El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y Branko Marinkovic, líder de la UCJ, serán juzgados por «traición a la patria», según el vicepresidente boliviano, García Linera.
Según declaraciones realizadas a la fiscalía boliviana por dos detenidos miembros del grupo ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista (UCJ), varios integrantes de la oligarquía política y económica de Santa Cruz han participado en la creación de un grupo de mercenarios con fines separatistas. Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza involucraron a Branko Marinkovic -empresario y líder del Comité Cívico Pro-Santa Cruz- en la entrega de 200.000 dólares para la compra de armas y la organización de diversos atentados entre cuyas víctimas se encontrarían el presidente y vicepresidente bolivianos. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas -muy cuestionado entre los sectores más radicales de la derecha cruceña- también habría sido involucrado en la trama a pesar de estar entre los posibles blancos de la organización. Un decreto, firmado por Morales el pasado 20 de mayo, permite la confiscación de los bienes de quienes estén vinculados a grupos terroristas o separatistas.
«Crearemos un nuevo país»
Todo comenzó el 16 de abril cuando un operativo policial abatía a tres supuestos mercenarios en un lujoso hotel de Santa Cruz. Horas después, diversas armas y explosivos eran encontrados en la Feria Exposición de esa ciudad (Fexpocruz) en el puesto de la empresa Cooperativa de Teléfonos de Santa Cruz de la Sierra (COTAS), propiedad de varios dirigentes del Comité Cívico Pro-Santa Cruz y simpatizantes de la organización racista Nación Camba.
A la cabeza del grupo desarticulado se encontraba Eduardo Rozsa Flores, muerto durante el operativo. Antiguo combatiente a favor de la independencia croata -en donde se sospecha que traficaba con armas y drogas-, e integrante del partido húngaro neonazi Jobbik, Rosza había sido contratado bajo una identidad falsa como asistente técnico de COTAS en diciembre pasado.
Días después de su muerte, se hacía pública una entrevista en la que Rozsa aseguraba que «el Consejo Departamental de Santa Cruz ha votado la creación del cuerpo de seguridad regional». En la misma conversación -que pidió que no fuera divulgada mientras permaneciera en Bolivia-, el también antiguo integrante del Opus Dei manifestaba su intención de viajar a Bolivia a «organizar una milicia». «Declararemos la independencia y crearemos un nuevo país», añadía.
Según diversas informaciones, Rosza habría mantenido contactos personales tanto con Hugo Achá Melgar, presidente de la Fundación Human Rights (FHR) en Bolivia -también implicado por Gueder y Mendoza y huido del país- como con Jorge Mones Ruiz, que fue miembro del grupo argentino ultraderechista de los Carapintadas, antiguo oficial de inteligencia del Ejército Argentino en Bolivia durante la última dictadura y que, actualmente, es delegado de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica).
Creada en diciembre pasado para frenar el avance del «castro-comunismo» en América Latina, UnoAmérica recibe financiación de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, en sus siglas en inglés) y de la National Endowment Foundation (NED), que también apoya económicamente al Comité Cívico Pro-Santa Cruz desde 2005. Según la investigadora Eva Golinger, desde 2002 USAID ha destinado 97 millones de dólares a financiar programas de «descentralización», así como a grupos opositores de la derecha autonomista boliviana. Asimismo, UnoAmérica mantiene estrechos lazos tanto con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que dirige José María Aznar, como con la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), presidida por el escritor Mario Vargas Llosa.
Por su lado, FHR -conocida por sus vínculos con la CIA- está presidida por el cubano Armando Valladares, huido de la cárcel tras ser detenido por tratar de colocar explosivos en La Habana a finales de los ’60.