La Oficina en Bolivia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a un año de la masacre del 11 de septiembre de 2008 en Pando, hace una exhortación a que hechos tan graves no sean olvidados ni queden en la impunidad. En su informe, la Oficina concluyó que la masacre de campesinos y normalistas […]
La Oficina en Bolivia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a un año de la masacre del 11 de septiembre de 2008 en Pando, hace una exhortación a que hechos tan graves no sean olvidados ni queden en la impunidad. En su informe, la Oficina concluyó que la masacre de campesinos y normalistas constituyó una grave violación de los derechos humanos que habría sido cometida por funcionarios de la prefectura, funcionados del SEDCAM, miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura de Pando.
La Oficina expresa preocupación por que la investigación penal desarrollada hasta ahora desemboque prontamente en un juicio justo, en el marco del respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso. Cabe recordar que al centro de estos procedimientos están las víctimas, su derecho a conocer la verdad, a tener acceso a la justicia y a obtener una debida reparación. Todo esto se vería afectado si tan graves violaciones a los derechos humanos quedan en la impunidad.
La investigación de los hechos de Pando por el sistema penal ha vuelto a poner en evidencia la profunda crisis, no de hoy, que atraviesa la justicia boliviana, afectada por problemas estructurales y coyunturales de fondo. En particular, resulta inquietante que, a la fecha, los imputados no conozcan aún su acusación, de ser el caso, a fin de poder preparar adecuadamente su defensa, garantizándose el respeto a los principios de legalidad e igualdad de armas.
La Oficina del Alto Comisionado reitera su recomendación de que la masacre y los otros hechos acaecidos en El Porvenir y sus alrededores el 11 de septiembre sean esclarecidos con estricto apego a los principios procesales y sin que se incurra en dilaciones indebidas. Igualmente, a nivel administrativo, disciplinario y penal, si fuera el caso, se deben llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar si el accionar de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley el 11 de septiembre fueron las más adecuadas para evitar la escalada de la violencia, prevenir violaciones de derechos humanos y proteger a las víctimas.
Asimismo, la Oficina hace un llamado al Ministerio Público, director de la investigación, para que de manera urgente adopte las medidas más eficaces e inmediatas para garantizar la seguridad de los testigos, a fin de que puedan contribuir con sus declaraciones al esclarecimiento de los referidos hechos.
Por último, la Oficina reitera todas las recomendaciones formuladas a las autoridades competentes del Estado boliviano contenidas en el Informe de la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los Hechos de Violencia Ocurridos en Pando, publicado el 24 de marzo de 2009.
FIN
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