Casualidad o no, esta decisión de los prefectos se da tras el retorno del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, acusado por el gobierno de Morales de ser el cerebro gris de la conjura oligárquica contra el «indio presidente»
Los prefectos (gobernadores) derechistas de Bolivia dieron marcha atrás en su decisión de no ir al referéndum revocatorio de mandatos y anunciaron hoy en Santa Cruz que se someterán al veredicto de las urnas el próximo 10 de agosto.
En esa fecha, la población boliviana decidirá si el presidente Evo Morales, su vicepresidente Alvaro García Linera y ocho de los prefectos son ratificados o no en sus cargos por los siguientes dos años y medio.
Hasta ahora, hay una percepción generalizada de que tanto Morales, García Linera y sus principales oponentes, como el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, serán ratificados en sus cargos por la votación popular, con lo que virtualmente se consolidaría el doble poder que se da en Bolivia, con la izquierda indigenista gobernando en las tres regiones del altiplano y la oligarquía derechista en las regiones del oriente y los valles.
Cambio inesperado
El pasado 23 de junio, los prefectos derechistas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba habían rechazado someterse al referendo revocatorio de mandatos y, por contrario, demandaron recortar el mandato presidencial de Morales, pidieron nuevas elecciones generales sin Evo y exigieron el reconocimiento de sus estatutos autonómicos aprobados con masivo apoyo electoral en cuatro de los nueve departamentos del país.
Estos prefectos, que operan en estrecha alianza con la oligarquía y 100 poderosos clanes familiares dueños de la tierra y los grandes negocios, tienen el control de las ciudades capitales y podían impedir la realización del referendo, por lo que su cambio de postura no deja de ser llamativo.
Casualidad o no, esta decisión de los prefectos se da tras el retorno a Bolivia del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, que había sido convocado a Washington para evaluar las relaciones con Bolivia. Un día antes, altos funcionarios de esta Embajada se habían reunido con los representantes de la derecha política y de las Prefecturas, denunció el ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, que constantemente acusa a esa legación diplomática de organizar y dirigir la rebelión de la oligarquía y el proceso de desestabilización de la administración encabezada por Morales.
Perspectivas
El revocatorio era una de las última esperanzas para el alicaído gobierno de Morales, para tratar de recuperar la legitimidad y apoyo perdidos en los dos últimos años y medio, producto de su errática y suicida política de contemporizar con la derecha y castrar la lucha de los sindicatos y organizaciones sociales que querían liquidar el poder de una oligarquía que trabaja bajo la instrucción directa de la Embajada de Estados Unidos.
En estos dos años y medio de gobierno, Morales ha despilfarrado el apoyo popular obtenido el 2006 y ha entregado sin batalla ni vergüenza el control de medio país a la oligarquía, que paradójicamente estaba arrinconada y aterrorizada en los años 2003 y 2005, cuando sendas insurrecciones populares echaron abajo a dos gobierno neoliberales.
Hasta la pasada semana, el plan de la oligarquía tenía tres objetivos: i) impedir la realización del referéndum revocatorio, del que puede salir parcialmente debilitado, ii) archivar definitivamente el nuevo proyecto de Constitución Política del Estado, aprobado por las fuerzas oficialistas de la Asamblea Constituyente, para evitar la posible reelección de Evo desde el 2010 y iii) cercar aún más al gobierno de Morales durante los siguientes dos años.
Ahora con la decisión del autodenominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los prefectos de Pando, Leopoldo Fernández; de Beni, Ernesto Suárez Sattori; de Tarija, Mario Cossío; de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, además de dirigentes cívicos regionales, se habría dejado de lado el primer objetivo manteniendo los otros dos.
Mucho más que el voto
La perspectiva de los prefectos derechistas, de la oligarquía y los 100 clanes en el referéndum del 10 de agosto es lograr la ratificación de todos o casi todos sus miembros y restar apoyo al presidente Morales, al que no creen que puedan derrotar ahora en las urnas, aunque se esforzarán para ello.
En cambio, Morales y los suyos siguen apostando al revocatorio del 10 de agosto para recuperar legitimidad y apoyo electoral, y al mismo tiempo derribar a uno o dos prefectos opositores.
Tanto Morales como los prefectos derechistas confían en que las urnas les permitirán consolidar sus posiciones. Unos y otros no creen, sin embargo, que el voto cambie la realidad política del país, signada por la virtual existencia de dos gobiernos paralelos, el de la izquierda indigenista en el altiplano y el oligarca en el oriente y los valles. Unos y otros están seguros de que se necesita mucho más que el voto para salir de esta situación.