Leopoldo Santibáñez pisa a fondo el acelerador de su taxi tras afirmar que él fue contratado por la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para desestabilizar, desde esta ciudad, al gobierno de Evo Morales. «Cobré 200 pesos bolivianos (28.57 dólares) diarios para ir a tomar instituciones durante tres días en diversos puntos de la ciudad. Me dieron […]
Leopoldo Santibáñez pisa a fondo el acelerador de su taxi tras afirmar que él fue contratado por la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para desestabilizar, desde esta ciudad, al gobierno de Evo Morales.
«Cobré 200 pesos bolivianos (28.57 dólares) diarios para ir a tomar instituciones durante tres días en diversos puntos de la ciudad. Me dieron un palo y la instrucción de quebrar todo lo que encontrara a mi paso», indicó en entrevista con Notimex.
El recorrido del Segundo Anillo (zona) entre René Moreno y Monseñor Santisteban en Zona El Trompillo hacia el centro de Santa Cruz se hace demasiado corto para que cuente su historia pero dice que hay un fuerte financiamiento para sembrar el caos.
A sabiendas que su historia no saldrá en la prensa de Bolivia, el taxista de unos 22 años de edad se despacha con todo: «Con mi palo y unas bombas de ruido me fui junto con un grupo de jóvenes y empezamos a saquear todo».
«Vidrios, ventanas, escritorios, todo lo que encontrábamos a nuestro paso lo demolíamos. Fueron varias las instituciones que cayeron en manos de la Unión Juvenil Cruceñista entre el 7 y 11 de septiembre», recalcó el jovenzuelo.
Desmintió que estas unidades juveniles sean de tipo paramilitar, porque muchos de sus integrantes son contratados al paso por los dirigentes de la UJC que van con dinero y contratan, y hacen una lista y destinan a dónde atacar.
Detrás de todo esto, obviamente está el Comité Cívico que utiliza al UJC, ya que es su brazo de choque. Las armas que utilizan sus integrantes son bates de béisbol, fusiles, pistolas, cuchillos y cadenas.
Algunos de los jóvenes utilizan pasamontañas, camisetas blancas o negras y gorras con el escudo de la derechista Falange Española dos franjas rojas que flanquean a otra negra sobre la cual va un arco y cinco flechas apuntando al cielo.
«La intención era sembrar el caos, pero nunca enfrentarnos al Ejército, porque ese sí no se anda por las ramas y dispara a matar», comentó el taxista del carro gris de volante cambiado de izquierda a derecha, importado desde Chile.
La toma de instituciones estatales marcó el inicio de una escalada violenta que desde el pasado fin de semana fue parado tras un proceso de diálogo iniciado en Cochabamba por el gobierno de Evo Morales y los prefectos (gobernadores) opositores.
Las protestas de la Unión Juvenil Cruceñista, de la Prefectura de Santa Cruz y del Comité Cívico fue para presionar al gobierno de Evo Morales a que les devuelva los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que bordean unos 270 millones de dólares.
Bolivia vivió en las últimas semanas una sensación de caos luego de que quedaran sin funcionamiento unos 16 aeropuertos y que hubiera una masacre de 17 campesinos en la región de Pando, lo que llevó a grupos afines a Morales a cercar Santa Cruz.
La UJC tomó las oficinas de Impuestos Internos, destruyó la fachada de la empresa ENTEL (telefonía) y sembró el caos en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En Tarija, cerca a la frontera con Argentina y Paraguay se intentó tomar la Superintendencia de Hidrocarburos y en Yacuiba las oficinas de la nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).
En tanto en San Matías, provincia cruceña fronteriza con Brasil, se tomó la Aduana mientras que en Beni se registraron bloqueos que impedía salir desde la capital Trinidad.
En respuesta a esos hechos, los grupos sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo dieron una respuesta y bloquearon la carretera Santa Cruz-Cochabamba, a la altura del poblado de Yapacaní y dejaron sin conexión con Argentina, Brasil, Chile y Perú.
Los ánimos se caldearon cuando los campesinos amenazaron con tomar Santa Cruz y empezaron a movilizarse provistos de palos, viejos fusiles, machetes y puntas para recobrar por la fuerza las instituciones.
Ese complejo escenario llevó a los prefectos a aceptar dialogar con el gobierno de Evo Morales no sin antes indicar que este los tenía chantajeados y que acudían sólo para evitar que aumentara la protesta y el número de muertos.
Cuando el taxista Leopoldo Santibáñez dice que cobró por desestabilizar al gobierno de Evo Morales no hay una carga de culpa sino más bien de «alegría» por contribuir, según él, a que tengan una patria mejor sin el precario socialismo del mandatario.
«Nosotros no financiamos paramilitares ni queremos dar un golpe civil al presidente Evo Morales», recalca el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovich.
El taxista contratado se ríe de esas expresiones y dice que «el poder del dinero mueve conciencias y la mía fue comprada por tres días». Se ríe, pisa el acelerador y se pierde calle abajo de la Plaza 24 de Septiembre.