Si autonomistas e indigenistas coincidieran en las competencias a las que no puede renunciar el Estado nacional para seguir existiendo como tal, los riesgos de disgregación que sufre Bolivia se disiparían en gran medida. Esas competencias irrenunciables son la política exterior, las FFAA y la Policía Nacional, la moneda, la planificación económica sobre los recursos […]
Si autonomistas e indigenistas coincidieran en las competencias a las que no puede renunciar el Estado nacional para seguir existiendo como tal, los riesgos de disgregación que sufre Bolivia se disiparían en gran medida. Esas competencias irrenunciables son la política exterior, las FFAA y la Policía Nacional, la moneda, la planificación económica sobre los recursos naturales, la función económica social de la tierra (sobre la que hubo consenso), la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el diseño de políticas educativas globales.
El requisito básico para que este esquema funcione reside en la vigencia de una Estrategia Nacional de Desarrollo, en la que vean reflejadas sus aspiraciones las regiones autónomas y los pueblos originarios, razón por la que debe ser elaborada con su participación directa. Lo anterior dará paso al manejo coordinado de los recursos naturales, renovables y no renovables, en el que los departamentos y los pueblos originarios serían partícipes y fiscalizadores de su cumplimiento.
De esta manera, el absurdo enfrentamiento existente en Tarija, por ejemplo, entre YPFB, la prefectura y el Chaco tarijeño, daría paso a la instalación de un polo de desarrollo impulsado de común acuerdo, que incluya plantas separadoras de líquidos, de fertilizantes, refinerías, oleoductos, gasoductos y termoeléctricas. La exacerbada lucha por el control del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) daría paso a la construcción de obras de beneficio común.
Si el capitalismo de Estado tiene, a través de esta planificación participativa, el control de los recursos estratégicos, queda un amplio espacio para el desarrollo de iniciativas comunitarias y privadas. El interés común por el fortalecimiento del país impulsará, asimismo, la planificación de vías férreas y fluviales, carreteras nacionales y aeropuertos.
La presencia de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional no es óbice para la vigencia de usos y costumbres comunitarias en municipios o mancomunidad de municipios indígenas, en los que la aplicación de justicias comunitarias estará sujeta a recursos de apelación nacional.
Es obvio que en la administración estatal, los ciudadanos y ciudadanas indígenas deben tener el derecho a usar su lengua materna, en tanto que, por el sistema de discriminación positiva temporal, en la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, FFAA y Policía Nacional los pueblos originarios tendrán una cuota de participación, susceptible de lograr un equilibrio equitativo en un país pluricultural y multilingüe como el nuestro.
El respeto a regiones y culturas tampoco debería interferir la vigencia de símbolos nacionales (escudo, bandera e himno nacionales) que muestra el esfuerzo de una sociedad abigarrada como la nuestra que trata, día a día, de estructurar su viabilidad nacional, enraizada en lo más rescatable de su historia, en la que no es posible que una parcialidad, indígena o regional, se imponga a las demás.
El Presidente ecuatoriano Rafael Correa ha vetado la pretensión de fundamentalistas del indigenismo, que exigían la propiedad comunitaria en áreas petroleras, impulsada, de manera exógena por la OIT y Naciones Unidas, es decir por el Imperialismo y su nueva cara, el Nuevo Orden Mundial (NOM).
Ha preferido, en cambio, buscar la construcción intercultural del Estado nacional, que defienda a la sociedad de traficantes de drogas y de armas, transnacionales y ONG, que están ávidos de apropiarse de los despojos de nuestros países. A estos enemigos debemos derrotar para construir nuestro propio proyecto nacional y latinoamericano.