El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitió un alerta y dio a conocer que hay nuevos presos políticos en México. Se trata de luchadores sociales que defienden los bienes naturales de los proyectos de explotación turística. Las detenciones denunciadas como arbitrarias, fueron ejecutadas el pasado 08 de mayo con la aprensión de un integrante […]
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitió un alerta y dio a conocer que hay nuevos presos políticos en México. Se trata de luchadores sociales que defienden los bienes naturales de los proyectos de explotación turística.
Las detenciones denunciadas como arbitrarias, fueron ejecutadas el pasado 08 de mayo con la aprensión de un integrante de las bases de apoyo del EZLN y siete integrantes de La Otra Campaña.
La periodista Gloria Muñóz Ramírez denunció en un artículo que los ocho detenidos son «víctimas de una conspiración política del más alto nivel, que tiene como trasfondo el control oficial y privado de los lugares turísticos del Estado».
Se trata específicamente de las cascadas de Agua Azul, en Chiapas, estado gobernado por Juan Sabines, que es acusado como uno de los responsables del despojo territorial y las detenciones.
Gloria Muñóz denunció además, que los ocho tzeltales en prisión, fueron «sometidos a un proceso plagado de irregularidades: torturas, tratos degradantes, arraigos ilegales, falta de intérpretes y, finalmente, la inculpación de una serie de delitos» de los que son inocentes.
También detalló que el pasado 13 de abril, la policía estatal y la federal preventiva detuvieron, torturaron y arraigaron ilegalmente a otros seis pobladores tzeltales del ejido de San Sebastián Bachajón.
«El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha seguido el caso desde el primer momento, constató las señales de tortura mediante las cuales, señalan los detenidos, fueron obligados a firmar una declaración inculpatoria», detalló la periodista.
Por último, expuso que «los nuevos presos políticos son luchadores sociales» que «defienden sus derechos territoriales y rechazan cualquier plan gubernamental que no los contemple, como la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque».