Con o sin referéndum, la cesión de agua dulce por 3.6 millones o un plato de lentejas, sabe a un anticipo de salida marítima sin soberanía, un canje de enclaves o, peor aún, las 3 cosas juntas. La aplastante mayoría da para todo. ¿Pagarán Luksic-Codelco 700 millones de dólares más intereses?
Con más desesperación que el Presidente, la Cancillería boliviana acelera los pasos para consolidar su previsible victoria en el caso del Silala, segura de que la abrumadora mayoría de los movimientos sociales aplastará, además de los alicaídos opositores extraviados en sus fechorías, a la opinión pública contraria a seguir desviando aguas dulces en favor de Chile.
Obtenida casi por un virtual plato de lentejas, la decisión de regar un desierto donde gracias al agua fresca de Bolivia florecen y prosperan estratégicas empresas públicas y privadas chilenas (Codelco-FFAACh y Lucsik-FCAntofagastaB), prolonga en los hechos, paradójicamente, la fracasada continuidad de la política exterior liberal de la Bolivia del siglo XIX y la neoliberal del siglo XX, que han postergado −sino renunciado a− la recuperación de los territorios cautivos que se anexó Chile desde antes de 1879.
«No vamos a renunciar a la deuda histórica» (por el uso del Silala, estimada en 700 millones de dólares, sin intereses) dijo el canciller David Choquehuanca, sin sospechar el último y contundente rechazo chileno a la salida soberana de Bolivia que según Santiago se limita a simples «recintos aduaneros».
«…hemos establecido los 13 puntos en la agenda (Bolivia-Chile) para tratar por separado la habilitación de los puertos, el tema comercial, el tema marítimo», había dicho Choquehuanca apenas días antes de que la fronteriza y diminuta Quetena (en cuyas cercanías nacen los ojos de agua) e instituciones potosinas afines al gobierno dieran el 3-sept un minoritario respaldo, a cambio de anuncios para instalar una fábrica de cemento, preservar la punta del cerro Rico y condonar deudas regionales.
POR UN BALDE DE AGUA FRIA
El conjunto de las recientes declaraciones del canciller boliviano en torno a las negociaciones por el pago de unos diez mil dólares diarios a cambio de proseguir con el usufructo, permite a propósito de los manantiales del Silala, esclarecer los alcances de un acuerdo binacional que anticipa el riesgo de otras concesiones mayores.
Entre ellas: un no remoto canje de enclaves que sepultaría los anhelos de devolución de los antiguos territorios cautivos, hoy en poder de Chile; o la remanida simple administración pragmática de un puerto no soberano; sin contar los fracasos acumulados por décadas en la tentativa de un corredor al norte de Arica por ex territorios peruanos que no aseguran acceso a las 200 millas de mar territorial, mar continental, plataforma submarina y el subsuelo marino, teniendo en cuenta que Perú no ha renunciado al mar de Arica [ que fue una vez ex territorio de los antiguos Carangas y Pacajes de Oruro y La Paz).
La publicitada Agenda no contempla un acceso marítimo soberano, había aclarado ya al cerrar agosto la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso chileno tras informe de su Cancillería, en respuesta al presidente Evo Morales, quien recordó estar a la espera de una propuesta oficial de su colega Michelle Bachelet.
Más todavía: canciller chileno, Mariano Fernández, precisó este fin de semana a «La República» de Lima que su gobierno no consideró nunca la posibilidad de devolver a Bolivia un territorio soberano; que este punto no está incluido en la agenda bilateral, y que se dialoga sobre la base de «recintos pero sin soberanía», además que la fórmula de un corredor soberano en Arica planteada por Bolivia (¡!) está en el limbo mientras «se discute» en el tribunal internacional de La Haya la pretensión peruana de cambiar el límite marítimo.
No se sabe si respuesta dejó a Morales y Choquehuanca más helados que las aguas de Antofagasta, otro puerto cautivo de Bolivia; pero el propio gobierno boliviano no ha resuelto por otra parte las implicaciones de la nueva Constitución política boliviana sobre una salida soberana al mar, según las cuales se establece sólo un «derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio [ ¿cuál, el cautivo o una porción mínima a ser cedida/reconquistada? – NdR] que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo».
DE PROVINCIA A FRANJA, DEL ENCLAVE AL RECINTO
Ya en marzo pasado, el presidente Morales admitió la posibilidad de un trueque de enclaves presuntamente ubicados al norte de Antofagasta y en la margen boliviana del río Paraguay, de cara a Brasil.
Tal estrategia de canjes consolidaba, de paso, las aspiraciones chilenas de contar con una salida hacia el Atlántico, lo que constituía además, a título de «puertos integrados» una amenazante cuña en el flanco amazónico-marplatense, ansiada desde hace décadas por la geopolítica chilena en concierto con el llamado sub-imperialismo brasileño.
«Hubo planteamientos y discusiones indirectas de gobierno a gobierno, de presidente a presidente, con Chile», dijo Morales: «ofertas que están siendo consultadas y que podría ser un corredor en la frontera con Chile y Perú de retorno al mar. Se habla también de un enclave» [1] , agregó el mandatario hace sólo cinco meses en El Alto antes de viajar a Qatar
Mencionado hace dos décadas, el proyecto de Puerto Bush, al sur de Puerto Suárez, busca conectar a Chile con el océano Atlántico, a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Con esos antecedentes, ex vicepresidente de Jaime Paz, Luis Ossio, propuso el 2006 ceder a Chile territorios en la margen boliviana del Río Paraguay, a cambio de una zona portuaria «lejos del sur de Perú».
«Hay que consultar a Chile que nos conceda un enclave, por ejemplo en Patillos, y que en Puerto Bush se haga un enclave chileno. Esa es una posibilidad totalmente revolucionaria, pero que puede resolver el eterno problema de la salida al mar», afirmó Ossio al diario «El Deber».
Ossio precisó entonces: «se daría un enclave Chile-Bolivia en puerto Patillos con soberanía compartida entre ambos países», mecanismo que también se utilizaría en «el otro enclave en Puerto Busch o en las zonas cercanas, dentro departamento de Santa Cruz». [2]
Puerto Patillos se encuentra 56 kilómetros al sur de Iquique, en la I Región-Tarapacá, y fue considerado por el Consorcio Pacific LNG la mejor alternativa para concretar la exportación de gas a México y EEUU antes que el proyecto se derrumbara el 2003 al influjo de los movimientos sociales liderizados por Morales.
La posibilidad supondría reescribir el Tratado de 1904 (Bolivia-Chile) por otro que defina los nuevos límites y permita el enclave, lo cual según dijo Ossio hace veinte años (sin imaginarse que Morales y Bachelet desempolvarían el proyecto) «superaría la histórica negativa de Perú» para olvidarse de Arica.
Según el Tratado de 1929 (Chile-Perú, cualquier cesión de territorio a Bolivia en la Región de Tarapacá debe contar con el visto bueno peruano.
A su vez, Chile rechaza cualquier franja boliviana al sur de Arica porque alega que una salida así dividiría su continuidad, sin tener en cuenta que Estados Unidos tiene Alaska a miles de kilómetros, Francia territorios de ultramar en Oceanía y el Caribe, e Inglaterra las islas Malvinas y otros territorios fuera de Europa.
En todo caso, las tentativas acerca de trueque de enclaves para permitir el acceso marítimo de los bolivianos sin que Chile pierda un centímetro de lo que considera suyo; lo mismo que el corredor hacia un mar territorial en disputa, han dejado muy atrás los anhelos bolivianos de recuperar parte de lo arrebatado y que hoy, en la certidumbre chilena, debe limitarse a recintos sin soberanía.
ARTIMAÑAS VS. RECUENTO HISTORICO
La declaraciones de David Choquehuanca fueron condimentadas agosto, por las de su colega peruano García Belaúnde que con una jugada de silogismo obligó a Choquehuanca y Fernández a revelar parte del supuesto «acuerdo secreto».
Entendemos que la salida que se está negociando sería por Arica y el embajador de Bolivia en el Perú así lo ha señalado», García Belaúnde el 27-ago. «Si es por Arica, no hay ninguna intromisión. Ahora si el canciller Fernández nos dice que hay intromisión, entenderemos que no se está negociando una salida por Arica»
El proyecto de la delgada «línea de la Concordia» entre Tacna y Arica, ya ensayado por los regímenes Banzer-Pinochet hace 35 años, con resultados frustrantes para Bolivia, tropieza ahora con un diferendo entre los dos países por una porción marítima que antiguamente perteneció al Perú.
«Los 28,000 kilómetros cuadrados que serán en La Haya materia de disputa los ha disfrutado Chile de facto desde que ganó la guerra del salitre y el guano», recordó el año pasado el analista peruano César Hildebrandt, reprochando a Alan García haber reflotado la controversia marítima con desgano y sólo por conveniencia política.
«Porque Chile ha sido, de hecho [ 1881 ] , el dueño de ese mar que el Perú reclama. Lo que pasa es que el año 2000 Chile, prepotente como siempre, quiso hacer de derecho lo que había tomado de hecho», con base en el acuerdo «prochileno» de 1999 firmado por el ex presidente Fujimori. [3]
«Gracias a él es que el Perú no cuenta todavía ni con el muelle ni con la línea férrea que debía llegar servida a Arica ni con la estación ni con la servidumbre sobre toda esa área, tal como lo estableció el acuerdo de 1929 por el cual tuvimos que renunciar a Arica para recuperar a Tacna», reclamó Hildebrandt, uno de los connotados periodistas peruanos
SILENCIOS Y EXABRUPTOS
Choquehuanca y Mariano Fernández, se encuentran en tanto sumidos en el secretismo con el que los presidentes Bachelet y Morales han blindado las conversaciones, limitándose al ir y venir de planteamientos y contrapropuestas restringidas a la deuda del Silala, una vez superada la primera fase de generación de «confianzas mutuas», ya suficiente al parecer para el mandatario boliviano que empieza a exigir resultados.
La presión no va hacia otro punto que el accionar de Choquehuanca, precipitado en algunos casos y con exabruptos en otros, pese a la templanza pétrea con que empezó su gestión.
«…hasta los niños hablan del tema, los profesores ordenan trabajos de investigación», reveló en su propósito de convencer a los potosinos acerca de las bondades del preacuerdo, pero no de los riesgos que anticipa.
«Los que no quieren que se firme el acuerdo, quieren que Chile siga beneficiándose», dijo también al mejor estilo de los saparatistas cruceños que hace sólo un año emplazaban a la población no sólo estar contra el MAS sino demostrar qué se hacía contra los masistas y cómo se apoyaba a la oligarquía.
Así los dardos desesperados, probablemente dirigidos contra los ex cancileres neoliberales y la oposición más extrema, pegaron en otros sectores pagando «justos por pecadores», mientras la publicitada «diplomacia de los pueblos» sólo parece estar beneficiando a los gobiernos de Chile y Estados Unidos, habida cuenta del fracaso en el acercamiento a la administración Obama. Entre sus saldos, ofensiva del canciller dejaba varias sorpresas y temas pendientes:
¿»SILOLI»?
Por lo pronto, el término ha quedado escrito no por la intervención o la opinión de los movimientos sociales sino por quienes detentan su representación: el más reciente acuerdo entre las cancillerías boliviana y chilena establece en los hechos que hay un Silala boliviano, como manantial u ojos de agua, y un Siloli, como río internacional de curso sucesivo. Primera concesión por seis millones de dólares al año, pagaderos a futuro.
¿LETRA MUERTA?
También queda para la novísima Asamblea Plurinacional las modificaciones que correspondan para reparar las implicaciones negativas del Capítulo IV, Artículo 267 de la CPE en vigencia, relativo a la «Reivindicación marítima»: I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Artículo 268. El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres, y de la marina mercante será prioridad del Estado, y su administración y protección ser ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley.
¿»TRAICION A LA PATRIA?»
«En sentido figurado existen mayores y mejores razones para considerar traición a la patria la renuncia explícita a la reivindicación marítima en nuestra relación con Chile…Ni la presidenta Bachelet hubiera redactado mejor este artículo en consonancia con los intereses de Chile», comenta el constitucionalista Carlos Alarcón.
«En lugar de afirmar categóricamente que Bolivia reivindica su derecho adquirido, irrenunciable e imprescriptible, de dominio sobre todo el territorio que le fue despojado en una guerra injusta de agresión y que le privó de una salida soberana al Pacífico, esta norma limita la reivindicación sobre el territorio «que le dé acceso» a este océano y su espacio marítimo… Como el territorio que dé acceso al Pacífico y su espacio marítimo todavía no lo tenemos y podemos nunca tenerlo dependiendo de la buena o mala voluntad de Chile, entonces no tenemos derecho a nada hasta que no se verifique un hecho futuro e incierto que no depende de la voluntad unilateral de Bolivia. Esta increíble renuncia a nuestro anhelo más sagrado como nación se encuentra contenida en la nueva Constitución»
¿ INTERES POR PAGO DEVENGADO?
La cuenta, por un centenar de años de desviar las aguas, sumaría unos 700 millones de dólares, hechos los cálculos iniciales: Andrónico Lúcksic debería por su parte 210 millones por haber usado de ellas durante 30 años, según otros observadores, lo que lleva a preguntarse ¿Quién pagará por los otros 72 años? ¿Resarcirá el Estado chileno los 490 millones restantes por haberse beneficiado desde el pasado siglo no sólo agua dulce para el consumo doméstico sino para el regadío y las minas de cobre? ¿Honrará los intereses?
[1] La Prensa y agencias, 30 marzo 2009
[2] Emol.com.cl , con base en DPA citando a El Deber , 16-abril-2006. Idem: lanacion.cl, y Bolpess.com
[3] «Mar de demagogia», La Primera, 17 enero 2008