Los prefectos fascistas, que tienen el control de la mitad del país, rechazan el pacto con el gobierno indígena – campesino y se atrincheran en sus regiones. Evo ahora mira al Congreso y sigue apostando a la ley y al voto para doblegar a la violenta oligarquía racista. La oligarquía, los prefectos (gobernadores) fascistas y […]
Los prefectos fascistas, que tienen el control de la mitad del país, rechazan el pacto con el gobierno indígena – campesino y se atrincheran en sus regiones. Evo ahora mira al Congreso y sigue apostando a la ley y al voto para doblegar a la violenta oligarquía racista.
La oligarquía, los prefectos (gobernadores) fascistas y los 100 clanes, dueños de la tierra, los grandes negocios y la vida, asestaron anoche un nuevo revés al gobierno indígena – campesino de Bolivia al negarse a viabilizar un nuevo referéndum con el que el presidente Evo Morales pensaba lograr la aprobación de su Constitución Política, su reelección por los siguientes 10 años y la retoma paulatina del control de la mitad del país que desde hace un año está en manos de sus enemigos.
La decisión de los prefectos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca, de no firmar ningún acuerdo ni aceptar el referéndum en sus regiones, dejó en la estacada a Morales que, en el extremo del democratismo y parlamentarismo, confiaba en vencer la resistencia de sus opositores en la mesa de negociaciones, con ayuda de su gran votación del referéndum del pasado 10 de agosto (67% de apoyo), el respaldo de la comunidad internacional, la presión de la movilización popular y la amenaza de reprimir a los fascistas.
Ahora, desairado y burlado por la oligarquía, los prefectos fascistas y los 100 clanes, Morales, que dialogó y negoció por tres semanas, intentará llevar adelante su referéndum por sí sólo, una tarea que parece bastante sencilla en la región del altiplano y parte de los valles (donde tiene un abrumador apoyo popular), pero casi imposible en las tierras bajas del oriente y parte de los valles, donde la oligarquía ejerce su poder con brutalidad y terror.
«Lamentamos que los prefectos de oposición no se hayan adherido a un acuerdo nacional de gran expectativa de la población que básicamente significaba consolidar los consensos como constitucionalizar las autonomías y viabilizar los referendos», afirmó anoche a nombre del Gobierno, el ministro Carlos Romero de Desarrollo Rural.
Cerco campesino y referéndum
Para viabilizar el referéndum nacional sobre la nueva Constitución, el gobierno de Morales y las organizaciones sociales y campesinas que lo respaldan, preparan un «cerco» sobre el Parlamento Nacional para vencer la resistencia de los senadores que siguen las directrices de la oligarquía. Para ello están organizando una gran marcha de campesinos e indígenas que partirá desde las pampas del altiplano rumbo a la ciudad de La Paz.
Con esta presión es casi seguro que el Congreso apruebe la ley que convoque al referéndum sobre la nueva Constitución Política del Estado, que es rechazada por la oligarquía y los 100 clanes porque viabiliza la reelección de Evo por los siguientes 10 años, porque no incluye las autonomías regionales separatistas que impulsan los derechistas y porque reduce su control sobre la tierra y los recursos naturales.
Pero, aunque Evo logre la aprobación de la ley, es muy poco probable que esta ley pueda hacerla realidad a nivel nacional e implementarla en las regiones del oriente y los valles, donde la oligarquía, los 100 clanes y los prefectos fascistas tienen el control absoluto del territorio y de casi todas las organizaciones urbanas cívicas, empresariales, municipales, vecinales e incluso populares.
El poder del fascismo
En Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca, las Cortes Electorales Departamentales, las únicas encargadas para llevar adelante las elecciones, están incluso bajo el control de los derechistas, al igual que el poder judicial, los jueces y fiscales, los grandes medios de comunicación, todos los colegios de profesionales, organizaciones universitarias, gran parte de los sindicatos y juntas vecinales.
Allí, incluso el presidente Morales no tiene ingreso ni pisada y las instituciones estatales funcionan a media máquina bajo la presión de las bandas fascistas y sólo por la tolerancia de los prefectos derechistas, que son amos y señores. Allí, los aparatos de represión del Estado, como la policía nacional tienen que operar al amparo de las sombras y realizar verdaderas «operaciones comando», con encapuchados incluidos, para detener a los fascistas acusados de terrorismo por dinamitar gasoductos.
En estas regiones impera el fascismo y, en los hechos, el gobierno nacional de Morales ha optado por replegarse hacia el Altiplano, dejando inermes a los sindicatos campesinos e indígenas que ahora están librados a su suerte. Allí, las protestas campesinas antifascistas, como las realizadas en Pando, son arrasadas con metralla y fuego. En esas ciudades, se vice todos los días una verdadera orgía racista, los indígenas y campesinos no pueden ya ni siquiera ingresar al centro urbano, pues son hostigados, maltratados y pisoteados por las «damas de sociedad» y las bandas fascistas, que deciden quién tiene derecho o no a entrar a la plaza y a pasear por las calles.
Allí, por tanto, no parece viable realizar un referéndum sobre la nueva Constitución sin doblegar ni vencer antes a la oligarquía y al fascismo, sin destruir sus organizaciones paramilitares, sin acabar con su poder político y económico.
Democratismo a ultranza
Ello, sin embargo, no calza en los cálculos del gobierno indígena – campesino de Bolivia que, en el extremo del autismo político, cree que el voto ciudadano y la democracia formal bastan y sobran para derrotar la barbarie fascista y la extrema explotación del capitalismo agrofinanciero exportador que, en los hechos y operando con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, ya ha partido en dos a Bolivia.
En la batalla contra Evo, los opositores, que gobiernan cuatro de las nueve regiones del país (Santa Cruz, Beni, Tarija y parte de Chuquisaca, donde se concentran las mejores tierras y las mayores reservas de gas, petróleo, hierro y biodiversidad), quieren el reconocimiento pleno de sus autonomías que tienen un inocultable carácter separatista, ya que de aplicarse les permitiría dictar sus propias leyes por encima de las nacionales, tener su propia fuerza pública y manejar a su libre albedrío las tierras, los impuestos, los grandes negocios y la explotación de los recursos naturales.
La derecha, consciente de que hostigando al líder indígena ha logrado recuperar el poder en la mitad del país, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de cinco años. Su estrategia en los dos siguientes es mantener su dominio sobre la mitad de Bolivia, donde ni siquiera Morales puede ingresar sin enfrentar la presión y ataque de las bandas fascistas.
Salida revolucionaria
No es casual, por ello, que en los pequeños bolsones de resistencia al fascismo en el oriente y en muchos sindicatos urbanos y rurales del altiplano y los valles, vaya ganando cuerpo la idea de los grupos más radicales de la proletaria Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y de la Central Obrera Boliviana para fortalecer la lucha contra el fascismo y declarar la guerra a la oligarquía y los 100 clanes.
En estos sectores se plantea organizar la lucha popular por la profundización de la agenda de octubre: gas, petróleo y minas para el Estado, nueva reforma agraria expropiando a los latifundistas y a los 100 clanes, entregando las tierras a los campesinos pobres, y más salario, mejor empleo y jubilación digna para los trabajadores de las ciudades.
Estos sectores están cada vez más convencidos que no es posible conciliar con los fascistas, que se los debe combatir y vencer. Ellos creen que ni los votos, ni el diálogo, ni las leyes son suficientes para acabar con el terror de los fascistas y la salvaje explotación de la oligarquía y el capitalismo.