Evo Morales ya tiene despejado el camino a su reelección luego de que el Congreso aprobara una nueva ley electoral que habilita los comicios del próximo 6 de diciembre. Para ello, el mandatario boliviano debió soportar cinco días de huelga de hambre, apelar nuevamente a la movilización social y, finalmente, aceptar varias demandas de la […]
Evo Morales ya tiene despejado el camino a su reelección luego de que el Congreso aprobara una nueva ley electoral que habilita los comicios del próximo 6 de diciembre. Para ello, el mandatario boliviano debió soportar cinco días de huelga de hambre, apelar nuevamente a la movilización social y, finalmente, aceptar varias demandas de la oposición, que utilizó su mayoría en el Senado para trabar la ley que adecua el régimen electoral a la nueva Constitución ratificada en referéndum, en enero pasado, con el 62% de los votos. De esta forma, Morales pondrá su puesto en juego un año antes de completar la gestión que comenzó en enero de 2006 luego de su triunfo como primer presidente indígena del país con un inédito 54% de los votos -el mayor porcentaje en la historia democrática boliviana reciente.
Campaña permanente
El mandatario boliviano cubrió las negociaciones con la oposición con un lenguaje bélico -una batalla «entre el pueblo oprimido y la oligarquía»- e incluso religioso, pese a coincidir con la primera Semana Santa bajo el Estado laico previsto por la nueva Constitución: «Entiendo que en otro tiempo Cristo sacrificó su cuerpo para la salvación de otros… Evo y los dirigentes sociales están ofreciendo su cuerpo como testimonio de sacrificio», se entusiasmó el vicepresidente Alvaro García Linera luego de que la oposición abandonara las sesiones parlamentarias dejando sin quórum Congreso en demanda de un nuevo padrón electoral y de la reducción del número de circunscripciones especiales indígenas, una forma de discriminación positiva a favor de los pueblos originarios que por su pequeña densidad demográfica no logran acceder al Congreso.
Como ocurre desde hace algún tiempo, el timming de las movilizaciones sociales se fue ajustando a las necesidades del Palacio Quemado, cuya estrategia, hoy, pasa por garantizar la reelección de Evo Morales y conseguir mayoría en ambas cámaras congresales. Una vez que la señal del Ejecutivo fue lanzada, más de un millar de militantes y dirigentes sociales organizaron piquetes de ayuno en toda la geografía boliviana. Ya en los años 80, el entonces presidente nacionalista de izquierda Hernán Siles Zuazo ensayó una huelga de hambre para intentar contrarrestar una ola de protestas que en poco tiempo acabaron con su gobierno. «Antes, huelgas de hambre contra la dictadura militar -en referencia a las mujeres mineras que usaron esa medida contra el dictador Hugo Banzer a fines de los 70-, ahora huelgas de hambre contra los restos del modelo neoliberal», proclamó Morales después de la aprobación congresal de la ley, a la que presentó como un triunfo popular pese a haber aceptado la elaboración de un nuevo padrón, la reducción de las circunscripciones indígenas de catorce a siete y algunas limitaciones para el voto en el exterior, incorporado en la nueva Carta Magna, que se implementará progresivamente.
Paso seguido, levantó la bandera de largada de lo que será una larguísima campaña electoral: «Primero trataron de ganarnos en las urnas y no pudieron, después con golpes de Estado y conspiraciones y ahora buscaban bloquear las elecciones. Necesitamos ganar en diciembre con 70% para que no haya más chantaje de la derecha», añadió frente a algunos centenares de simpatizantes que respondían «90%».
Y aunque señaló que «la gestión es la mejor forma de hacer campaña», no es menos cierto que la batalla electoral alienta medidas de rápida ejecución y elevado rédito político-mediático en un contexto de crisis externa y de enormes dificultades para viabilizar la política de nacionalización de los hidrocarburos, jaqueada por una densa red de corrupción tejida por Santos Ramírez -ex presidente de la petrolera estatal y ex hombre fuerte en el Movimiento al Socialismo (MAS) hoy recluido en el penal de San Pedro- que advierte sobre los riesgos de recaer en el viejo estatismo patrimonialista. La polarización -por momentos artificial- de cualquier conflicto con la oposición, potenciada por el clima de campaña electoral permanente, crea una ilusión de radicalidad políticamente productiva para el gobierno -y para la incipiente burocracia sindical campesina, con fuertes lazos prebendales con el Estado- que a la postre vuelve necesario recrear periódicamente la sensación de amenaza interna y externa al proceso de cambio para mantener el clima de movilización. Si el acoso de la «derecha racista» frenó ciertas iniciativas gubernamentales también contribuyó a cohesionar a la propia tropa. Y a falta de una institucionalidad capaz de reinventar el vínculo entre lo político y lo social, el evismo fue sustituyendo el horizonte utópico del gobierno de los movimientos sociales.
Las denuncias de infiltración de la CIA en la petrolera estatal YPFB, como explicación de la más prosaica corrupción de sus funcionarios, es sólo un capítulo de una larga historia de denuncias de conspiraciones. Pero hoy, con la oposición fuertemente debilitada, los riesgos parecen provenir más de adentro que de los enemigos del «gobierno popular».
Victoria pírrica
Con todo, para la oposición lo obtenido se parece a una victoria pírrica. Sus problemas para derrotar a Morales están lejos de ser un problema de padrón electoral. La ratificación del líder cocalero con el 67% de los votos en el referéndum del 10 de agosto de 2008 fue un golpe difícil de digerir. «La derecha está muy dispersa y confundida. Todas las encuestas ubican a Evo Morales del 40% para arriba, mientras que el candidato opositor mejor ubicado no pasa del 9%», analizó el senador disidente del partido derechista Podemos Carlos Börth. En medio de una carencia de líderes nacionales, en los últimos meses creció la figura del ex vicepresidente aymara Víctor Hugo Cárdenas, a quien hace unos días los indígenas de su comunidad del lago Titicaca le «expropiaron» su casa por haber llamado a votar no a la Constitución. Una parte de la propia dirigencia cruceña apuesta a la carta indígena de centro contra el «indigenismo radical» de Evo, como reflejo del cambio de época: el año pasado la derecha llevó como candidata a la gobernación de Chuquisaca a la indígena Savina Cuéllar, ex constituyente del partido de Evo Morales y alfabetizada en el programa Yo sí puedo bajo el actual gobierno, que finalmente derrotó al candidato del MAS. Y la oposición autonomista cruceña suele incluir consignas en guaraní y resaltar la presencia de sus propios indígenas en las concentraciones.
Sin embargo, el pasado de Cárdenas como vicepresidente en la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) -hoy prófugo en EE.UU. y procesado por la represión en la guerra del gas de 2003- parece una hipoteca difícil de sobrellevar a la hora de competir con Morales, con una popularidad hasta ahora a toda prueba en el mundo popular boliviano. Menos chances parecen tener otros «indígenas», como el alcalde de Potosí René Joaquino o el ex dirigente campesino de los valles de Cochabamba Alejo Véliz.
Ahora, aunque logró que se reempadrone al país entero el precio fue alto para la derecha. El gobierno la acusa de ser responsable de un gasto innecesario en un país pobre: el costo del nuevo padrón asciende a unos 35 millones de dólares. Y los oficialistas aprovecharon al máximo la sensación de que «los diputados y senadores no trabajan» para golpear a los congresistas que abandonaron las sesiones. «La ociosidad es su oferta electoral; la flojera y la chacota es su programa de gobierno», lanzó García Linera -también presidente del Congreso- en medio de la crisis de Semana Santa.
No obstante, la oposición regionalista consiguió un reconocimiento tácito de sus estatutos autonómicos, además de haber logrado imponer -desde hace tiempo- su agenda de autonomía a todo el país. El 6 de diciembre volverá a votarse en los cinco departamentos (La Paz, Oruro, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba), donde en la consulta de 2006 ganó el no a la autonomía, para alinear a estas regiones con el diseño autonómico diseñado por la nueva Carta Magna -considerado, de todos modos insuficiente por la burguesía agroindustrial cruceña-. «La parte de cómo están compuestas las Asambleas Legislativas Departamentales, cómo se selecciona y cómo se eligen asambleístas y gobernadores, han sido sacadas de los estatutos autonómicos, copiadas y pegadas a la ley electoral. Al parecer hay un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para convivir los próximos años. Actúa como cualquier otro partido el MAS», evaluó al diario Página/12 Eulogio Núñez, de la ONG Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.
A partir de ahora, el balón quedó en el campo de la Corte Nacional Electoral, que deberá reempadronar a más de cuatro millones de bolivianos -incluidos unos 300.000 en el exterior- con un registro biométrico que incluye la digitalización de la firma, la foto y las 10 huellas digitales de cada votante. Y sea como fuere, 2009 será la continuidad de tres años de elección permanente que una tras otra confirmaron la amplia hegemonía de Evo Morales y fueron revirtiendo el «empate catastrófico» que acosó a su gestión durante los primeros dos años y medio.
Pablo Stefanoni es director y de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique