-Si los militares son la última carta del gobierno en el conflicto, los movimientos sociales convertidos en vanguardia y centro intentan defender los bienes públicos y la vigencia del propio gobierno- Atizando el fuego, versiones de la prensa privada etiquetan el saqueo de las instituciones públicas con el rótulo agorero de «se enciende la mecha» […]
-Si los militares son la última carta del gobierno en el conflicto, los movimientos sociales convertidos en vanguardia y centro intentan defender los bienes públicos y la vigencia del propio gobierno-
Atizando el fuego, versiones de la prensa privada etiquetan el saqueo de las instituciones públicas con el rótulo agorero de «se enciende la mecha» o «estalló Santa Cruz», mientras las curiosas virtudes teologales de un Presidente no precisamente católico en un país de religiosidades sincréticas, transmiten dosis de paciencia, templanza, prudencia y justicia no sólo a los militares irritados por recientes ultrajes de mercenarios cruceñistas a la tropa, sino a sectores de los mismos movimientos sociales que marchan hacia la zona de conflicto dispuestos sofocar la violencia y detener el saqueo de las instituciones estatales.
En sectores de la Amazonia y el Chaco, los bloqueos organizados por la derecha y ejecutados por bandas para-policiales a la orden de los comités cívicos de la acaudalada élite latifundista y agroempresarial, están castigando más a los pobres, al tiempo que la dupla escasez-carestía emergente de la parálisis se transforma en cuarteto de alto riesgo por la especulación y sobreprecios del contrabando y el mercado negro.
Entre cenizas y vidrios rotos de oficinas saqueadas, los mercados cerrados y la población atemorizada, los escasos medios no sujetos al control cívico-empresarial prefirieren suspender sus emisiones cruceñas para salvaguardar la vida de sus comunicadores.
Con Viri Viru y El Trompillo, los dos aeropuertos citadinos en riesgo de cerrarse al tráfico nacional e internacional, lo mismo que el de Tarija, los atentados a los ductos que llevan gas a Brasil y Argentina y la posibilidad de otros ataques al aparato productivo del país, conformaban un panorama conflictivo agravado por la utilización de grupos de ayoreos y guarayos para realizar el «trabajo sucio» de hostigamiento a otros grupos indígenas y dirigentes de la Confederación que los agrupa en el oriente.
Igualmente, sectores campesinos de los movimientos sociales en Tarija, que representan a la mitad del electorado en esa región, se defendían de las bandas allegadas a los cívicos y prefecturales, en el comienzo de las reacciones populares masivas que responden a los movimientos sociales pro-gubernamentales en todo el país.
Los escenarios, distanciados y unidos pese a todo por múltiples vínculos y diferencias históricas, forman parte de una más de las acometidas en que se hallan sumidas dispares fuerzas sociales -entre mayorías tradicionalmente marginadas pero dispuestas a defender su reciente victoria, y minorías ahora exaltadas por los intereses regionales-, en tanto que los medios adversos al gobierno y los factores de poder que accionan detrás de ellos sugieren el inicio de una «guerra civil», anticipada por el asalto de instituciones estatales
El pillaje de las oficinas Públicas, que según el gobierno está financiado por los prefectos contrarios al régimen constitucional, alcanzó su punto culminante este segundo martes de septiembre con decenas de heridos, entre militares y policías atacados por turbas delincuenciales, aunque sin ningún muerto, que es el que, de acuerdo a las autoridades, busca la derecha para precipitar el Estado de Sitio.
Tardía, la virtual expulsión del embajador Philip Goldberg, dejará sin cabeza visible la estructura separatista con la que se intenta dividir al país al estilo de Kosovo, aunque -hasta que Goldberg parta- el accionar quedará en manos de Branco Marinkovic y otros operadores en La Paz, decididos a culminar, incluso a control remoto, los planes del eficiente funcionario de la tripleta Bush-Negroponte-Shannon.
¿QUIÉN DEFIENDE A LOS DEFENSORES? ▪ Desempolvando una vieja frase de los años 70, el ministro de Defensa, Walter San Miguel proclamó al término de la violenta jornada que «los fascistas no van a pasar»
«Nuestro reconocimiento desde el más alto comandante militar hasta el último soldado de la patria, porque están demostrando que no responden a la provocación, que no han disparado ni van a disparar un arma de fuego; que prefieren a veces, no solamente dar la mejilla, sino sufrir graves vejámenes para demostrarle al boliviano y al mundo entero que los fascistas no van a pasar», dijo San Miguel.
La gratitud, si bien satisfacía a la tropa, no parecía impresionar a algunos jefes militares y policiales, preocupados por la necesidad de preservar la seguridad pública y aún la de sí mismos y su tropa, sin las medidas de excepción que permite el Estado de Sitio, descartado por el gobierno.
«No se puede perjudicar a toda la población cruceña por 500 ó 600 malandrines», dijo San Miguel en una conferencia que compartió con su colega de Gobierno, luego que el Presidente les ratificara su confianza junto al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, convertidos los tres en los asistentes imprescindibles del presidente Evo Morales.
«Que no piensen que nos rebasaron. No lo hicieron, nosotros no respondimos a las agresiones con armamento, ellos querían muertos», comento una fuente militar a La Razón, que registra en La Paz un presunto altercado en Palacio, cuando un jefe militar le habría replicado al Primer Mandatario que para desalojar a los «unionistas» necesitaban «una autorización porque esa acción iba a generar muertos», por lo que el Presidente debía asumir «las consecuencias».
EL REFUERZO SOCIAL ▪ Versiones contrapuestas sobre el acuartelamiento en que se encuentran los organismos de seguridad nacional, mostraban a algunos militares y policías molestos y cansados, pero también a otros jefes prontos a cumplir las órdenes del Presidente de la República para frenar la ola de bandidaje y destrucción en que se encuentran empeñados los grupos extremos de la derecha.
Decenas de militares que preservaban empresas y entidades públicas en varias ciudades, con orden de no ofrecer resistencia ante el embate de las bandas enardecidas, fueron rebasados, puestos en fuga y golpeados los que no pudieron escapar, según los videos exhibidos por las cadenas de televisión y los reportes de la prensa cruceña.
La respuesta de los movimientos sociales fue alistar la marcha y el «cerco» a Santa Cruz, para defender las instituciones estatales y gubernamentales del pillaje y saqueo, además de garantizar la vida y seguridad de miles de masistas que residen en la capital cruceña y sobre todo en el populoso «Plan Tres Mil».
Colonizadores del norte de Santa Cruz, cocaleros del Chapare cochabambino, indígenas afiliados a la CIDOB del Oriente, mujeres campesinas de occidente y los valles, junto a grupos de trabajadores por cuenta propia y artesanos y obreros de las ciudades, conforman el grueso de los dos millones de votantes que hace un mes le dieron al presidente Morales dos tercios del electorado nacional para lograr la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado.
De acuerdo con reportes de Santa Cruz, vecinos del Plan Tres Mil guardaron vigilia durante toda la noche del martes, en previsión de ataques de la Unión Juvenil Cruceñista, grupo de choque de los latifundistas y agro-empresarios que han optado por una abierta sedición contra el gobierno constitucional.
Sólo algunos grupos adelantaron la «contra-toma» de tierras en manos de latifundistas, mientras la mayoría anticiparon una serie de contra-bloqueos desde el norte el oeste y el sur de la capital oriental