En Bolivia se echó a andar una guerra civil, aunque el gobierno del presidente Evo Morales prefiere llamarlo «golpe de Estado prefectural», Una sublevación vandálica, abiertamente secesionista, sacudió al oriente boliviano (las dos terceras partes del territorio nacional). Los gobiernos «autonómicos», cuyo epicentro es Santa Cruz, desafían al gobierno y a la población, de mayoría […]
En Bolivia se echó a andar una guerra civil, aunque el gobierno del presidente Evo Morales prefiere llamarlo «golpe de Estado prefectural», Una sublevación vandálica, abiertamente secesionista, sacudió al oriente boliviano (las dos terceras partes del territorio nacional). Los gobiernos «autonómicos», cuyo epicentro es Santa Cruz, desafían al gobierno y a la población, de mayoría indígena, concentrada en el altiplano del occidente, y montan un escenario de confrontación sin vergüenza, envalentonada por el evidente respaldo estadunidense y de la beligerante derecha latinoamericana.
La carta del gobierno sigue siendo «obligar» a negociar a los opositores, que no dan muestras de querer eso, sino ganar tiempo para su revuelta y el desquiciamiento de la nación andina y amazónica en el corazón de América del Sur. Los movimientos que respaldan al gobierno indígena y socialista de Morales ha puesto en marcha sus propios mecanismos de resistencia. Mientras, desde diversos sectores de la izquierda, el sindicalismo y el movimiento indígena suben las voces impacientes que llaman a enfrentar a los reaccionarios y tomar las tierras que el gobierno no se ha atrevido a quitar a los latifundistas.
Esa polarización («atroz empate» lo llama la agencia radical Bolpress) amenaza con convertirse en el peor de los escenarios. Ante la precipitación de los acontecimientos, Ojarasca presenta algunos episodios recientes que dibujan los designios de la derecha, desatada contra la que sus organizadores llama «raza maldita» de los indígenas.
«Orgía fascista». El 6 de septiembre, la agencia Econoticias del movimiento minero, documentó cómo «la oligarquía intenta consolidar su poder en el oriente y los valles, tomando caminos y avenidas con la fuerza, mientras el gobierno de Morales sigue confiando en la papeleta electoral. A palo y látigo, los prefectos derechistas y los poderosos clanes dueños de la tierra y los grandes negocios, consolidan su poder». El Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los prefectos opositores, los comités cívicos y todas las fuerzas de la derecha moderada y fascista, «convocó a masificar bloqueos carreteros en cinco de los nueve departamentos del país, impedir la realización del referéndum sobre la nueva Constitución y erradicar toda movilización popular».
Conalde amenazó con tomar plantas petroleras, cortar la exportación de gas y tomar instituciones públicas si el gobierno no «devuelve» unos 200 millones de dólares anuales por concepto del Impuesto a los Hidrocarburos, y reconoce las autonomías «separatistas e in-constitucionales».
La segunda semana de septiembre cumplió sus amenazas. La cuota de muertos inició el día 12 en Pando, cuando los sicarios autonomistas emboscaron a indígenas amazónicos, matando alrededor de treinta.
El eje de la movilización derechista está en Santa Cruz, Beni, Pando, los valles de Tarija y Chuquisaca, «donde las bandas fascistas siembran el terror vejando mujeres y sindicalistas, y pisoteando indígenas a vista de la policía, temerosa del nivel de violencia e impunidad con la que actúan los sicarios y paramilitares».
En este contexto, el gobierno de Morales declaró persona non grata al embajador estadunidense, Philip Goldberg, a quien se vincula directamente con la escalada de la derecha autonomista, tildada de fascista por el movimiento social y comparada con las «camisas pardas» del nazismo.
Actúan con lógica militar. Sus golpeadores fueron entrenados por mercenarios y militares extranjeros. Los gobiernos regionales los dejan actuar. Su «orgía» comenzó la primera semana de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, poco después que Morales emitiera un decreto para poner a votación el 7 de diciembre la nueva Constitución Política y la elección de nuevas autoridades regionales. Según la agencia cruceña ASC-Noticias, «el grupo Resistencia, las mujeres de octubre, las pechonas de la Cruzada Cristiana, los unionistas, Acción Joven y otros que, con sus grupos de choque hacen temblar a medio mundo, han perdido el miedo a todo», y «pasaron de los gritos al garrote contra los indígenas». Las «damas cívicas», blandiendo látigos, agredieron a las marchistas de la Central Obrera Boliviana. Un dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, «garrote ensangrentado en mano», resumió a la televisión: «Queremos la independencia, no queremos a esta raza maldita en nuestra tierra».
También en Sucre la derecha violenta anda suelta. En Beni, las bandas fascistas intentaron tomar (y finalmente lo lograron la segunda semana de septiembre) oficinas gubernamentales defendidas por el ejército, con bombas molotov, armas cortas, piedra y palo. Según el representante de Derechos Humanos en Beni, Jorge Soruco, «es demencia racista, una era de locos donde la oposición que quiere un territorio para realizar actos vandálicos, se enfrenta al pueblo en situaciones de extrema violencia».
Econoticias apuntaba que el presidente Evo «ni siquiera puede ingresar a las ciudades del oriente y los valles, donde sus seguidores son apaleados con impunidad». Ahora, organizaciones populares y juveniles, especialmente en los barrios pobres de Santa Cruz han comenzado a responder. «Que vengan, los vamos a reventar», dicen estos jóvenes que han enfrentado y hecho correr a los «fascistas».
En todo esto, el gobierno boliviano propone una nueva Constitución que entre otras cosas otorgue más derechos a las poblaciones indígenas. Por lo pronto, la Corte Nacional Electoral anuló la convocatoria de Evo al referéndum constitucional, y en respuesta el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que «hagan lo que hagan, nos insulten, peguen a los ancianos, peguen a los niños, hagan terrorismo, quemen casas, no hay marcha atrás».
Los indígenas, ilegalizados en el oriente. Los dirigentes de la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas (CIDOB), elegidos por las organizaciones regionales en la Gran Asamblea que representa a los 34 pueblos del Oriente, Chaco y Amazonia en siete departamentos de Bolivia, denunciaron «las acciones de violencia generadas desde el 10 de septiembre contra nuestras instalaciones».
Los ataques contra la dirigencia de la Confederación fueron cometidos por exdirigentes indígenas vendidos a la derecha y expulsados del movimiento, «acompañados por grupos delincuenciales que en franca actitud de violencia y avasallamiento terminaron asaltando las instalaciones de nuestra casa grande, mancillando a compañeros, agrediéndonos y golpeándonos en nuestra propia casa». Los grupos vandálicos han agredido a mujeres dirigentes, a niños y niñas hijos de dirigentes, y han amenazado de muerte a la dirección nacional. «Entre la turba de violentos fueron identificados como cabecillas José Urañavi, Carmelo Justiniano, Amalio Siye, Ignacio Urapuca y David Pérez, actuales funcionarios de la prefectura de Santa Cruz». Estos «traidores» del movimiento indígena, con sus «aliados vándalos, buscan negar el derecho de nuestros pueblos a las autonomías indígenas». La Confederación advierte: «La dirigencia está unida en la lucha por nuestros derechos como pueblos, y si bien han tomado nuestras instalaciones y nuestra casa, no son dirigentes de nuestro pueblo», sino «viles mercenarios». La dirigencia de la CIDOB se ha visto obligada a reunirse en la clandestinidad, y llamar a los pueblos a «no dejarse confundir» por los «mercenarios» de la oligarquía.
Después del 10 de septiembre fueron asaltadas las oficinas de otras organizaciones como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC). Además fue destruida la repetidora del canal 7 de Televisión Boliviana en Santa Cruz.