BERLÍN.- La Cámara alta del Parlamento alemán aprobó una controvertida ley que permite a la policía criminal actuar en materia antiterrorista fuera de las fronteras alemanas e instalar programas espía en los ordenadores privados de sospechosos de terrorismo. La ley fue aprobada pese a la resistencia de la oposición y las protestas de organizaciones de […]
BERLÍN.- La Cámara alta del Parlamento alemán aprobó una controvertida ley que permite a la policía criminal actuar en materia antiterrorista fuera de las fronteras alemanas e instalar programas espía en los ordenadores privados de sospechosos de terrorismo.
La ley fue aprobada pese a la resistencia de la oposición y las protestas de organizaciones de protección de datos.
Con la mayoría más ajustada posible, 35 votos contra 34, los representantes de los estados federados alemanes dieron luz verde a una versión enmendada de la ley que ellos mismos habían rechazado en su primera lectura semanas atrás.
A mediados de noviembre, el Bundestag, la Cámara baja, había aprobado el proyecto de ley con el apoyo de los demócratacristianos de la canciller Angela Merkel y sus socios socialdemócratas en el gobierno de coalición.
En caso de urgencia, sin pasar por el juez
La ley permite a los policías de la Oficina Federal de Investigaciones Criminales, conocida por sus siglas BKA, tomar una serie de medidas consideradas preventivas, como realizar escuchas telefónicas, instalar dispositivos de videovigilancia en los domicilios privados de los presuntos sospechosos o espiar sus ordenadores privados.
Para realizar esos registros ‘online’ se necesitará el permiso de un juez y del presidente del BKA, pero en casos de urgencia se omitirá ese procedimiento, cuestión que resultó enormemente polémica entre los distintos partidos políticos alemanes.
A ese cuerpo, formado por unos 5.500 agentes, se le permitirá introducir programas ‘troyanos’ en los ordenadores de los sospechosos, aunque con algunas restricciones. Así, los instalarán a través de Internet y no entrando directamente en la vivienda de los sospechosos, según contempla el texto, sorprendentemente.
La medida impulsada por el gobierno de la canciller Angela Merkel suscitó el vehemente rechazo de los partidos de oposición, organizaciones de protectores de datos y otras entidades civiles.