Mientras la oposición prosigue los bloqueos en el Congreso para evitar la Ley de convocatoria al referéndum constituyente, la marcha de los movimientos se acerca a La Paz desde diversos puntos, el principal proviene de Caracollo, a 200 kilómetros.
Cada hora que pasa es mayor el número de marchistas de los movimientos sociales en el camino que une a los departamentos de Oruro con La Paz que iniciaron este lunes esta manifestación histórica que busca reflexionar a los parlamentarios sobre la necesidad de sustentar un proceso de cambio que tenga como principal cimiento la aprobación de una nueva Carta Magna.
La marcha se inició en la localidad de Caracollo, a 200 km al sur de La Paz, al son de bandas musicales, pancartas y banderas indígenas.
Si bien ayer fueron aproximadamente un millar de marchistas, hoy ya llegan a los 1.500. Es que campesinos e indígenas de poblaciones cercanas a la carretera salen de sus comunidades para unirse a la marcha.
Marcha sobrepasa las previsiones
El presidente de la Coordinadora Nacional del Cambio (CONALCAM), Fidel Surco, dijo que ha sido tal la respuesta de los movimientos sociales que anoche tuvieron que buscar lugares para pernoctar en la localidad de Pan Duro o en otras cercanas.
«Para la prosecución de la marcha se han tomado las previsiones del caso para que los compañeros y compañeras tengan la suficiente asistencia de parte de la población, en especial en lo que se refiere a la alimentación y al hospedaje», anotó.
Afirmó que, de acuerdo con las previsiones, la marcha llegará a La Paz el miércoles en la tarde desde diferentes puntos, uno desde Caracollo, otro Los Yungas y un tercero de las zonas del altiplano de La Paz.
«Cuando lleguemos sobrepasaremos el millón de personas que esperamos festejar en la sede de Gobierno la aprobación de la Ley de convocatoria al referéndum Constitucional», enfatizó.
Ya el presidente de la República, Evo Morales Ayma, resaltó ayer que espera que los parlamentarios vayan al encuentro de la marcha con la Ley aprobada para festejar junto a todos los bolivianos la medida que viabilizará la consulta a celebrarse probablemente en enero o febrero del próximo año.
Oposición mantiene trincheras en el Congreso
Sin embargo a pocos días del arribo de la marcha prosiguen las manifestaciones de rechazo al texto de nueva Carta Magna por parte de la oposición en el Parlamento y en las regiones de la Media Luna.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Avalos, dijo hoy a LA ÉPOCA que los parlamentarios de oposición «deben reflexionar ante la presión de los grupos mayoritarios del país que quieren una refundación de Bolivia».
«El ciclo de las oligarquías explotadoras de los recursos naturales se ha acabado y llegó el tiempo de que en Bolivia se establezca la justicia social y un desarrollo sustentado en sus recursos naturales y el trabajo de todos los ciudadanos», puntualizó.
Lamentó que recién hoy los opositores saquen sus armas para cuestionar el texto Constitucional cuando tuvieron todo el tiempo del mundo para hacerlo en el seno de la Asamblea Constituyente, donde solamente redujeron su presencia a obstaculizar el trabajo del órgano deliberante.
Ahora quieren ser constituyentes
«Los opositores ahora se quieren convertir en constituyentes que no fueron elegidos por el pueblo para darnos una receta hecha a su medida y que solamente busca el statu quo, que nada cambie, para no afectar los intereses de los grupos de poder económico, sin darse cuenta que en Bolivia existe una población mayoritaria que ha sido marginalizada y discriminada por centenas de años.
Por su parte la dirigente Leonilda Zurita, de la agrupación de mujeres Bartolina Sisa, anotó que la marcha busca desbloquear en el Congreso el cerco a la nueva Constitución.
«Si las mayorías nacionales no mostramos capacidad de convocatoria en defensa de nuestras reivindicaciones, los congresistas hacen lo que quieren con las leyes y borran con el codo lo que escribieron con la mano», dijo.
Zurita se refirió a las leyes aprobadas por el Poder Legislativo que dieron nacimiento a la Asamblea Constituyente, a cuyos 255 integrantes les encomendaron elaborar la nueva Constitución Política del Estado que ahora desconocen.
La propuesta de nueva Carta Magna fue aprobada en grande en una sesión celebrada en el salón de actos del Liceo Militar de Sucre y en detalle en predios de la Universidad Técnica de Oruro el 9 de diciembre del año pasado.
Tras una ronda de diálogo de varios días entre el Gobierno y los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca que no logró acuerdos definitivos sobre la nueva Carta Magna, se optó por pasar el asunto al Congreso a través de la conformación de una comisión de concertación integrada por representantes de los cuatro partidos con representación parlamentaria.
Los «candados» de la Media Luna
Hasta hoy tras cinco días de haberse iniciado esas sesiones, la oposición mantiene una posición cerrada sobre el contenido de la nueva Constitución. Exigen que se abra totalmente ese texto para analizarlo y lograr consensos, lo que en el lenguaje jurídico significa «volver a fojas cero».
La ley de convocatoria al referéndum constituyente requiere el respaldo de los dos tercios de los 157 legisladores. Para lograr consensos los opositores exigen que por lo menos se introduzcan modificaciones a las propuestas de reelección Presidencial, el régimen de distribución de tierras y el de autonomías.
Ello implicaría echar por tierra el trabajo de un año y medio de la Asamblea Constituyente que pasaría a ser una preconstituyente, lo que no dice en la Ley de convocatoria de este órgano deliberante que recibió el respaldo de los opositores.
El fuego de la oposición ha pasado de las regiones opositoras al Congreso, donde tienen en el Senado su principal trinchera que ha obstaculizado hasta hoy varios de los programas de cambio presentados por el Poder Ejecutivo.
El factor desequilibrante a esa confrontación ideológica en procura de la nueva Constitución es actualmente la marcha de los movimientos sociales que busca doblar el brazo de los opositores para dar curso a una Constitución incluyente y que responda a la realidad de la geografía económica, social y política del país.
Los opositores se han rasgado las vestiduras al denunciar una supuesta preparación del cerco popular al Legislativo para presionar la aprobación de medidas no consensuadas.