El video que Eduardo Rósza dejó grabado en Hungría, las investigaciones realizadas hasta el momento y la relación de hechos de los últimos ocho meses (agosto 2008-abril 2009), permiten identificar dos momentos en el plan conspirador, separatista y magnicida.
A escasas dos semanas del operativo que desactivó una célula terrorista en el departamento de Santa Cruz y que develó la existencia de un plan separatista que pasaba incluso por la eliminación física del presidente Evo Morales, existen elementos suficientes como para tener algunas certezas, formular hipótesis y extraer conclusiones.
Una primera certeza es que la ultraderecha, nacional e internacional, se propuso inicialmente una «guerra de posiciones» en torno a la causa «autonomista» como bandera. Para eso preparó su plan militar, buscó financiamiento y contrató a una célula paramilitar, con miembros altamente calificados por su entrenamiento y experiencia en combate.
La «célula madre» sería la encargada de ordenar a los grupos paramilitares que actuaban desde hace más de un año y medio, organizar la milicia y construir un ejército autonómico, según se desprenden de las propias palabras de Eduardo Rósza, un boliviano-húngaro cabecilla del grupo armado y abatido en la madrugada del 16 de abril en el hotel «Las Américas» del departamento de Santa Cruz.
La segunda certeza es que después de fracasado el golpe cívico-prefectural, que era la forma del plan separatista (quitarle al gobierno el control de medio territorio nacional), el plan político-militar de la ultraderecha incorporó el criterio de acciones terroristas contra líderes autonomistas y una suerte de «guerra de movimientos» al plantearse el asesinato del presidente Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera y sus ministros.
Otra certeza es que por las propias declaraciones de Eduardo Rózsa, registradas en un video que fue entregado en custodia a un periodista húngaro hasta su regreso a Budapest o su muerte, hay dos momentos distintos en la vida de la célula paramilitar que, obviamente, permiten explicar la naturaleza de los objetivos tácticos y estratégicos que hasta el presente son mostrados de manera dispersa y poco sistemática.
Primer momento
Un primer momento es el período agosto-octubre de 2008. En ese lapso de tiempo, a pesar de que el presidente Evo Morales obtuvo un extraordinario triunfo en el referéndum revocatorio del 10 de agosto con un 67.41 por ciento, una contraofensiva general fue dispuesta por el alto mando de la oposición cívico-prefectural.
El bloque opositor, con epicentro en el oriental departamento de Santa Cruz, dispuso la activación de un plan que luego sería denunciado por el gobierno como un golpe cívico-prefectural. Las medidas de la contraofensiva opositora fueron públicamente conocidas en voz de sus principales dirigentes e implicaban la huelga de hambre, el bloqueo de caminos y la toma de instituciones públicas. Todas estas acciones de abierta conspiración, denunciadas por el gobierno ante la comunidad internacional y legitimadas por un poderoso aparato mediático en manos de las fracciones más duras de la oposición, se ejecutaron coordinadamente en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, además del respaldo de la prefecta de Chuquisaca, Sabina Cuellar, y el Comité Interinstitucional de ese departamento.
Pero el plan tenía además acciones encubiertas que iban desde la agresión física a dirigentes y ciudadanos comprometidos con el proceso de cambio hasta la puesta en marcha de destacamentos con cierta preparación militar en la ocupación de las entidades públicas, pasando por atentados dinamiteros contra la sede del consulado venezolano y la jefatura de la misión médica cubana en Santa Cruz.
El diseño táctico-estratégico giraba en torno a la «guerra de posiciones». Convencida de que el gobierno tenía una gran hegemonía en el occidente, conciente de que no existían condiciones para superar los límites de los departamentos de la llamada «Media Luna» y persuadida que la línea era la «independencia», se establecen los términos del plan separatista y la naturaleza de la relación con Rózsa, quien hizo explícito lo anteriormente señalado al dejar grabado que «»no voy a lanzar un ataque contra La Paz, tampoco ayudaré a lanzar una ofensiva sobre la capital del país ni derrocaría al presidente Evo Morales».
El jefe militar, condecorado en Croacia por las victorias militares junto a una brigada internacional de más de 300 hombres, decidió venir a Bolivia para ayudar a Santa Cruz. No se tiene certeza de la relación con el ex presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, pero fuentes confidenciales señalan que el empresario más grande de oleaginosas del país estuvo por Hungría y Croacia en agosto de 2008.
En ese mismo período un activo embajador estadounidense Philip Golberg, quien jugó un papel decisivo en la desintegración de Yugoslavia, fue visto con frecuencia en Santa Cruz e impulsó, junto a cuatro congresistas de la línea dura de ese país, una reunión con el prefecto Rubén Costas y dirigentes cívicos el 21 de agosto. De acuerdo a una denuncia del ex diputado socialista Wálter Vásquez Michel, «el 2 de septiembre, dando exhaustivo cumplimiento a esa agenda golpista, dos funcionarios norteamericanos por encargo de Goldberg, sostuvieron otro encuentro conspirativo con cuatro generales en retiro, en la casa del general Elías Eduardo, encargado de la seguridad de la Prefectura de Santa Cruz y hombre de toda confianza del Prefecto Rubén Costas. Entre los militares estuvieron el general (SP) Ontiveros, el general (SP), Marcelo Antezana y el general (SP), Herlán Viestrox» y el tres días después «el encargado de asuntos militares de la embajada de EEUU conversó en Santa Cruz con el Cmdte. de la Octava División, el general Antonio Bracamonte, el Teniente coronel Dieter Claure y otros, para planificar una entrega de las unidades militares a los grupos paramilitares. Con ese se esperaba tensionar más la situación y dar la sensación de que el gobierno había perdido el control de las Fuerzas Armadas».
Aunque todavía falta mucho por investigar y las piezas claves están en reserva, todo indica que la célula paramilitar fue organizada en un contexto en el cual la dirección política de la oposición real, la burguesía agroindustrial y latifundista, tenía la plena confianza de que había llegado el momento de concretar sus planes separatistas disfrazados bajo la bandera de la autonomía. «Demostrando fuerza, conseguiremos la independencia de Santa cruz», afirmó Rósza según relató Tomás Seviesqui de la televisión húngara.
Experto en estrategia militar, Rózsa contaba, sin embargo, con que el proyecto separatista iba a ocasionar una enérgica reacción del gobierno y que, como todo Estado, instancia monopolizadora de la fuerza pública, iba a instruir a policías y militares restablecer el orden establecido. Es más, conocedor del principio que tiene la concentración de fuerzas antes que su dispersión, el boliviano, nacionalizado húngaro-croata, daba por descontado que el objetivo gubernamental sería Santa Cruz, el epicentro de la contrarrevolución boliviana. De aquí que tenga sentido cuando señala, en su testamento político, que se debía «organizar la defensa y la resistencia de la ciudad y el departamento de Santa Cruz».
Lo que el alto mando opositor no contaba, mucho menos los que constituían la espina dorsal del aparato militar, es que el gobierno no acudiría a lo que ellos esperaban: el uso de la violencia legítima del Estado. La defensa del proceso de cambio boliviano la tomaron los movimientos sociales. Miles de indígenas y campesinos se desplazaron en la segunda quincena de septiembre hacia la ciudad de Santa Cruz para recuperar las instituciones públicas y, sobre todo, sofocar el golpe cívico-prefectural. Días antes, el 11 de septiembre, en la localidad de El Porvenir del departamento de Pando, al norte de La Paz, una veintena de campesinos eran asesinados por hombres leales al prefecto Leopoldo Fernández, hoy recluido en el penal de San Pedro y a quien visitaron paramilitares argentinos de los «carapintadas».
El golpe cívico-prefectural fue derrotado y los prefectos y dirigentes cívicos no tuvieron otra alternativa que avalar, aun con los dientes apretados de impotencia, los acuerdos políticos alcanzados en el central departamento de Cochabamba y que daban paso a la convocatoria del referéndum constitucional del 25 de enero de 2009, cuando por primera vez en la historia republicana un texto constitucional era aprobado con el 62 por ciento.
Un segundo momento
Las sucesivas derrotas político-electorales de la ultraderecha (victoria de Evo Morales el 10 de agosto, la convocatoria a referéndum constitucional para el 25 de enero de 2009 y la aprobación de la nueva Constitución) y político-militares (fracaso del golpe cívico-prefectural y el proyecto separatista), se produce un rediseño del plan estratégico de ese sector de la oposición, según se desprende de una lectura objetiva de los hechos.
Como en el período precedente, en el plan estratégico se aprecian elementos políticos y militares. No hay indicios suficientes de que en la actualidad exista una dirección unificada, pero tampoco nada induce a pensar que sea todo lo contrario.
En el ámbito de lo político-electoral no hay explicación alguna de la resistencia del bloque cívico-prefectural (Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca) a la aplicación de la Constitución Política del Estado en lo referente al tema autonómico y su propuesta de esperar hasta el año 2010, que no sea una apuesta a un triunfo en las elecciones diciembre. Esto, sin embargo, se contradice con el intento de frenar la aprobación de la Ley Electoral Transitoria.
En el ámbito de lo estrictamente militar, claro, sin separar de su fundamental componente político, adquiere sentido la priorización que la célula paramilitar le dio a las acciones de terrorismo y de magnicidio, según es posible extraer como conclusiones del avance de las investigaciones.
La puesta en marcha del plan, que es la continuación del primero rediseñado pero sobre nuevas condiciones, parece mostrar, sin embargo, la fisonomía poderosa del grupo que lo impulsa hasta tal extremo que su brazo ejecutor -la célula de Rósza-, tenía entre sus objetivos a los prefectos de Santa Cruz y Beni, Rubén Costas y Ernesto Suárez Sartori, respectivamente. «Más valdría un mártir muerto que un cojudo que no hace nada», habría afirmado el cabecilla de la célula paramilitar según sostuvo el miembro de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Juan Carlos Gueder.
Por lo demás, encaja perfectamente bien una carta enviada por el activista Mauricio Iturri, actualmente en Estados Unidos, al prefecto Rubén Costas, en la que le dice «¿Acaso cree que con la famosa Torre, poner a cuatro idiotas a trabajar y a diseñar supuestamente el destino de Santa Cruz, basta? (…) la cabeza de la Torre lo único que hace es gastar los más de cien mil dólares mensuales que el empresariado cruceño aporta a nuestra causa». Entre los aportantes se tiene a El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE); la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).
Los dos objetivos militares que iban a seguir al atentado efectuado contra la residencia del Cardenal Julio Terrazas, pero con resultados fatales, tenían sentido. Como ocurrió con el prelado, el objetivo político era generar una masiva corriente de opinión pública contra el gobierno, al que con la participación, directa e indirecta del aparato mediático, se lo presentaría como el más interesado en la eliminación de los dos opositores.
El paso de la «Guerra de posiciones», que normalmente se hace para preservar un territorio determinado, a una suerte de «guerra de movimientos», pues no hay evidencia de que se hayan planteado ir directamente en conquista de nuevas posiciones, para luego defenderlas, se expresa en el plan de magnicidio que se pensaba concretar aprovechando una sesión de gabinete que el presidente Morales hizo el 27 de marzo en el lago Titicaca.
«En el video se ve a Rozsa Flores, a Magyarosi y Dwyer con otra persona. Hablan de cómo lanzar un explosivo y lograr un mayor efecto. También mencionan de una reunión que realizarían personeros de Gobierno en el lago Titicaca y dicen que hubieran mandado a alguien con traje de rana para hacer volar la embarcación», informó el fiscal Marcelo Sosa que está a la cabeza de la investigación.
¿Es posible actuar exitosamente en un territorio en el que no se tiene control? Está claro que eso es absolutamente improbable si el objetivo es la conquista de posiciones, pero si perfectamente posible si el propósito es generar un clima de «caos» y, sobre todo, si es para eliminar al Presidente de la República. De haberse concretado el plan «hay que matar al indio», Bolivia hubiese ingresado en un escenario con desenlaces imprevisibles y la ultraderecha habría levantado el dedo acusador contra «los seguidores de Evo». No hay que olvidar que un plan similar, denunciado oportunamente, se iba a producir en la zona del Chapare y con un campesino como ejecutor.
Participación externa e interna
Dada la magnitud del plan y los vínculos externos de la burguesía boliviana, es poco probable que no esté de por medio la Central de Inteligencia Americana (CIA). La historia de «Nuestra América» es rica en lecciones y experiencias.
De hecho, la reunión que el ex «carapintada» argentino, Jorge Mones, actual dirigente de la ultraderechista UnaMérica (una organización internacional con profundos vínculos con la derecha colombiana) y la sindicación contra Hugo Achá, presidente de la Human Rights Foundation (fundada por un venezolano anti-castrista), constituyen elementos que conducen hasta «The Agency» ubicada en Langley, muy cerca de Washington.