Las políticas en materia de propiedad intelectual impulsadas por los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual van permeando imperceptiblemente las oficinas de marcas y patentes de Sudamérica. Durante el denominado Foro de la Triple Frontera llevado a cabo entre los días tres y cinco de septiembre en la ciudad de […]
Las políticas en materia de propiedad intelectual impulsadas por los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual van permeando imperceptiblemente las oficinas de marcas y patentes de Sudamérica.
Durante el denominado Foro de la Triple Frontera llevado a cabo entre los días tres y cinco de septiembre en la ciudad de Foz do Iguazú, la oficina de patentes brasilera INPI-BR, planteo sus «urgencias» en relación al espinoso tema del «combate» a la «piratería» y la «falsificación de productos» o fraude marcario.
Con la misma estrategia que utiliza los Estados Unidos para demostrar por medio de supuestas encuentas que las compras de productos no originales va en aumento, se intenta criminalizar la actividad comercial realizada por miles de trabajadores informales en toda la región.
La coordinadora de la Academia de Propiedad Intelectual del INPI, Rita Pinheiro Machado sostuvo en dicho Foro que «estas prácticas son «criminales», alentando a los órganos públicos de los estados a participar en ese «combate» comenzando desde las escuelas.
Como es bien conocido fuera de la oficina brasilera de marcas y patentes, el término «piratería» es utilizado por las grandes empresas transnacionales con el objetivo de estigmatizar la venta informal de productos y elevar un delito menor de simple infracción a la categoría de delitos criminales.
Este argumento es utilizado por las agencias gubernamentales DEA, CIA, FBI y USAID quienes asocian falazmente la «piratería» al narcotráfico y la financiación del terrorismo para presionar e inducir a los gobiernos de países en desarrollo a modificar sus regímenes de aduanas, marcarios y penales, elevando así las penas y multas asignadas a estas infracciones en las legislaciones nacionales.
En la actualidad, Estados Unidos impulsa los denominados acuerdos ACTA contra la piratería y para ello intenta introducirlo en los tratados regionales de los países del sur, tales como el MERCOSUR o la CAN.
Las oficinas de la mayor parte de los países actúan por fuera de sus gobiernos, auspiciando este tipo de tratados neoliberales en sintonía con la política norteamericana.