En Bolivia, durante 183 años, los indígenas tuvimos que ofrendar vidas humanas y derramar ríos de sangre para que constitucionalmente a los indígenas nos reconocieran como ciudadanos plenos. Tuvimos que sembrar legiones de mártires para tener el derecho a tener y ejercer nuestros derechos. Las familias bolivianas que monopolizaron el poder político, económico y cultural, […]
En Bolivia, durante 183 años, los indígenas tuvimos que ofrendar vidas humanas y derramar ríos de sangre para que constitucionalmente a los indígenas nos reconocieran como ciudadanos plenos. Tuvimos que sembrar legiones de mártires para tener el derecho a tener y ejercer nuestros derechos.
Las familias bolivianas que monopolizaron el poder político, económico y cultural, respaldados por los agentes del Orden Mundial, sistemáticamente se negaron a reconocernos como sujetos políticos. He aquí la madre de los males endémicos de Bolivia: «El intento fallido del sueño de una nación monocultural a costa de la negación de las múltiples identidades que cohabitan en el país. El objetivo del proceso Constituyente es la construcción de una Bolivia intercultural con un Estado plurinacional.
Fueron los indígenas organizados quienes, hace 18 años atrás, iniciaron públicamente la demandan de la convocatoria al proceso de la Asamblea Constituyente. En ese entonces, se los criminalizó como desestabilizadores de la democracia y se los silenció con el argumento de: «Bolivia es un Estado de Derecho, y la Constitución Política no admite ninguna Asamblea Constituyente». En ese entonces, el pueblo tuvo que beberse su impotencia ante la prepotencia de la cleptómana clase política.
En febrero de año 2004 el circunstancial Presidente Carlos Mesa se vio obligado a incorporar en la Constitución Política en vigencia el instrumento jurídico de la Asamblea Constituyente, porque, de lo contrario, corría la misma suerte que su predecesor Gonzalo Sánchez, hoy, prófugo protegido en los EEUU.
Para aprobar la Ley de Convocatoria a la Asamblea, e iniciar los primeros pasos de la segunda etapa del proceso Constituyente, Bolivia tuvo que elegir a un indígena como Presidente de la República. Pero tan pronto se inició este proceso, los políticos tradicionales y los terratenientes del país se obstinaron en truncarla con una infinidad de medidas jamás antes imaginadas, financiadas por los fondos públicos de los hidrocarburos recuperados por el pueblo. Este proyecto contra Constituyente tiene hasta tres etapas:
Primera. Luego de haber ensayado diversos discursos radicales, los detractores del proceso Constituyente, manipularon a sectores sociales, especialmente jóvenes, para que se inmolaran como carnes cañón en su batalla contra los empobrecidos (allí están los tres jóvenes inmolados en Sucre). Al ver que el pueblo ya era indomable, le agarraron por las tripas a la gente especulando con los productos básicos de la canasta familiar. Pero tampoco funcionó. Fue entonces que se animaron al cachondeo de las consultas populares sobre los estatutos autonómicos (sólo entre ellos). Nadie les hizo caso. Luego los lobos se sacaron su piel de corderillos «demócratas» y emprendieron la invaluable destrucción criminal de las propiedades públicas y la tortura física y psicológica de los disidentes con sus proyectos. Así buscaron «disciplinar» al Presidente Indígena.
Segunda. Al darse cuenta de su aridez intelectual para hacer frente a la fértil conciencia soberana del pueblo, y al ver que sus peones «naturales» se insubordinaban, no dudaron en mandarlos a matar a punta de fusil para ver si así domaban al pueblo. Siempre convencidos de que el único indio bueno es el indio muerto. La masacre de los 18 indígenas, incluido un niño de dos años, el pasado 11 de septiembre, en la localidad de Porvenir, Departamento de Pando, es la implementación de esta segunda etapa. Aparte de intentar intimidar a los movimientos sociales, el objetivo de este macabro plan fue y es sembrar violencia para generar una guerra civil y así justificar la intervención militar de los EEUU. Pero la paciencia y la mística de la no violencia activa de las organizaciones sociales e indígenas se impusieron sobre aquel macabro proyecto de la muerte.
Tercera. Luego de la expulsión de Philip Goldberg, Embajador de los EEUU, con serias denuncias de promover y financiar el caos en Bolivia, y del contundente rechazo colectivo de la masacre en Pando, los terratenientes, CONALDE y «cívicos» separatistas se vieron desnudados en su miseria humana.
Es en este contexto que se tiene que entender el último consenso del Congreso Nacional sobre la Ley de Referendo Dirimidor y de Aprobación de la nueva Constitución Política del Estado para el 25 de enero de 2009. Un acuerdo positivo bajo todo punto de vista. Con este acuerdo los detractores de la Constituyente, al no poder frenarla desde la oposición irresponsable, se suman al proceso para destruirla desde adentro. En la implementación de los contenidos de la nueva Constitución Política los opositores «moderados» irán ocupando espacios decisivos en las instituciones públicas y en las organizaciones, buscando objetivos contrarios a los genuinamente planteados. La consigna de los detractores ahora es: «Si no pudimos en la redacción, ni en la aprobación del texto constitucional, tenemos que hacerlo durante la implementación».
En este sentido, el proceso Constituyente inicia su etapa más difícil. Hasta ahora era medianamente fácil identificar a los detractores y avanzar en la lucha, pero ahora que aquellos se han vuelto «aliados» la tarea será mucho más difícil. Estarán siempre allí los jinetes del desastre y de la muerte para amansar las innovaciones de la nueva Constitución, pero allí estaremos nosotros para defender e implementar los históricos sueños de nuestros ancestros y mártires cuyos frutos cosecharan quienes vienen después de nosotros.