Una batalla que parecía ganada vuelve a cobrar actualidad ante el levantamiento de las restricciones que habían frenado la construcción de una vía que generará un grave impacto medioambiental y social. Hace un año, la comunidad indígena Huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie, municipio de Mezquitic) se hallaba inmersa en un proceso de intensa movilización […]
Una batalla que parecía ganada vuelve a cobrar actualidad ante el levantamiento de las restricciones que habían frenado la construcción de una vía que generará un grave impacto medioambiental y social.
Hace un año, la comunidad indígena Huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie, municipio de Mezquitic) se hallaba inmersa en un proceso de intensa movilización para defender su territorio frente a la amenaza de la carretera Bolaños- Huejuquilla el Alto. Su construcción había comenzado sin contar con los permisos necesarios, violando normas de la legislación mexicana e internacional, en particular, el Convenio 169 de la OIT (ver DIAGONAL nº 75). Gracias a una asamblea permanente de varias semanas en la zona de las obras en la que tomaron parte más de 900 indígenas y a las gestiones de diferentes ONG, los huicholes lograron suspender la ejecución de la vía, mediante la prohibición de distintos tramos de la carretera.
Esto obligó a las empresas constructoras contratadas por el Gobierno de Jalisco a frenar los trabajos, evitando un enorme daño en esta zona de alto valor ecológico de la Sierra Madre occidental.
Ahora se han levantado esas restricciones que pararon la obra, pero la situación legal no ha cambiado: el proyecto no cuenta con el cambio de uso del suelo que necesita (sigue como suelo forestal) ni con la autorización de la comunidad huichola, que es la auténtica propietaria de los terrenos, y no el Gobierno de Jalisco. Es decir, insiste la comunidad, el proyecto de esta carretera, que amenaza con atravesar el territorio indígena, sigue siendo ilegal.
En este año de lucha, numerosas voces se han manifestado en apoyo a los huicholes. Dos relatores especiales sobre la situación de los pueblos indígenas de la ONU han pedido al Estado mexicano que provea a esta comunidad de mecanismos para mantener intactos sus territorios. Además, la Cámara de Diputados de México aprobó dos resoluciones para solicitar información a las autoridades ambientales por las irregularidades en los estudios de impacto ambiental, y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas acerca de la falsificación de documentos en los que supuestamente la comunidad autorizaba el proyecto.
El pueblo huichol sigue sufriendo numerosas presiones para que se lleve a cabo la infraestructura, a la que se opone de manera frontal, como muestra uno de sus últimos comunicados, en el que asegura que no concederá «la posesión [de la tierra] a representantes del Estado ni a las empresas constructoras que operan ilegalmente a su amparo y bajo sus instrucciones, ni solicitamos ni consentimos el cambio de uso del suelo forestal en nuestras tierras».
El pueblo huichol, que cuenta con unas 18.000 personas en un territorio de más de 400.000 Ha, reclama la clausura definitiva de la obra, que no sólo alteraría una forma tradicional de funcionamiento comunitario sino que amenaza un territorio con una gran biodiversidad y que está protegido por cuatro figuras de conservación ambiental. Desde hace meses, diversas ONG se están organizando junto a la comunidad huichola para paliar los efectos de las obras como la tala ilegal de cientos de robles, pinos y encinas.