Las dirigencias políticas y empresariales opositoras de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija no creen que el referéndum revocatorio de mandato del 10 de agosto resuelva la crisis política interna. Si dependiera de ellos, suspenderían esa consulta convocada por la «partidocracia» y el «centralismo paceño». El gobierno sospecha que los derechistas intentarán sabotear el referéndum […]
Las dirigencias políticas y empresariales opositoras de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija no creen que el referéndum revocatorio de mandato del 10 de agosto resuelva la crisis política interna. Si dependiera de ellos, suspenderían esa consulta convocada por la «partidocracia» y el «centralismo paceño». El gobierno sospecha que los derechistas intentarán sabotear el referéndum porque le tienen muchísimo miedo al voto del pueblo.
El sábado arrancó oficialmente en Cochabamba la campaña del oficialismo para ratificar al Presidente Evo Morales en el referéndum del 10 de agosto y para revocar al menos a dos prefectos opositores. El 28 de junio en Batallas, provincia Los Andes, comienza la campaña en el altiplano paceño en tres etapas: reuniones en poblaciones, una concentración masiva en la ciudad de El Alto y otra en la sede de gobierno.
La derecha autonomista habría decidido «boicotear» el referéndum. Compite en gran desventaja porque lo único que puede ofrecer es la ratificación de un modelo autonomista neoliberal impracticable e impopular. Sus mismas encuestas dicen que podrían peder algunas prefecturas.
No tenemos miedo a perder el cargo, dicen a coro los prefectos de Santa Cruz Rubén Costas, de Beni Ernesto Suárez, de Pando Leopoldo Fernández, y de Tarija Mario Cossío, aunque preferirían que no haya referéndum. Fernández y Suárez nunca quisieron referéndum revocatorio que «engaña» al pueblo y no resuelve la crisis política. Según Costas, la consulta aprobada por la «partidocracia (alude a Podemos)» y el «centralismo paceño» perjudica al proceso autonómico.
Las cuatro autoridades y el prefecto de Cochabamba Manfred Reyes estarían dispuestos a negociar con el oficialismo la suspensión del referéndum del 10 de agosto. En una entrevista con la cadena de televisión Unitel este domingo, Costas y Fernández consideraron la posibilidad de desconocer el referéndum convocado por ley en aplicación de sus estatutos autonómicos. Suárez y Costas observan que el referéndum pone en juego la cabeza de los prefectos y también la legitimidad de sus estatutos que supuestamente entraron en plena vigencia al día siguiente de ser aprobados por el voto mayoritario de cruceños y benianos. Fernández, uno de los liderazgos más frágiles de la «media luna», admite que su imagen está desgastada.
El oficialismo mostrará sus obras, las transformaciones estructurales, los bonos sociales y los créditos sin interés para incentivar la producción. Dirá que en dos años y cuatro meses se cumplieron las promesas de construir la igualdad, la desconcentración del poder y la dignidad económica, un proceso que en muchos países tarda hasta 40 años.
En el lanzamiento de la campaña el sábado en Cochabamba, el Vicepresidente Alvaro García Linera anunció que se informará al ciudadano y después se reclamará su voto «para defender a la Patria, la fortaleza del Estado, YPFB, Entel, la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto y para que la plata no se vaya a cuentas bancarias extranjeras y a unos cuantos bolsillos de facinerosos».
«Si vamos a continuar a este paso con seguridad los resultados de este referendo revocatorio garantizarán la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado», comenta Morales, confiado en que el electorado se da perfecta cuenta de que están en juego dos modelos políticos y sabe identificar a los enemigos. «El 10 de agosto, el pueblo decidirá si sigue el cambio o vuelve el modelo neoliberal (…) Apoyar al binomio (Evo-Alvaro) es profundizar el proceso de cambio, pero lo contrario significa volver al pasado, cuando los partidos tradicionales corruptos entregaron los recursos naturales a manos extranjeras».
«Los delincuentes, los facinerosos y los sinvergüenzas del neoliberalismo otra vez quieren regresar para quitarle la casita al hornero, para vivir en un lugar que ellos no han construido. Y a esos vendepatrias les decimos que no tienen pisada en la casa del hornero construido para que vivamos todos los bolivianos», reta García Linera.
Guerra sucia
El gobierno denunció que está en marcha un proceso de desestabilización impulsado por prefectos y cívicos de Santa Cruz, Beni Pando y Tarija que contempla movilizaciones violentas, conflictos sociales, paros cívicos y sabotajes económicos. Participan en este plan grupos de inadaptados como la Unión Juvenil Cruceñista, políticos de derecha, agroindustriales, fuerzas cívicas y otros sectores que no quieren arriesgarse a una derrota en las urnas.
La derecha no pudo debilitar al gobierno en el plano político y ahora presiona con un boicot económico. Morales advirtió que se está impulsando una «guerra económica cruel» basada en el agio, la especulación y el ocultamiento de alimentos. Los neoliberales provocarían inflación y carestía para echarle la culpa al indio. «En 2006 hicieron correr rumores de un ‘corralito’ bancario y en 2007 apostaron a la inflación y empezaron a especular».
El empresariado privado boicotea la economía del país, denunció el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Gabriel Herbas, luego de que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Gabriel Dabdoub declaró estado de emergencia permanente y amenazó con un paro productivo nacional.
Los prefectos de la media luna y la oposición «tienen mucha plata para humillarnos cada día mediante la prensa, y van a inventar todo contra el gobierno, contra Evo Morales. Saben nuestros ministros, y yo les dije cuídense, ahora van a inventar cualquier cosa para desprestigiarnos».
Las debilidades del gobierno
Varias encuestas confirman que Morales tiene respaldo social, legitimidad que le ha permitido sortear innumerables obstáculos en sus primeros dos años de gobierno. Ningún otro presidente hubiese aguantado el estallido inflacionario de los últimos meses.
El gobierno habría desactivado al menos un intento de golpe militar en el pasado reciente. Extraoficialmente, el lunes 28 de abril un alto comandante del Ejército se reunió en Santa Cruz con comandantes de unidades militares de todo el país y al día siguiente organizó una misa en el Club de Oficiales del Ejército en La Paz, a la que asistieron personalidades de la política y del empresariado. Ambos actos habrían sido el preludio de un golpe militar contra el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Los conspiradores quisieron golpear el 1 de Mayo alegando incapacidad gubernamental para impedir los referéndums separatistas de la «media luna».
Morales confrontó a los conspiradores y detuvo el golpe. No pudo cambiar su imagen de Presidente pasivo y excesivamente conciliador que se arriesga a un juicio de responsabilidades por no aplicar la ley, es decir por no sancionar los actos delincuenciales y sediciosos de grupos de choque vinculados al movimiento cívico empresarial de Santa Cruz.
Sectores de clases medias y bajas La negligencia gubernamental sino también que se cansaron de escuchar los discursos lastimeros de Morales. No se eligió al Presidente para que haga el espectáculo denigrante del «lamento del indio», reclama mucha gente.
Algunos clasemedieros votaron por el MAS para que acabe con el latifundio. Pero ahora hasta los más fervientes defensores del gobierno lamentan que la reforma agraria masista podría terminar como un slogan.
Da bronca un gobierno tan pasivo frente a la delincuencia. Es inadmisible que un Mandatario que ha jurado hacer respetar las leyes tenga que buscar diálogo con delincuentes en vez de enviarlos a prisión. Los terratenientes son soberbios y avezados porque el Poder Ejecutivo es incapaz de hacer cumplir las leyes y porque los movimientos sociales que deberían hacer respetar los cambios sociales están maniatados por un gobierno desmovilizador y conciliador.
Analistas de izquierda y derecha observan que la política de gobierno es errática e incierta porque el MAS carece de programa político. Su retórica es radical, pero sus acciones moderadas lo sitúan en el centro político, no en la izquierda. Le critican por haberse ocupado mucho de la discriminación, olvidándose de la explotación. Evo reconoce que administrar el Estado no es lo mismo que controlar y menos gobernar.
Sindicatos y gremios de base esperan que la ambivalencia y las oscilaciones del oficialismo se definan luego 10 de agosto. El gobierno tendría dos caminos: Moderar su discurso y tomar posesión oficial del centro político en pos de la tan preciada «gobernabilidad democrática», o reconocer que en un proceso de cambio como el actual no hay espacio para la conciliación, concertación y convivencia con el enemigo de clase.