Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el consorcio Shell-Ashmore, el Gobierno de Bolivia tomó control total el lunes de su filial, la compañía petrolera Transredes, que tiene el monopolio del transporte de hidrocarburos en el país. La decisión gubernamental de nacionalizar el 50 por ciento de las acciones que detentaba de manera […]
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el consorcio Shell-Ashmore, el Gobierno de Bolivia tomó control total el lunes de su filial, la compañía petrolera Transredes, que tiene el monopolio del transporte de hidrocarburos en el país.
La decisión gubernamental de nacionalizar el 50 por ciento de las acciones que detentaba de manera dolosa e ilegal el grupo internacional en Transredes se dio mediante un decreto presidencial y tras fracasar una negociación de traspaso de acciones. El otro 50 por ciento de las acciones ya estaba en manos del Estado boliviano.
El decreto 29586, de nacionalización-compra forzosa de acciones, fue firmado por el presidente Evo Morales en un acto realizado en la sede principal de la empresa operadora de ductos en la ciudad oriental de Santa Cruz.
«Se nacionaliza la totalidad del paquete accionario de TR Holdings (sociedad suscrita en partes iguales entre Shell Gas y Ashmore) en la sociedad Transredes, debiendo ser transferidas al Estado boliviano bajo la titularidad de (la petrolera estatal) YPFB,» dijo el decreto leído en el acto que transmitió en vivo la televisión estatal.
La nacionalización de Transredes había sido ordenada el pasado primero de mayo por un decreto gubernamental, pero tras un mes de negociaciones YPFB y el consorcio no lograron un acuerdo sobre la transferencia de acciones, lo que llevó al Gobierno a ejecutar unilateralmente la medida.
Negocio Redondo
Con la compra forzosa de acciones de Transredes, que se da en el marco de la ley de hidrocarburos 3058 y el decreto del primero de mayo de 2006 de Morales, el lucrativo negocio del transporte de carburantes pasa al Estado, aunque se deja en total impunidad, sin sanción ni reparación, el asalto que la Enron, primero, y la Shell, después, realizaron en Bolivia al tomar a título gratuito el 40 por ciento del gasoducto a Brasil y otros ramales de transporte y distribución de hidrocarburos.
Sin poner un solo centavo, la corrupta Enron tomó a medidos de los 90 la posesión y control de las acciones en estos gasoductos, que posteriormente los transfirió a la Shell. La Enron había sido contratada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para financiar o buscar financiamiento para construir el gasoducto al Brasil, que finalmente fue construido por Petrobras, sin ningún concurso de la transnacional norteamericana.
El daño inferido al Estado fue cuantificado a principios de la década en 120 millones de dólares, por el ex delegado presidencial, Juan Carlos Virreina, que pretendió recuperar esos recursos mediante un juicio que fue dejado de lado por los últimos gobiernos, incluido el actual.
Pese a estos antecedentes, el presidente Morales aseguró este lunes en Santa Cruz que pagará al consorcio extranjero 48 dólares por cada una de sus acciones, deduciendo previamente todos los pasivos. Este monto ya había sido consensuado entre el Gobierno y los negociadores de la empresa en la fase inicial de las negociaciones, según reveló el propio Morales.
«Estaban muy de acuerdo estos dos señores (el presidente y vicepresidente de Ashmore) cuando nos hemos reunido en Palacio, aceptaban que las acciones cueste 48 dólares, no tenían ningún problema en una empresa mixta o de manera conjunta en temas de la operación», dijo.
La intención inicial del Gobierno era comprar el 2,6 por ciento de las acciones para tener la mayoría accionaria, quedando el consorcio Shell y Ashmore en calidad de socios menores. Pero, al fracasar las negociaciones, el Estado avanzó hacia la compra total y forzosa del paquete accionario de la transnacional, acusada también de conspiración y daños irreparables al medio ambiente.
Conspiración y medio ambiente
En el mismo acto, Morales reveló que la empresa Transredes conspiró desde el 2006 contra la democracia boliviana y su Gobierno.
«He aguantado desde el 2006. Tenía mucha información que esta empresa estaba permanentemente conspirando contra el Gobierno nacional y la democracia, pero eso terminó, y que sepan las otras empresas que vengan a trabajar, que vengan a invertir, es su obligación trabajar y también recuperar su inversión, tienen derecho a las utilidades, eso está garantizado», agregó.
El gobernante recordó, además, el daño que produjo Transredes al río Desaguadero después del derrame de 29 mil barriles de petróleo y afirmó que los efectos ambientales son irreversibles.
«Si quisiéramos revisar los daños que hizo Transredes en el río Desaguadero, daños irreversibles que jamás con dinero o cualquier recompensación se puede recuperar, a ellos más les interesa las ganancias y no les interesa el medio ambiente, la vivencia de los seres humanos, de plantas, de seres humanos. Si queremos revisar con seguridad veremos que estas empresas le hicieron mucho daño en el tema del medio ambiente; pero lo peor y no tengo por qué callar, no es posible que algunas empresas transnacionales, empresas extranjeras vengan acá hacer actividades políticas. No aceptamos autoridades o gerentes, o empresas que venga a conspirar contra la democracia o contra el Gobierno nacional», agregó.
Incumplimientos
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, complementó el informe de Morales y dijo que Transredes incumplió el acuerdo que tenía con el Gobierno para la entrega de la segunda fase de ampliación del gasoducto Villamontes-Tarija, inmiscuyéndose en la política interna del país y favoreciendo al opositor prefecto de Tarija.
«El viernes 31 de mayo de este año, desconociendo la autoridad del Gobierno, al margen de las decisiones que tomamos, (Transredes) hizo entrega de la ampliación de la segunda fase del gasoducto al prefecto del departamento de Tarija, prácticamente, dando la espalda a los acuerdos arribados con el Gobierno Nacional», manifestó.
Villegas dijo que a través de la nacionalización se recuperó la infraestructura que hace posible el transporte de los carburantes del gas natural al mercado interno y la exportación de ese energético a Brasil y Argentina.
Garantizó las inversiones futuras, como la construcción del gasoducto Carrasco -Cochabamba y el inicio del diseño de la ingeniería básica y conceptual para el sistema de evacuación que se requiriere para la instalación de la planta de separación de líquidos, que estará ubicada en el Chaco tarijeño .
En el último mes, el Gobierno de Morales logró traspasos concertados de acciones para controlar dos petroleras mixtas que estaban en poder de Repsol-YPF y la estadounidense Pan American Energy, pero no pudo hacer lo mismo con la filial de Ashmore, cuyos voceros declinaron hacer comentarios en Santa Cruz.
Otra empresa objeto de un traspaso forzoso al Estado es la operadora de plantas de almacenamiento CLHB, de capitales peruanos y alemanes, sobre la cual el Gobierno tomaría decisiones en los próximos días, dijeron fuentes oficiales.