Las bandas fascistas toman el control de cinco de las 10 más grandes ciudades de Bolivia e imponen su ley, ante la pasividad del presidente Morales que se lamenta y pide diálogo y concertación con los sediciosos
La racista oligarquía boliviana, los prefectos (gobernadores) derechistas y los 100 poderosos clanes, que manejan la tierra y los grandes negocios, desataron una nueva escalada subversiva para consolidar su dominio y poder sobre cinco de las nueve regiones de Bolivia y poner a raya al presidente indígena, Evo Morales, que, en el extremo del democratismo, aún cree que el voto popular basta y sobra para lograr que el fascismo arríe banderas y apoye a su administración.
Este martes, las fuerzas de la derecha, que ejercen un férreo control sobre el oriente y parte de los valles de Bolivia (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) desarrollaban un contundente paro cívico en contra de Morales, exigiéndole la devolución de recursos generados por la explotación del gas y el reconocimiento de sus ilegales e inconstitucionales autonomías separatistas.
En las cinco principales ciudades de estas regiones el paro se cumplía en horas de la mañana sin incidentes mayores. Muchos cumplían la huelga de 24 horas, apoyando a sus dirigentes cívicos, políticos y empresarios de derecha, mientras otros tantos acataban la medida para evitar represalias y la violencia de los grupos fascistas, que tienen el control de los puntos estratégicos de las ciudades.
En estas regiones del oriente y los valles, desde hace un año, el poder real está en manos de los prefectos derechistas y de las bandas fascistas, que actúan con total impunidad y que, incluso, atacan y vejan a la Policía y a sus comandantes, que son leales a Evo Morales.
EL FASCISMO ALZA CABEZA
En Santa Cruz, en la madrugada de este martes, las bandas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista, con escudos, palos y armas cortas, golpeaban a los vecinos que se resistían a acatar el paro, agredían y pateaban policías, quemaban vehículos policiales y arrasaban con los comercios que osaban abrir sus puertas. Lo mismo hicieron, aunque en mayor escala, el pasado viernes y sábado, cuando intentaron tomar el Comando de la Policía. Allí no hay más ley ni orden que la impuesta por la fuerza por la ultraderecha fascista. Allí, Evo Morales es una persona «non grata».
Más al norte, en Cobija, la capital de Pando, hay bloqueos organizados por las bandas fascistas que han armado «columnas cívicas» que amedrentan y golpean a los disidentes. Los grupos violentos han cerrado los puentes, no dejan ni siquiera caminar a la gente y todos los comercios están cerrados. Hay provocaciones e insultos.
En Sucre, la racista capital de Chuquisaca, no hay transporte, no hay clases en las escuelas, no funcionan las entidades públicas y hay muy poco comercio. Sólo funcionan los mercados campesinos.
En Tarija, en el sur, los grupos juveniles de choque han tomado oficinas públicas, no hay comercio ni transporte.
En Trinidad, la capital del Beni, el paro también es contundente, no hay reportes de incidentes y nadie se atreve a enfrentar a los derechistas.
En todas estas ciudades y regiones, las fuerzas que respaldan al presidente Morales están arrinconadas. Allí no sirve, ni siquiera de consuelo, que el pasado 10 de agosto unas 400 mil personas hubiesen votado a favor de Evo y contra una oligarquía, que hace y deshace a placer.
LAMENTO ANDINO
Frente a esta arremetida fascista, el gobierno de Morales hizo lo de siempre, lamentó los sucesos y condenó verbalmente a la derecha, pero siguió recontando su montaña de votos (un poco más de dos millones) que cree suficiente para doblegar pacíficamente la conjura en su contra.
«El Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, está en un proceso de franca conspiración y desestabilización de la democracia en el país, es algo así como un prefecto de la violencia y del insulto», denunció el portavoz de Gobierno, Iván Canelas. «Es un prefecto que no ha entendido el resultado del referéndum revocatorio del domingo y que no quiere ingresar en un proceso de concertación y de diálogo», añadió.
El vocero de Morales anunció que, a pesar de la agresividad del prefecto cruceño, «el Gobierno va a seguir tendiéndoles la mano, va a seguir proponiendo un diálogo, una concertación para resolver los problemas del país en el ámbito más pacífico posible».
DIÁLOGO Y APOLOGÍA
Esta nueva invocatoria al diálogo se da tras que fracasara una primera reunión, luego que la oligarquía y los prefectos rechazaron la propuesta de Morales que ofreció un pacto sobre las autonomías, la nueva Constitución y la distribución de los recursos fiscales. El primer intento de Morales para lograr un pacto de largo aliento con la oligarquía se dio a principios de la pasada semana, tras el referéndum revocatorio del 10 de agosto que ratificó en sus cargos a Evo, su vicepresidente Alvaro García Linera y a sus principales opositores de derecha. En las urnas, Evo obtuvo el 67 por ciento de los votos (2,1 millones), el prefecto Rubén Costas de Santa Cruz el 66 por ciento (450 mil votos), Mario Cossío de Tarija el 58 por ciento (78 mil), Ernesto Suárez del Beni el 64 por ciento (64 mil votos) y Leopoldo Fernández de Pando el 56 por ciento (15 mil votos).
Esta votación ha sido considerada por todos los escribas y apologistas de Morales, dentro y fuera del país, como un «triunfo histórico nunca visto», «victoria histórica», «una lección para el imperio» y algunos serviles no han trepidado en loar a «Evo el magnánimo», todo ello para que en una mesa de negociaciones el presidente indígena transforme esos dos millones de votos en un pacto con la oligarquía y el fascismo.
CONSPIRACIÓN ABIERTA
Sin embargo, las élites blancoides no quieren saber nada del «indio presidente» y avanzan en su afán por echarlo del cargo y acabar con los sindicatos y organizaciones sociales que son una amenaza para sus privilegios y millonarias ganancias.
«El objetivo político que están buscando es la desestabilización del Gobierno y el derrocamiento del presidente Evo Morales, lo intentaron el 10 de agosto y no lo lograron, por eso están armando una estrategia para la división del país», dijo el diputado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Jorge Silva.
Su colega, Gustavo Torrico, aseguró que «lo que están buscando (los prefectos derechistas) es una especie de separatismo porque saben que sus privilegios se les acabaron y esos privilegios que tenían están queriendo cuidar y harán todo lo humanamente posible y hasta lo imposible por preservarlos».
Pese a ello, el Gobierno aseguró que persistirá en el diálogo con los fascistas y que no usará la fuerza para frenar la subversión. El senador del MAS, Antonio Peredo, dijo -según reseña la agencia Bolpres-, que los grupos violentos provocan al Gobierno para que reaccione violentamente. «La solución más simple es que el Presidente Evo Morales dé un autogolpe, cierre el Congreso, despida jueces, nombre jueces por decreto y se proclame autoridad suprema con el respaldo de dos tercios de la población y vamos a la cárcel con toda la gente que hace eso. Yo creo que esa es la imagen que ellos quieren llevar adelante y que el Gobierno no va aceptar ese reto».
POLÍTICA CONCILIADORA
En los hechos, Morales ha optado por tratar con guantes de seda a la oligarquía, al fascismo y a los 100 clanes, que están en abierta guerra y quieren destruir al Gobierno indígena, a los sindicatos y organizaciones populares y revolucionarias. Evo no quiere ni piensa destruir al fascismo y a la oligarquía. Por el contrario, trabaja para armar un pacto con ellos, para lograr que las minoritarias élites blancoides compartan el poder con las emergentes élites indígenas, tal como lo admitió claramente el vicepresidente García Linera.
El proyecto político gubernamental es robustecer el «capitalismo andino», sustentado en la propiedad privada, en el respeto a la inversión extranjera y en el fortalecimiento de la burguesía nacional y de los pequeños productores privados, con el aporte y participación estatal.
Evo quiere, en el fondo, asociarse con los oligarcas y las transnacionales y pretende avanzar hacia una nueva Constitución Política del Estado que preserve estos intereses, pero que también reconozca todos los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, y que le permita reelegirse en el cargo por los siguientes 10 años. Por ello, ante cada ataque de la derecha, ofrece la otra mejilla y desaira los insistentes pedidos de los sindicatos y organizaciones populares que creen que no es posible convivir con la oligarquía y el fascismo y que es necesario destruirlas.
LA TERCERA VÍA
Por ello, Evo no escucha a la Central Obrera Boliviana (COB) que postula la destrucción del «enemigo principal» y lucha por el cumplimiento de la «agenda de octubre» del 2003 (arrebatándole las tierras, las minas, las agroempresas, el gas y el petróleo). Al interior de la COB, los sindicatos más radicales, como mineros y maestros, están seguros que una montaña de votos no es suficiente para liquidar a la oligarquía ni tampoco para obligar a Morales a poner mano dura contra la derecha y cumplir con la agenda de octubre (gas, petróleo y minas para el Estado, tierras para los campesinos y buen salario, empleo y jubilación digna para los trabajadores). Otros, en cambio, tienen aún esperanzas en que Evo deje de ser tan blando con la oligarquía y cumpla con las demandas populares.
El documento político del Congreso de la Central Obrera de Oruro es elocuente al respecto. «Lamentablemente, el MAS, fiel a su línea reformista, desconoce y no aplica las demandas contenidas en las Agendas de lucha del pueblo boliviano, manteniendo la política económica neoliberal y ocasionando las crisis y problemas económicos que son propias del modelo. La inflación, desempleo, el hambre y miseria son flagelos de esa política económica que vivimos durante décadas desde que se impone el neoliberalismo a través del 21060».
«Los acuerdos, pactos y concesiones cedidas por el MAS a la minoría oligárquica es parte de su política de conciliación y entendimiento con el enemigo de clase utilizando el cuento de convertir en socios a los patrones».
«La experiencia de la Asamblea Constituyente y de la propagandizada Revolución Democrática Cultural, que es la línea del gobierno, nos demuestra la imposibilidad material de lograr la revolución de manera pacífica, alternativa practicada una y otra vez por el reformismo logrando sólo prolongar la agonía del capitalismo y mantener la explotación cruel de millones de trabajadores, desocupación gigantesca y pobreza desesperante».
LUCHA FRONTAL Entre los sindicatos más radicales de la COB hay la certeza que la conciliación con la oligarquía y el fascismo no traerán nada bueno a los trabajadores y al país. «No existe otra opción que el de preparar las fuerzas del proletariado y del pueblo para una confrontación final y violenta (contra la oligarquía y el imperialismo, NdR), donde la victoria de los trabajadores y pueblo harán posible la construcción de una nueva y verdadera sociedad de las mayorías», dice la Central de Oruro.
En esta perspectiva, estos sindicatos plantean «la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad, naciones originarias, clase media empobrecida y pueblo todo de Bolivia contra la minoría oligárquica y terrateniente que pretende dividir el país a través de los comités cívicos de la media luna, entidades empresariales y trasnacionales y partidos políticos neoliberales reciclados como UN, PODEMOS, MNR, MIR, NFR, etc».
Su norte es la «lucha decidida y organizada junto a nuestra organización matriz, la COB, para imponer las Agendas de lucha del 2003 y 2005 como única forma de profundizar el proceso revolucionario del pueblo boliviano». Todo ello, sin embargo, colisiona con la orientación gubernamental, que sigue ufanándose de su triunfo en las urnas, mientras la derecha fascista impone su ley en las calles.