Los plazos se acaban y el Congreso tiene apenas tres o un máximo de cuatro días más, desde hoy, para aprobar el nuevo régimen electoral transitorio que normará las elecciones Presidenciales y Legislativas el próximo 6 de diciembre, de acuerdo con el mandato de la nueva Constitución Política del Estado. La primera disposición transitoria de […]
Los plazos se acaban y el Congreso tiene apenas tres o un máximo de cuatro días más, desde hoy, para aprobar el nuevo régimen electoral transitorio que normará las elecciones Presidenciales y Legislativas el próximo 6 de diciembre, de acuerdo con el mandato de la nueva Constitución Política del Estado.
La primera disposición transitoria de la nueva Carta Magna que fue promulgada por el Presidente Evo Morales Ayma el pasado 7 de febrero de este año señala textualmente lo siguiente:
– El Congreso de la República en el plazo de 60 días desde la promulgación de la presente Constitución, sancionará un nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente de la República; la elección tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009.
Han pasado ya casi 60 días de la vigencia de la nueva Ley madre del Estado boliviano y el Congreso aún no ha aprobado el régimen de convocatoria a esos comicios debido a que el Senado, donde existe una mayoría de representantes de la oposición, ha dilatado las determinaciones.
De acuerdo con los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), esa demora en la toma de decisiones persigue como fin colocar un gran obstáculo legal para que no se realicen elecciones en el plazo previsto.
El diputado del MAS, César Navarro, advirtió que si es que el Congreso no aprobara el régimen electoral, las elecciones corren el riesgo de sufrir postergaciones, que es el objetivo principal de la oposición.
Boicot a las elecciones
El propio Vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, advirtió que la oposición pretende boicotear la celebración de esos comicios con el fin de frenar la aplicación de la nueva Carta Magna, así como intentó impedir la realización del referéndum Constitucional celebrado el pasado 25 de enero de enero en el que más del 61 por ciento de los bolivianos dieron su aval al texto Constitucional.
El proyecto de Régimen Electoral transitorio ya fue aprobado por la Cámara de Diputados hace varias semanas, pero en el Senado se estancó, y solamente dio curso a otro proyecto alternativo con modificaciones que fueron introducidas por el frente de oposición.
Ello llevará forzosamente a la realización de una sesión Plenaria del Congreso para definir el texto final. De no avanzar el consenso, podría pasar mucho tiempo hasta que venza el plazo previsto por la disposición transitoria de la Carta Magna.
Es que entre las modificaciones, la oposición en el Senado exige un reempadronamiento del padrón electoral antes de las elecciones, lo que tomará su tiempo. Está claro que el objetivo es impedir a toda costa la realización de elecciones Presidenciales y Legislativas en el plazo previsto.
Según los analistas independientes, el objetivo opositor es claro: Impedir la aplicación de la Carta Magna y también darse tiempo a definir un candidato que pueda hacerle frente con ciertas posibilidades al Presidente Evo Morales Ayma, lo que hasta hoy no existe. Los propios opositores reconocieron que en el momento no existe un candidato que pueda hacerle frente a Morales en una pugna electoral en el corto plazo.
A ello se suma una rearticulación que pretende impulsar el Consejo Nacional Democrático (CONALDE), integrado por los prefectos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca, junto a sus comités cívicos, para promover violentos movimientos ciudadanos que rechacen la aprobación de un régimen electoral que norme las elecciones de diciembre.
«Hay indicios preocupantes en torno a grupos que pudieran promover el uso de la violencia antidemocrática, el gobierno va hacer las investigaciones necesarias», señaló el Vicepresidente.
Recuérdese que entre agosto y septiembre del año pasado esos grupos desencadenaron la violencia en esos departamentos y en Pando con la destrucción de bienes del Estado y, peor aún, con la masacre de 13 campesinos en la población de Porvenir en el marco de un «golpe cívico-prefectural» con el fin de desestabilizar al Gobierno y al Presidente Morales y la democracia.