La muerte violenta de dos presuntos ladrones y la golpiza de otras nueve personas en la población de Achacachi, a 96 kilómetros de la ciudad sede de gobierno, conmovió este lunes a la ciudadanía, arrancó el rechazo unánime de autoridades que lamentaron que estos hechos ajusticiamiento por mano propia se den producto de la pérdida […]
La muerte violenta de dos presuntos ladrones y la golpiza de otras nueve personas en la población de Achacachi, a 96 kilómetros de la ciudad sede de gobierno, conmovió este lunes a la ciudadanía, arrancó el rechazo unánime de autoridades que lamentaron que estos hechos ajusticiamiento por mano propia se den producto de la pérdida de confianza en el sistema de justicia que impera Bolivia. El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín; el ministro de Gobierno, Alfredo Rada; la ministra de Justicia, Celima Torrico; el presidente de Diputados, Edmundo Novillo, los senadores Luis Vásquez y Carlos Böhrt (Podemos), y Félix Rojas (MAS), a su turno, reprobaron la actitud de hacer justicia por mano propia.
Aunque el Defensor del Pueblo consideró que estos hechos se dan en el país como producto de la pérdida de confianza en la justicia y la ausencia de seguridad.
En cambio el Presidente de Diputados planteó modificaciones al Código de Procedimiento Penal para brindar mejor seguridad ciudadana y evitar que los delincuentes se beneficien fácilmente con la libertad.
Por su parte el senador opositor Vásquez aprovechó para atacar al oficialismo con dardos lanzados a la justicia comunitaria que está contemplado en el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado.
Este hecho fue refutado por el senador masista Rojas, quien le aclaró que la justicia comunitaria no es hacer el ajusticiamiento por mano propia, Vásquez insistió que los casos de linchamiento son «alentados» supuestamente por el Gobierno, pese a que sus promotores explicaron que esa administración de ninguna manera contempla el ajusticiamiento de personas.
De esta manera se refirieron las autoridades bolivianas a la detención y posterior tortura a personas que fueron sorprendidas aparentemente en un hecho flagrante de robo de un domicilio, según la versión de los testigos.
A raíz de las heridas ocasionadas por las golpizas y quemaduras por decenas de pobladores de Achacachi, dos presuntos delincuentes murieron este lunes y nueve fueron internados con graves heridas en el Hospital Holandés para recibir atención médica en medio de un fuerte resguardo policial.
Fueron 14 horas, desde la noche del domingo hasta las 10.00 de este lunes, que estos sospechosos de robo sufrieron una serie de vejámenes por parte de la gente iracunda que quiso hacer justicia por mano propia. Incluso les rociaron con combustible sus cuerpos e intentaron quemarlos vivos.
La intervención de la Policía y autoridades evitó que este extremo suceda.
Según los testimonios de los pobladores de Achacachi, los presuntos delincuentes fueron detenidos a las 20.00 de la noche del domingo, luego de ser sorprendidos cuando supuestamente pretendían ingresar a un domicilio particular, mientras otro grupo de los sospechosos esperaba en un micro de color verde.
Luego los detenidos fueron trasladados al estadio de la población donde se pretendió hacer justicia por mano propia. Muchos pobladores exigieron que sean quemados vivos.
El Comandante Departamental de Policía de La Paz, Cnl. Raúl Mantilla, dio los nombres de nueve personas vivas, quienes mostraron signos de la tortura a la que fueron sometidas.
Antonia Paucara Mamani, Eugenia Escobar Paucara, Beatriz Cuaquira, Janet Blanco Rojas, Lidia Luna Flores, Luis Gonzales Cutipa, Eleodoro Elique, Reynaldo Alanoca Ramos y Angel Luis Rodríguez.
De acuerdo a este informe policial, las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Víctor Mamani Puna y Moisés Quispe Ramos.
El viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, lamentó las consecuencias de ese hecho y anunció que ahora se tendrá que abrir dos procesos, uno contra los presuntos ladrones y el otro contra pobladores por la muerte de los dos sospechosos.
El Defensor del Pueblo afirmó que el linchamiento es simplemente un hecho delictivo que se da por grupos de personas.
Aunque afirmó que estos hechos, mal entendidos como justicia comunitaria, se dan ante la desprotección ciudadana de la que son objeto.
«Estos hechos se dan ante esa falta de seguridad optan por hacer justicia por su propia mano», aseveró.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, afirmó que el linchamiento es un delito, más aún si de por medio hay muertos.
«Esto es un delito por supuesto que se ha atentado contra la vida de las personas como que ya está constatado es sin lugar a duda una responsabilidad penal», afirmó.
De su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, condenó cómo estos presuntos ladrones fueron golpeados, rociados con gasolina y quemados parcialmente por la turba de pobladores de Achacachi, confundiendo la «justicia comunitaria».
Planteó la necesidad de realizar ajustes a la Ley No. 1970 del Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP), para evitar que los acusados de delitos sean liberados con facilidad.
Entre tanto, el senador del opositor Poder Democrático Social (Podemos), Carlos Böhrt, señaló que estos hechos muestran el estado de deterioro de los aparatos del Estado.
«Estos hechos nos muestran que la capacidad de administrar justicia del Estado está muy débil, pero eso no quita que los excesos deban ser también condenados y perseguidos», puntualizó.
Por su parte, el senador opositor Luis Vásquez consideró una nueva Ley de Seguridad Ciudadana y cambios al Nuevo Código de Procedimiento Penal para enfrentar el delito como el fenómeno de los linchamientos.
«Las once personas tomadas de rehenes en la población de Achacachi, está demostrando hasta qué punto se ha llegado a perder el sentido de Estado y su presencia en todo el país», señaló.