La investigación de las Naciones Unidas sobre la masacre del pasado 11 de septiembre en Pando, Bolivia, concluye que se registró una masiva violación de los derechos humanos. Así lo ha dicho la representante de la ONU en Bolivia, la japonesa Yoriko Yasukawa, quien en los próximos días le presentará el informe al presidente boliviano, Evo Morales.
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Yasukawa adelantó que el documento de la ONU fue elaborado en base a investigaciones independientes. Este documento es de gran importancia ya que coincide con los dos anteriores que ya se presentaron al gobierno boliviano, y que fueron criticados por los sectores políticos de la oposición. Esta es una entrevista con el coordinador de UNASUR, Rodolfo Mattarollo, abogado argentino de gran prestigio internacional en la defensa de los derechos humanos, y autor de numerosas publicaciones dedicadas a este tema.
JZ.- Señor Mattarollo, ¿Por qué no le cabe a usted la menor duda de que se ha tratado de una masacre?
RM.- Hubo dos interpretaciones de los hechos de Pando el 11 de septiembre pasado. Pando en el norte de Bolivia, departamento fronterizo con Brasil, una interpretación decía que fue un enfrenamiento entre sectores adversos, con el campesinado por un lado que apoya al gobierno del Presidente Evo Morales y, por otro lado, la oposición fundamentalmente de las zonas más ricas; gobernadores que se llaman prefectos en Bolivia. Y los gobernadores y agrupaciones cívicas que son asociaciones de distintas fuerzas de oposición.
Por un lado, entonces, enfrentamiento; por otro lado se dijo que fue una masacre y que fue lo que nosotros comprobamos. ¿Qué es una masacre en torno a los derechos humanos? Bueno hay dos elementos esenciales de definición: uno es la indefensión de las víctimas que no responden justamente con una capacidad de agresión o de potencia de fuego similar al agresor; y de otra parte una definición muy técnica del relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, que es la siguiente, que es la que nosotros empleamos: asesinatos o privaciones ilegales de la libertad de tres o más personas en un mismo episodio. Aquí tenemos que lamentar mucho más que tres víctimas, se ha comprobado por lo menos una veintena de asesinatos de campesinos en Pando, en esta oportunidad.
JZ.- Esta masacre se da producto del calor y la pasión de los enfrenamientos, o se ha tratado de una acción planificada.
RM.- En realidad recordemos que formaba parte de una ofensiva de la oposición si no para derrocar, por lo menos para desestabilizar seriamente al gobierno del Presidente Evo Morales, que es un gobierno que está introduciendo transformaciones de fondo en un país que desde siempre ha sido gobernado por elites minoritarias. Por primera vez hay un Presidente indígena, en un país de mayoría indígena. En este sentido hubo una ofensiva que fue en aumento hasta que llegó este momento de crispación que llevó a estos asesinatos y otras sevicias, crueldades cometidas contra el movimiento campesino… Y digamos que lo que jugó un papel fundamental, sin lugar a dudas, fue la Comunidad de Naciones Americanas, recientemente constituida, UNASUR. Unión de Naciones Suramericanas, que es una joven coalición de Naciones que agrupa a toda Sudamérica y que envió una señal muy clara en su reunión en Chile, justamente en septiembre inmediatamente después de los hechos, ‘no se va a aceptar un golpe en Bolivia’.
JZ.- ¿Hay una responsabilidad de las autoridades, por ejemplo, el gobernador de Pando, es responsable de aquello que ha sucedido?
JZ.- Señor Zepeda, en este caso hay una documentación audiovisual poco frecuente en situaciones de esta naturaleza. Los mismos agresores han filmado sus fechorías. Se ve en videos que han sido incluso, difundidos públicamente. Personal de la prefectura, vale decir de la Gobernación de este Departamento de Pando en el Norte de Bolivia, disparando sus armas en dirección hacia donde se encuentran los campesinos, dando gritos que tienen como objetivo direccionar el fuego. Todo esto lo hemos visto e incluso hemos elaborado un video en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en Argentina, que participó muy efectivamente como sostén técnico a mi tarea como coordinador de la Comisión de UNASUR. Hemos elaborado un video en el que reproducimos muchas de estas escenas -le repito- sorprendentes, porque a menudo no hay pruebas de esta naturaleza. Por lo tanto, es inevitable concluir que las autoridades de las que dependen estos ejecutores materiales tienen responsabilidad como autores intelectuales, o por no haber detenido estos hechos, cosa que podían hacer porque tenían lo que los juristas llaman «el dominio del hecho».
JZ.- Sin embargo, la oposición ha hecho particular énfasis en que considera el informe del cual usted es responsable, parcial, injusto y manipulado, porque se ha hablado incluso que el video ha sido puesto en escena.
RM.- Mire, es un informe en el que yo asumo toda la responsabilidad como coordinador, pero que ha sido adoptado por consenso por delegados de toda Sudamérica, salvo los dos países de cultura distinta que lamentablemente no contamos con su presidencia activa, que son la República Cooperativa de Guyana y Surinam, pero el resto de Latinoamérica estuvo presente, con delegados, con especialistas en derechos humanos, con diplomáticos que representaban y que habían sido designados por sus respectivos Presidentes.
De modo tal que es un informe en donde hay un alto grado de consenso de personas provenientes de distintos países, gobernados por gobiernos con una orientación que no es siempre la misma, ni similar digamos.
JZ.- A propósito Señor Mattarollo, esta es la primera vez que América del Sur se une para hacer una investigación de esta naturaleza, según tengo entendido.
RM.- Por eso mismo yo voy a lo siguiente; a que además de esa unión que sin duda significa políticamente una defensa de la democracia, de los derechos humanos como principio, hubo una preocupación muy grande de parte de todos y en especial de este coordinador: fue el rigor de la investigación como tal. Y para esto dispusimos de recursos técnicos cuyo prestigio está más allá de toda duda, y le doy un ejemplo: el equipo argentino de antropología forense que es muy conocido en Bolivia, entre otros motivos porque contribuyó al hallazgo de los restos de Ernesto «Che» Guevara. De modo que usted se imagina que nuestros apoyos técnicos fueron realmente sólidos; lo mismo en el asunto de los videos, llevamos a dos peritos de la Gendarmería Argentina, especialistas en criminalística. Y en este aspecto tan singular si usted quiere, del peritaje criminalístico, que es el examen de video -sé que hicieron un estudio muy en profundidad del video en cuestión- que son videos que muestran a personas manoteando el agua o tratando de nadar en un río huyendo de la balacera. Se discutió si la cinta sonora se había superpuesto o no; de todas maneras la situación es auténtica; el video es auténtico en cuanto a que muestra a gente huyendo por el río. Usted se imagina que no es un lugar como para que una escena como esa no signifique una huida y un peligro mortal. Justamente no sabemos exactamente cuál es el número de muertos porque se teme que el río puede haber arrastrado gente que no estaba en condiciones de atravesarlo de esa manera y no se ha logrado establecer definitivamente el número de muertos, pero el número definitivo como le digo ya es de por lo menos 20.
JZ.- Junto a este hecho, a esta matanza ha sucedido un fenómeno muy singular con los medios de comunicación y es que gran parte de ellos no han dado cuenta de los hechos; es decir, se ha transformado en una especie de episodio que se quería ignorar, puesto en la sombra, no se ha logrado porque naturalmente hay otro medios a nivel internacional que también llegan a Bolivia… ¿Por qué ha sucedido este fenómeno?
JZ.- Porque en realidad, los medios en general, son opositores al gobierno de Evo Morales; y más bien sostienen muy activamente a los sectores de la llamada Media Luna, que son estos Departamentos del oriente boliviano, los más ricos en este momento, los más prósperos y gobernados como decía por elites tradicionales, que no corresponden a los intereses mayoritarios de la población indígenas. Hay una compensación con los medios internacionales, es cierto, y se explica porque hay una preocupación internacional para hacer realidad los derechos de los pueblos originarios. Sería una contradicción que después de habernos batido en las Naciones Unidas y en los ámbitos internacionales durante años para la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se adoptó no hace mucho en Naciones Unidas, ante el primer gobierno indígena de Bolivia, país mayoritariamente indígena, no haya una comprensión de los avances y las transformaciones necesarias para restablecer equilibrios que han sido dañados durante siglos de historia.
Por eso digo, hay un serio problema de medios de comunicación en este sentido, en la comprensión y apoyo al proceso que está viviendo Bolivia en este momento.
JZ.- Y todo esto que ha sucedido, este lamentable y terrible episodio, es consecuencia de la polarización.
RM.- Sí, y por eso mismo tendríamos que pensar no solo en lo ocurrido, sino en prever el futuro, cosa siempre difícil. Nosotros fuimos una comisión de la verdad, si así se puede decir, una comisión de establecimiento de hecho. Hablamos de una masacre y dijimos que esta masacre tenía visos de crimen de lesa humanidad, pero eso lo tendrán que resolver los tribunales de justicia. Una comisión de establecimiento de hechos se limita justamente -como lo dice su definición- a esclarecer lo ocurrido, pero no a determinar judicialmente responsabilidades, esto está claro.
Sin embargo, previendo el futuro justamente hemos hecho recomendaciones. Nosotros hemos sacado conclusiones: esto ha sido una masacre, esto debe ser juzgado por la justicia ordinaria, etc., sino que hacemos recomendaciones, porque hay una paradoja; por un lado decimos, la justicia boliviana debe juzgar estos hechos atroces que han ocurrido, pero por otro lado somos concientes de sus limitaciones, de sus debilidades institucionales y políticas; técnicas y profesionales por un lado, pero políticas por otro, la falta de independencia en la justicia que es tradicional en un país como Bolivia, las amenazas que pesan sobre jueces y fiscales; había mucho temor todavía en Pando, cuando nosotros llegamos hace escasos dos meses a pesar del estado de sitio que había declarado el gobierno central y demás. Había mucho miedo
Entonces, no se puede ignorar esto y justamente la paradoja consiste en que por un lado decimos, la justicia debe hacer su trabajo y por otro lado sabemos cuáles son las debilidades de la justicia. Hicimos una serie de propuestas, de refuerzo, de renovación en el sistema judicial que esperamos, el gobierno tome muy en serio en los próximos meses.
JZ.- Usted ha estado en el lugar, ha visto a la gente, ha tomado declaraciones y por eso me atrevo a hacerle la última consulta: ¿percibe usted en el ambiente en Bolivia, propósitos dictatoriales por parte del gobierno, propósitos totalitarios?
RM.- Mire, en absoluto. Realmente nos parece que un país en el cual, fundamentalmente la prensa es de oposición como decíamos recién, es todo lo contrario de un país en el cual haya un gobierno dictatorial o totalitario. Justamente las características de esos gobiernos, son la uniformidad en la prensa y la regimentación de los medios de comunicación masivos, ¿no es cierto? En absoluto; por el contrario, había una gran ofensiva de la oposición que, como le decía anteriormente, yo creo que fue frenada en gran parte por la comunidad internacional que tomó una defensa estricta, no del régimen, del Presidente Evo Morales como tal, sino de la democracia en Bolivia que es lo que nos parece fundamental preservar, para que se puedan profundizar cambios democráticos en ese país.
Y en el sentido de la contribución de UNASUR, de esta comisión, nosotros lo que hemos tratado de hacer son justamente recomendaciones muy concretas: por un lado, una investigación de los hechos con un refuerzo a través de especialistas, de técnicos que están (…..) por la legislación boliviana como colaboradores de la justicia local; y por otro lado, más a largo plazo, propuestas como le decía, de renovación del sistema judicial, que requiere evidentemente una refundación en Bolivia.
En ese sentido, pensamos que hemos escuchados todas las voces… Las críticas a las que usted se refirió antes son muy respetables por supuesto, las críticas al informe que hace la oposición … pero nosotros hubiéramos esperado y hubiéramos querido que esperaran a leer todo el informe, pero las críticas empezaron a llover a escasos minutos de haberse difundido el informe que tiene 66 páginas y que requiere una lectura atenta.
Dijimos desde el comienzo que íbamos a escuchar todas las voces: estuvimos tres horas y media con el prefecto destituido del Departamento de Pando, en la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz; estuvimos con todas las personas detenidas en virtud del estado de sitio en un regimiento en donde se encontraban alojadas. Y fuimos tres veces a Brasil, a la ciudad fronteriza de Brasileia donde se encontraban cientos de personas que habían dejado el territorio boliviano una vez que se declaró estado de sitio, porque eran partidarios de la oposición y temían por su detención o alguna situación similar.
De modo que hemos escuchado a estas personas y por supuesto a las víctimas y familiares de las víctimas de lo ocurrido y hemos sacado en función de nuestra conciencia moral y de nuestras investigaciones, las conclusiones que saca una comisión de la verdad, que juzga en conciencia; no es un tribunal de justicia.
*José Zepeda Varas es Director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland