Este periodista de La Jornada explica para DIAGONAL el conflicto minero del norte de México, determinado por las condiciones de explotación y peligrosidad.
El 30 de enero los mineros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República mexicana alcanzaron los 18 meses de huelga en las tres minas de Taxco, Sombrerete y Cananea, en contra de la empresa transnacional mexicana Grupo México. Aún no se vislumbra en el horizonte una solución al conflicto. Comenzadas por causas meramente laborales, las huelgas se han convertido en asunto político a raíz de que el Gobierno federal mexicano se ha visto involucrado y ha tomado partido en favor de la empresa de Germán Larrea Mota Velasco, el todo poderoso empresario del norte del país que, aprovechando la pauta privatizadora emprendida hace más de 20 años, se hizo con la mayoría de las riquezas del subsuelo mexicano.
Las malas condiciones laborales, el deterioro de las cuestiones relativas a la seguridad e higiene, y la maquinaria obsoleta en riesgo del colapso, además de la negativa por parte de la empresa frente a la petición de revisión salarial, son algunas de las causas de esta huelga que se perfila como una de las más largas de la historia sindical mexicana. Los mineros denuncian que las condiciones laborales son efectivamente precarias: turnos de ocho horas a cambio de pocos pesos. En la categoría más elevada de las 20 que contempla el contrato colectivo firmado por las dos partes, un minero en México gana menos de diez euros diarios, es decir 146 pesos. Una cifra que rebasa efectivamente el salario mínimo establecido por ley (45 pesos diarios) pero que, sin embargo, se queda muy por debajo del salario mínimo real en el país. El sindicato, además, denuncia precarias condiciones de trabajo, señalando faltas en los sistemas de seguridad, maquinaria al límite del colapso, etc. La trágica prueba de ello ocurrió la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión dejó atrapados y segó la vida de 65 trabajadores en una mina de propiedad del Grupo México, ubicada en Pasta de Conchos, Coahuila. Hasta la fecha los cuerpos no han sido recuperados y nadie ha sido juzgado.
Sin embargo, el peor caso lo representan los trabajadores contratistas que la empresa ha comenzado a involucrar en sus actividades a raíz de su política de «reducción de costos». Los sindicalizados explican que desde que existen contratistas en las instalaciones de la empresa, estos por contrato no pueden «realizar trabajos especiales», es decir, los que comúnmente se definiría como peligrosos. Según testimonios recogidos, los contratistas son no obstante los encargados de realizar esas actividades: apertura de nuevos túneles, utilización de explosivos, etc. Todas, actividades que los contratistas llevan a cabo en turnos por lo regular de 12 horas, y en algunos casos de hasta 14 horas, por un sueldo base de menos de 50 pesos diarios. Por si esto fuera poco, los contratistas no gozan de ningún tipo de seguridad social y no tienen siquiera los instrumentos legales y burocráticos para exigir reformas: «si te quejas, te vas a tu casa», explican. La existencia de un sindicato, impide actualmente a la empresa la contratación de un número excesivo de trabajadores contratistas, sin embargo ésa es claramente la tendencia, ya que permite a la empresa no solamente contratar y despedir según los esquemas modernos de la producciónjust in time, sino, en lo específico, le permite eludir cualquier otra responsabilidad fijada en la actual legislación laboral mexicana: no hay reparto de utilidades, no hay aguinaldo, no hay generación de antigüedad (gracias a los contratos temporales que se utilizan para los contratistas). No se ve solución a corto plazo al conflicto minero en México. La empresa, dicen los mineros, junto al Gobierno quiere acabar con su sindicato: «No les importan nuestras condiciones», denuncian. Cuentan que a los diez días de comenzada la huelga, en la mina de Taxco hubo un derrumbe. «De estar nosotros trabajando hubiera habido unos 80 muertos», señalan. Sin embargo, a la empresa no le importa, pues «lo veníamos denunciando desde hace muchos meses antes de empezar la protesta», dicen los mineros, «y la empresa nos contestaba que prefería pagar la multa en lugar de parar la producción».