué artículo será codificado, pero al final los cruceños no saben para que están yendo a votar o por qué documento está yendo a votar».
Además, está en duda la imparcialidad de la Corte Departamental que administra la consulta. La esposa del presidente de la CDE Mario Orlando Parada, Julita Parada, es presidenta del Comité Cívico Femenino, principal impulsora del referéndum y quien descalificó a Monseñor Juárez como mediador tildándolo de «alteño masista». El vicepresidente de la CDE José Ernesto Zambrana Serrate funge al mismo tiempo como secretario general de la cooperativa autonomista CRE, presidida por German Antelo, ex presidente del Comité Cívico. El tercero al mando en la Corte Departamental David Antelo Gil fue presidente del Comité pro Santa Cruz en el período 1997-1999. Participa como «past-presidente» en todas las reuniones del Comité.
La pregunta de rigor es: ¿Estas personas organizan y administran el referéndum con «imparcialidad»? ¿Quién pone las manos al fuego por ellos?
El gobierno alertó sobre un posible fraude en esta consulta sin control alguno, sin veedores internacionales y sin respaldo de la Corte Nacional Electoral. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea se negaron a enviar observadores. El prefecto Costas invitó al Consejo Nacional Democrático (CONALDE), entidad constituida por los prefectos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, para que funjan de «observadores».
Abstención
La Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, las 11 capitanías de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cepes), la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia y decenas de gremios convocan a la abstención masiva.
Estos sindicatos creen que es posible derrotar con el voto blanco y la abstención a las clases dominantes que han roto la legalidad burguesa con el objetivo de monopolizar los recursos naturales y frenar la reforma agraria en sus regiones.
Bajo la consigna de mantener la unidad y la seguridad del país, los denominados guerreros del gas de 2003 llamaron a la «abstención general» en el referéndum autonómico de Santa Cruz, una maniobra de la oligarquía por mantener sus privilegios.
La esperanza es que si el referéndum autonómico fracasa en Santa Cruz fracasa, los otros que han sido programados en Beni, Pando, Tarija también fracasarán.