«Tal vez puedan tumbar al indio, pero nunca van a tumbar al pueblo revolucionario de Bolivia porque este proceso es sin retorno» dijo el presidente Evo Morales en varias ocasiones. La última vez fue en el departamento de Cochabamba al día siguiente de estallarse el helicóptero donde el mandatario había viajado unas horas antes. En […]
«Tal vez puedan tumbar al indio, pero nunca van a tumbar al pueblo revolucionario de Bolivia porque este proceso es sin retorno» dijo el presidente Evo Morales en varias ocasiones. La última vez fue en el departamento de Cochabamba al día siguiente de estallarse el helicóptero donde el mandatario había viajado unas horas antes. En el supuesto accidente murieron cinco militares.
Hasta ahora la estrategia de la oposición ha sido implementar el famoso antiguo dicho divide et impera, o sea «dividir y así poder dominar». Por eso los actores principales de la lucha emprendida por la derecha contra el gobierno de Morales han sido los siete prefectos de: Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, La Paz y recientemente también Chuquisaca.
No cabe duda que, en este último departamento, después del «noviembre negro» en donde murieron 3 personas, quedó en la población el miedo a un nuevo enfrentamiento social. ¿Porque entonces el 29 de junio fue elegida la nueva prefecta Savina Cuellar? Según un encuesta llevada a cabo en julio en la sola ciudad de Sucre, su popularidad no fue debida al oponerse al gobierno de Morales, pero a tres elementos: haber sido asambleísta del MAS, ser mujer quechua y «de pollera».
«Trabajaré para el bien de todos los chuquisaqueños – afirmó Savina en su discurso de asunción en la prefectura el 8 de julio – y reivindicaré la capitalía plena de la ciudad de Sucre». La mayor necesidad del departamento de Chuquisaca, según la prefecta, es que todos los poderes del estado vuelvan a Sucre, así repitiendo la línea dictada desde agosto 2007 por el potente Comité Cívico de Chuquisaca.
¿Cuál es la estrategia de la oposición en Sucre? Dividir la población boliviana fomentando el crecimiento de un resentimiento de los chuquisaqueños contra los paceños. «El pedido de la capitalía de Sucre – ha afirmado el asesor de Morales, José Luís Gutiérrez – puede ser legitimo, pero en un estado nacional no se puede otorgar algo a favor de una parte (Chuquisaca) si otra se queda sin nada, o sea La Paz, hay que buscar un equilibrio y un acuerdo entre las partes».
De otro lado «la reivindicación de la capitalía de Sucre – ha afirmado el historiador y vicedirector del Archivo nacional de Sucre Joaquín Loayza Valda – ha sido histórica y reiterada en los últimos 50 años» pero ¿porque justo ahora emprender la lucha para que Sucre vuelva a ser la capital? «Vamos a preguntar al pueblo a través de un referéndum – afirmó el presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca John Cava – si quiere la autonomía y la capitalía de Sucre y después vamos a luchar para conseguirlo».
No hay que olvidar que durante los hechos violentos que ocurrieron el 24 de mayo en Sucre los grupos de jóvenes que atacaron a los indígenas y campesinos tenían la bandera de la cruz verde que representa «Sucre capital». En el video que se encuentra en la web (http://it.youtube.com/watch?
El diputado del MAS para Chuquisaca, René Martínez, denunció como autores intelectuales de las humillaciones y de los actos violentos del 24 de mayo al presidente del Concejo municipal de Sucre Fidel Herrera, la alcaldesa Aidé Nava, el presidente del Comité Interinstitucional John Cava, el rector de la Universidad San Francisco Xavier Jaime Barrón, los diputados de Podemos Fernando Rodríguez y Gonzalo Porcel (todos miembros del Comité), declarando que «hay pruebas que muestran grupos pandilleros llegando al Estadio Patria en el transporte oficial de la Alcaldía y de la Universidad».
«Espero – afirmó al respeto Cava – que lo antes posible se sancionen los responsables de los hechos del 24 de mayo» y acusó el MAS de tergiversar los hechos «imputándolos a quienes no tienen nada que ver». En las imágenes del canal Gigavision se reconocen a los miembros del Comité, salvo Cava, delante del Estadio Patria pidiendo a la policía de retirarse. Al huir de la policía los grupos de choque allí presentes empezaron a lanzar piedras, lacrimógenos y a pegar con piedras y palos a los indígenas campesinos que habían venido a Sucre para la entrega de unas ambulancias.
En Cochabamba la estrategia es distinta. El prefecto Manfred Reyes Villa ha reiteradamente afirmado que no se someterá al referéndum revocatorio del 10 de agosto porque «es inconstitucional» como lo demuestra el acto de la jueza del Tribunal Constitucional Silvia Salame que pidió la suspensión del proceso electoral el 28 de julio. De hecho, la Corte nacional electoral (CNE) rechazó enseguida el pedido de la jueza por ser un simple acto administrativo, inferior a los judiciarios emitidos por la misma CNE. Desde luego la campaña de Reyes Villa ha sido dirigida, además de deslegitimar el instrumento del revocatorio, así deslegitimando también el órgano que lo propuso: el ejecutivo, a alarmar la población sobre una posible mayor confrontación social causada por la votación del 10 de agosto.
Hay que recordar que durante el gobierno neo-liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada solo en los meses de la Guerra del gas hubo más de 80 muertos en Bolivia. Desde dos años y medio, o sea desde el principio del mandato de Morales, hubo en cambio, por enfrentamientos con la policía o entre civiles, 10 muertos.
Por desconocer al referéndum, la campaña política de la prefectura de Cochabamba, orquestada también por el Comité Cívico y el Comité Interisinstitucional, ha llevado en la población gran incertidumbre sobre la votación y un temor real al posible estallarse de una guerra civil. Los cochabambinos no olvidan los enfrentamientos del 11 de enero 2007 entre, de un lado, campesinos, indígenas y partidarios del MAS y, del otro, ciudadanos que apoyaban al prefecto y grupos de choque armados con palos, que dejaron 3 muertos: dos campesinos y un joven de la oposición. Sobre estos horribles hechos fueron indagados, y luego liberados de todo cargo, el mismo prefecto y el diputado de UN Arturo Murillo.
Sobre Reyes Villa además gravan dos responsabilidades de su pasado: haber sido en el 1981 edecán del ex-dictador Luís García Meza y haber promovido la privatización del agua en el 2000, provocando la Guerra del Agua que dejó un saldo de 6 muertos y 165 heridos.
En cambio, la oposición de Santa Cruz, que tiene el mayor apoyo popular comparado a lo de los otros departamentos, juega con dos cartas muy poderosas y peligrosas para la unidad del país: la mayor autonomía del departamento y las diferencias entre «cambas» y «collas».
«La confrontación entre orientales y occidentales – subrayó el vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Luís Nuñez – aumentó desde que asumió este gobierno» que calificó de «centralista, dictatorial y totalitario». Además de imputar a las políticas de Morales el conflicto en el país, Nuñez denunció la supuesta intromisión del gobierno venezolano de Hugo Chávez en la política interna boliviana a través de la financiación sin fiscalización por parte de la Embajada de Venezuela del programa «Evo cumple».
En cambio, según la investigación del periodista estadounidense Benjamin Dangl, documentos desclasificados de la agencia de cooperación norteamericana USAID del año 2006 revelan que «fueron donados 4.451.249 dólares a las autoridades departamentales para promover la autonomía». Según el diario cruceño El Deber, la cooperación venezolana entró a las arcas del Estado boliviano sin fiscalización, pero en cambio ¿como entró la cooperación norteamericana?
«La Constitución Política del Estado aprobada por el MAS en noviembre 2007 en la Asamblea Constituyente – afirmó el secretario general del Consejo de la prefectura de Santa Cruz Rolando Aguilera – otorga privilegios a los indígenas» en comparación con el estatuto autonómico cruceño, considerado en cambio por el dirigente del MAS de S. Cruz Edgar Rivero «racista y sometido a los intereses de las poderosas logias cruceñas».
«Hay dos visiones del país que se enfrentan – explicó el asesor de la potente Confederación Agraria del Oriente (Cao) Luís Baldomar – la comunitaria y socialista promovida por el gobierno y la «nuestra», que es neoliberal». «Lo que estamos buscando, junto al Comité Cívico pro S. Cruz, con la autonomía – concluyó – es un mecanismo para no llegar a la separación del país».
Los medios de comunicación privados juegan además un papel muy importante en la lucha entre gobierno popular y oposición de derecha. «Además de los ataques constantes a la prensa, el canal estatal – afirmó el director de Radio FIDES Marcelo Huanca Dorado – orienta la información para hacer propaganda política». En cambio el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de prensa de Santa Cruz Hernán Cabrera subrayó que «perteneciendo casi todos los medios de comunicación a la elite que no ve de buen ojo el gobierno de Morales, un periodista se convierte en un operador político y de hecho los medios cruceños abiertamente apoyan a la ratifica del prefecto Rubén Costas».
Ahora la atención de los medios está en los hechos violentos de rechazo al Presidente, como sucedió recientemente en Tarija, Trinidad y Santa Cruz, pero la prensa olvida de contar cuantas fueron las personas que se opusieron a la llegada del mandatario. Y más que todo, los medios olvidan de mostrar el permanente apoyo pacífico y tácito del pueblo boliviano al gobierno de Evo Morales confirmado por recientes encuestas.
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