A partir del 20 de octubre, el control obrero no tendrá resguardo judicial para seguir funcionando, ya que la Cámara de Apelaciones redujo a un año la autorización que tiene la cooperativa obrera FASINPAT para administrar la ex Cerámica Zanón. Los obreros tenían el aval judicial para continuar la gestión obrera, que va a cumplir […]
A partir del 20 de octubre, el control obrero no tendrá resguardo judicial para seguir funcionando, ya que la Cámara de Apelaciones redujo a un año la autorización que tiene la cooperativa obrera FASINPAT para administrar la ex Cerámica Zanón. Los obreros tenían el aval judicial para continuar la gestión obrera, que va a cumplir siete años, hasta el 2009. Pero la empresa italiana SACMI S.A, apeló ante la Cámara de Apelaciones del Juzgado en lo Comercial Nº 18 de Buenos Aires y se redujo el plazo a dos años de los tres que el Juez Rafael Barreiro había otorgado a los ceramistas.
La apelación presentada por SACMI, exige cobrar 30 millones de pesos rematando la fábrica, fue avalada por la AFIP (Gobierno nacional) y el Banco Mundial entre otros acreedores.
La única solución es la expropiación de la fábrica Zanon. Los 470 obreros y obreras con el apoyo de la comunidad regional, nacional e internacional están dispuestos a defender el control obrero. La mayoría de los casos de fabricas y empresas recuperadas (mas de 160 en Argentina) se encaminaron por medio de leyes de expropiación votadas por las legislaturas provinciales. La expropiación es la vía más directa, más rápida y más económica para una solución de fondo.
«Toda discusión desde nuestro punto de vista primero arranca desde la legitimidad. De que sigan existiendo los puestos de trabajo, con la lucha de todos estos años, con los puestos de trabajo que se han creado, con la fabrica abierta a la población, con la falta de legitimidad del vaciamiento de la fabrica que realizó la familia Zanón. Después le buscamos la forma jurídica que mejor se adapte. Mas allá que las constituciones provincial y nacional contengan la figura de la expropiación, la clave es la legitimidad de esta lucha». – destaca Mariano Pedrero, abogado y actual apoderado de la fábrica y del Sindicato Ceramista. «En este momento la fábrica funciona con una autorización judicial que conseguimos arrancarle al juzgado de la quiebra, eso vence en octubre, después de octubre el juzgado va a iniciar el camino del remate de la fabrica, ese remate por supuesto presupone un desalojo porque la fábrica no la van a poder rematar sin antes desalojarla, así que después de octubre el escenario se va a poner mas complicado. La decisión de los compañeros y las compañeras en la fábrica es defender la gestión obrera y continuar con la producción bajo control de los trabajadores. Habrá que buscar si es posible alguna cobertura legal y si no es posible continuar con esta lucha que como te decía, la clave es la legitimidad y la justeza que tiene. Los primeros años fueron así, no tenia una cobertura legal perfecta, pero la fuerza de los trabajadores y la fuerza de la comunidad permitió llegar hasta donde estamos». Las obreras y obreros de Zanón continúan con el control de la fábrica en Neuquén.
El Proyecto de Expropiación que se presentó a Legislatura
Alejandro López es obrero de Zanón y el actual secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOEC). A él, le preguntamos si ha tenido respuesta el proyecto de expropiación en la legislatura neuquina y dijo: «La verdad que no, ni con la anterior gestión de diputados que respondían a Sobisch ni con esta, ni la oposición tampoco se ha pronunciado claramente a favor de la expropiación. Cuando nosotros hemos ido a la legislatura y hemos dado los argumentos de porqué la expropiación es la única solución de fondo que hay ante este conflicto, los diputados se quedan sin argumentos. Pero realmente, a esta altura ya se puede tomar como un capricho o solamente por una decisión política, que no quieren dejar un precedente, que la fábrica tiene que ser expropiada para los trabajadores y para que siga funcionando de esa manera. Realmente nos parece un despropósito teniendo en cuenta que hay muchas experiencias a nivel nacional que han logrado la expropiación, sin embargo acá en la provincia no se ha tratado y se le da la espalda a la voluntad popular. Porque, con mas de noventa mil firmas de la comunidad en general en distintos proyectos que nosotros hemos presentado y que todos hablan de la expropiación de la fabrica, realmente no se ha contemplado la voluntad de toda la comunidad».
El pasado 10 de diciembre, el juez Eduardo E. Malde que entiende en el caso de la quiebra de Electrodomésticos Aurora, reconoció el justo derecho de los obreros de Renacer a ser los propietarios de la fábrica. En su fallo dijo: «Aunque resulte paradójico, cuando los administradores de la hoy fallida claudicaron, cuando arrendatarios privados la usaron y luego la abandonaron, cuando la economía nacional no fomentó debidamente la producción y se estrelló, subsumiendo a esta Nación en la más profunda e intensa crisis social, económica, crediticia, asistencial -agregaría moral-, y cuando ni siquiera la propia justicia supo dar una respuesta rápida y adecuada prolongándose los procesos universales liquidatorios hasta lo insufrible -véase que nos ocupa una quiebra decretada hace más de nueve años-, los trabajadores de la fallida se procuraron un camino de esfuerzo y trabajo, sosteniendo hoy lo que constituye en esa provincia la única planta de producción importante y no meramente ensambladora o productora de unos pocos artículos… y resguardando esos bienes con un significado social de la propiedad, cuando los intereses privados habían fracasado y no arrimaban solución alguna». El juez reconoce también la actitud del Estado Provincial -en particular debido a la decidida defensa de los derechos de los trabajadores de la gobernadora electa Fabiana Ríos-, por su «apoyo efectivo y no meramente declamatorio…». Finalmente resuelve la aceptación de la oferta indemnizatoria para perfeccionar la expropiación e invita a la Provincia expropiante para que deposite el importe del avenimiento, dentro de los 90 días posteriores a la notificación de la resolución.