Se habla hoy de la crisis política que se agudiza ante las próximas elecciones. Pero digamos que se trata de algo más que de una «crisis», se trata de un verdadero «naufragio» o «hundimiento» de varias de las instituciones del Estado, aunque los términos no estén canonizados por la teoría política. No hay otra definición […]
No hay otra definición más concentrada: tal crisis o naufragio se debe al repudio («casi») universal de la ciudadanía de los órganos del Estado, aunque los más visibles ahora, por el proceso electoral, sean los partidos políticos y esos organismos de actuación casi grotesca, como son el IFE y el TRIFE.
En el terreno de los hechos, sin disimulos, se trata del repudio de la sociedad al conjunto del Estado, al profundo divorcio entre sociedad y Estado, que abarca a los distintos órganos o poderes, comenzando por el ejecutivo (siguiendo con el poder judicial y con el legislativo, que se renovará parcialmente el próximo 5 de julio).
Este alejamiento o divorcio casi total de la ciudadanía respecto a los órganos del Estado (tal vez sería mejor decir entre la ciudadanía y el gobierno, en sus diferentes poderes), no apareció como por arte de magia. Se necesitó tiempo para «madurar» y llegar a los extremos en que hoy se encuentra: evidencia escandalosa de la corrupción, negación o abolición del derecho para favorecer intereses privados, desdén o desprecio prácticamente absolutos de los reclamos y necesidades ciudadanas, funcionamiento del gobierno como si fuera una entidad per se sin origen en la voluntad ciudadana. Por supuesto, uno de los reclamos fundamentales es el de la abismal diferencia entre los ricos y los pobres de México, de lo que no es ajeno el gobierno en su totalidad.
Al menos hay dos ficciones que han sido toleradas, y que han sido impulsadas por los medios publicitarios del gobierno o no: que para «entrar» a la democracia era suficiente con atender ciertas reglas del procedimiento electoral (lo que otorgaría legalidad a los poderes); segundo, que la cuestión de la igualdad social, de la solución a los problemas de la pobreza y de la concentración de la riqueza, que la cuestión de un desarrollo equilibrado en beneficio de todos no tenía en rigor que ver con la democracia: es la democracia sin adjetivos, de la que quedan fuera modos de vida y estructura social). Lo único que contaría en la democracia es la legalidad, quedando fuera la legitimidad en el ejercicio del poder (o de los poderes), ya que se trataría de «otro orden de cosas».
Hoy vemos que no es así, que toda democracia real ha de considerar al mismo tiempo la legalidad y la legitimidad del poder, como dos aspectos irrenunciables de su vigencia histórica. (En México, como es obvio, por añadidura los dos términos de la ecuación están en severo entredicho, para decir lo menos). Para gobernar no es bastante la legalidad del origen, sino que esa legalidad ha de confirmarse a diario por el ejercicio legítimo del poder. Si no es así el desastre está a la vuelta de la esquina, que ya nos alcanzó. Parafraseando a Renan, podemos decir que «la real democracia es un plebiscito de todos los días».
Lo anterior explica los «fenómenos» preelectorales que han surgido en México, siendo tal vez el más importante es el del «voto nulo», es decir, el de asistir a las urnas el 5 de julio para manifestar expresamente el repudio a nuestro sistema (no para elegir autoridades sino precisamente para señalar la desconfianza, la lejanía y el repudio de que es merecedor el sistema y sus autoridades). En vista de la situación a nadie debe sorprender esta posibilidad (y menos diciendo que es una «jalada», en la ya clásica vulgaridad del léxico de Vicente Fox).
Tal vez la mala fortuna de esta iniciativa es que surgió demasiado tarde, que fue demasiado espontánea (pero de ahí también su valor), sin una expresión política más específica: por ejemplo, exigiendo la reforma de la ley electoral para que se incluya el plebiscito y el referéndum, que se modifiquen tiempos y presupuestos electorales, que se cambien los organismos «vigilantes» de las elecciones, y otros objetivos que pudieran definirse. ¿A menos de dos semanas de la elección hay tiempo para darle un mínimo de sustancia política al «voto nulo», con más contenido que el simple rechazo? ¿Es suficiente con la negación?
Porque de lo contrario, se corre el grave riesgo de que los órganos del poder a los que se rechaza se hagan los desentendidos del significado profundo de la negativa, conservando su voto duro garantizado. ¿Un sistema en que se elijen los mismos poderes con una abstención mayor y sin que el rechazo trascienda en la práctica? ¿Simplemente se entrega el poder y sus prácticas a quienes ya lo tienen, sin revisión de ningún género? En mi opinión, tal posibilidad es fatal.
Pero la cuestión es clara: existe un alejamiento rotundo entre la sociedad y el Estado, y tal es el fondo de la crisis política que se vive. Con una advertencia: sólo la sociedad, hoy o mañana, es capaz de otorgarle plena legitimidad al sistema, por arriba de los poderes legales y fácticos hoy existentes. La sociedad en su conjunto, la voluntad ciudadana, es la única y real sustancia de la democracia.