Las organizaciones sociales que apoyan al presidente de Bolivia, Evo Morales, resolvieron desafiar el boicot de los envíos de carne al mercado, dispuesto por los productores agropecuarios que buscan así socavar al gobierno.
La medida constituye una nueva estrategia de las regiones opositoras que buscan su autonomía, orientada al desgaste de la popularidad de Morales, cuyo mandato fue abrumadoramente ratificado el domingo 10 en un referendo, en el que también los prefectos departamentales (gobernadores) enfrentados al presidente recibieron un aval de las urnas.
La carne vacuna ha comenzado a escasear en los centros de abastecimiento por decisión de los grupos ganaderos y terratenientes de la oriental región de Santa Cruz y la nororiental de Beni, que se sumaron a la estrategia de desgaste emprendida por los prefectos opositores que conforman el Consejo Nacional Democrático, también integrado por las autoridades locales de Pando y Tarija.
El boicot generó la reacción inmediata de los líderes de los sindicatos y organizaciones sociales afines a Morales, que están resueltas a prescindir del producto y poner a prueba el grado de resistencia de la industria de la carne, que comercializa diariamente 100.000 kilogramos de este producto.
El boicot implica una pérdida de 200.000 dólares para los productores, sólo en el departamento de Beni. Se estima que en Santa Cruz el perjuicio económico es aún mayor.
La semana pasada, unas mil personas levantaron una huelga de hambre de 20 días en las plazas principales de las cuatro capitales de los departamentos opositores, sin alcanzar su propósito de obtener la reposición de la alícuota original que recibían del impuesto a los hidrocarburos, recortada por Morales para financiar el pago de una renta vitalicia a las personas mayores de 60 años.
La protesta de las cuatro regiones, conocidas como la Media Luna, por su ubicación en el territorio boliviano, se vio fortalecida por la represión policial a un movimiento de personas discapacitadas. Esto generó una respuesta de los grupos radicales de la ciudad de Santa Cruz, que intentaron la toma del cuartel principal de la policía local.
En ese enfrentamiento del viernes 15, recibieron una golpiza el comandante nacional de la policía, Miguel Gemio, y el comandante departamental, Wilge Obleas, quien terminó hospitalizado por los golpes recibidos tras caer al suelo en una desesperada huida de sus agresores, miembros de la radical Unión Juvenil Cruceñista, apoyada por el prefecto departamental Rubén Costas.
Costas se proclamó comandante de la policía departamental y finalmente restó toda autoridad a Morales, llamándolo «excelentísimo presidente asesino», como el inicio de una campaña de desprestigio de la imagen presidencial.
La actitud de Costas es coherente con su rechazo a la oferta de diálogo de Morales, el miércoles 13, cuando invitó a los prefectos a abrir una agenda para la solución de las demandas regionales y explorar la posibilidad de compatibilizar el texto de la nueva Constitución, aprobada en diciembre de 2007, con los estatutos autonómicos de las cuatro regiones.
Costas, acompañado por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, un influyente hacendado e industrial, se ha embarcado en una estrategia de desconocimiento del gobierno nacional, que comenzó con un paro cívico en las cuatro regiones opositoras el 19 de agosto, seguido de un bloqueo de las carreteras principales.
Mientras Morales insiste en convocar al diálogo, la oposición está orientada a generar un ambiente de inquietud, demostrar la falta de autoridad del gobierno con la toma física de instituciones públicas y promover la desobediencia civil, impulsando choques de jóvenes radicalizados con la policía.
«Se trata de un avance hacia una tendencia separatista, esto es demasiado claro», dijo a IPS el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Roberto Aguilar.
El gobierno entiende que las acciones opositoras sincronizadas tienen como finalidad provocar un desborde de violencia con un saldo trágico, que genere desprestigio y termine creando condiciones de inestabilidad institucional.
Antes del referendo del domingo 10, en el cual Morales consiguió un apoyo de 67 por ciento de los votos, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió sobre la existencia de un ambiente destinado a interrumpir el proceso democrático.
Pero los resultados del referendo han generado inquietud entre los líderes de la oposición, Costas y Marinkovic.
Por su parte, los prefectos de Beni, Chuquisaca, Pando y Tarija muestran cierta cautela, porque un silencioso y sereno electorado popular, con fuerte base rural, se identifica con las medidas sociales de Morales.
«Nunca soportaremos que se vulnere la ley. La policía está con su pueblo», dijo el jefe policial Gemio, pocos días después de sufrir la violencia de los jóvenes cruceños. Los miembros de la fuerza que comanda, por su parte, abrigan resentimientos y deseos de reivindicación.
Las Fuerzas Armadas se mantienen alineadas con el gobierno y durante esos días de tensión apoyaron a la policía en la protección de oficinas públicas. El ataque y toma de instituciones es «un golpe civil», dijo Morales, quien prometió hacer respetar a los uniformados.
El presidente cree que el reclamo por la quita en los fondos del impuesto al petróleo que recibían las regiones es un pretexto para dividir a la república y ratifica la decisión de pagar una renta a los mayores de 60 años con el dinero que genera la exportación de gas natural, una riqueza abundante en las regiones donde los opositores tienen influencia.
Una fuente gubernamental dijo a IPS que se examinan los caminos para aplicar la ley a los responsables de los hechos violentos, pero reconoció que la justicia y la fiscalía no acompañaron el deseo colectivo de sancionar los excesos.