Con el decreto presidencial emitido por Felipe Calderón el pasado sábado 10 de Octubre, el cual establece la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se abre una nueva etapa en la lucha de clases en México, la cual debemos tomar con mucha seriedad. Para comprender el significado político de dicho acontecimiento […]
Con el decreto presidencial emitido por Felipe Calderón el pasado sábado 10 de Octubre, el cual establece la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se abre una nueva etapa en la lucha de clases en México, la cual debemos tomar con mucha seriedad. Para comprender el significado político de dicho acontecimiento es necesario enmarcarlo dentro de la ruta propuesta por los organismos financieros internacionales para completar el cuadro de «reformas estructurales» sugeridas por dichos ellos mismos y que tienen en calidad de pendientes, así como analizar la ruta que se ha trazado desde el gobierno calderonista para satisfacer las exigencias del imperialismo en dicha materia.
Vieja propuesta, nuevo intento. La privatización de la industria eléctrica
Para empezar habremos de recordar que fue en 1999 cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo promovió una iniciativa de ley encaminada a privatizar la producción y distribución de la energía eléctrica, esto tras un proceso de continuas privatizaciones que habían sido aplicadas durante las gestiones de los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, además de las ya promovidas por el propio Zedillo. Es muy oportuno recordar que las privatizaciones fueron posibles entre otras cosas por el grado de colaboración que el régimen ha tenido con los sindicatos charros[2] quienes no solamente no opusieron una resistencia efectiva contra las mismas sino que coadyuvaron a su aplicación.
No fue coincidencia que el 13 de agosto de 1999, Ernesto Zedillo en el acto de conmemoración de la nacionalización de la industria eléctrica, haya promovido la privatización de la misma acompañado por los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por la dirigencia charra del SUTERM; entonces Zedillo dijo:
Es por eso que debo de insistir una vez más en que no debemos darle más vueltas a la decisión necesaria para enfrentar el desafío de contar con energía suficiente, de calidad y a precios competitivos. Esa solución existe y es la que más conviene a la circunstancia de hoy y a nuestro porvenir como nación.
Esta solución es abrir el sector eléctrico a más participantes para obtener los recursos que demanda su fortalecimiento y expansión en los próximos años. Esta solución se encuentra en la iniciativa de reforma constitucional que sometí a la consideración del Honorable Congreso de la Unión a principios de este año. El propósito de esta reforma es abrir la posibilidad de que los particulares puedan participar en la generación, la distribución y comercialización de energía eléctrica.[3]
Este hecho naturalmente refleja que para entonces la decisión de privatizar la energía eléctrica estaba perfectamente arreglada entre el gobierno y el sindicato corrupto de CFE. Por supuesto el SUTERM no ofreció resistencia alguna a dicha iniciativa, sin embargo esta se detuvo por las constantes y combativas movilizaciones que realizó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), mismas que coincidieron con el movimiento estudiantil de la UNAM en 1999, lo cual permitió una alianza muy importante entre estudiantes y electricistas para detener el proceso de privatizaciones impulsado por el gobierno zedillista.
Esta iniciativa fue retomada por el gobierno de Fox en el 2002 y nuevamente fue el SME y las organizaciones sociales y políticas de izquierda quienes detuvieron dicho intento. La cosa estaba muy clara, no podría prosperar la iniciativa de privatizar la energía eléctrica mientras el gobierno mexicano encontrara de frente la resistencia del SME.
Sin embargo el capital transnacional no ha quitado el dedo del renglón y ha venido insistiendo en la necesidad de avanzar en las «reformas estructurales» poniendo siempre un énfasis en la privatización de la industria eléctrica. La OCDE ha declarado por ejemplo que:
«En el sector eléctrico, dada la importancia del sector para el crecimiento en el futuro, tendrá que aplicarse una estrategia de reforma que sea coherente. Existen restricciones constitucionales contra la propiedad privada en la generación, transmisión y distribución de la electricidad. Por desgracia, la reforma del sector eléctrico se ha politizado. La ambiciosa reforma propuesta por el gobierno anterior en 1999 no fue aprobada por el congreso; en 2002 se presentó una nueva propuesta. Su alcance es más limitado, pues no tiene prevista la privatización, pero abriría la generación a productores privados en una escala más amplia y permitiría que los grandes consumidores eligieran a su proveedor. Esta propuesta aún no ha sido aprobada. En algún punto en el futuro, la reforma eléctrica tendrá que regresar a la agenda: los obstáculos legales a la inversión privada deberían ser eliminados, para permitir la expansión necesaria de la oferta de electricidad, con la intención de proporcionar a las empresas un suministro creciente y confiable de energía a menor costo en el mediano y largo plazo, manteniendo así el atractivo de México para la IED»[4]
Es inútil que el Presidente Calderón insista en andarse por las ramas diciendo que la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro no implica su privatización, está muy claro que siempre ha sido ese el propósito y el primer paso habría de ser eliminar el principal obstáculo que el gobierno había enfrentado para hacerlo, el Sindicato Mexicano de Electricistas.
La ruta de Calderón. Ejército + neoliberalismo
Ya en otras ocasiones hemos insistido en la necesidad de comprender el porque se concretó el fraude electoral que llevó a Calderón a la presidencia en el 2006. No es el pueblo el que decide a través de las elecciones quién va a gobernar el país, sino la parte hegemónica de la clase capitalista quien a través de un sinnúmero de mecanismos, promueve e impone a las fuerzas políticas de su preferencia; en ocasiones las manipulaciones financieras y mediáticas son suficientes para orientar el curso de la elección, aún sin recurrir al fraude, y en otras como es el caso de las elecciones de 1988 y del 2006, recurren a la manipulación burda sobre las boletas y resultados electorales para imponer a su gente.
Calderón ofreció al capital transnacional, principalmente de origen norteamericano, una estrategia integral que implicaba desatorar el avance de las privatizaciones que desde finales del sexenio de Zedillo y durante el sexenio de Fox se habían entorpecido, principalmente a causa de la irrupción de movimientos de resistencia tanto a las privatizaciones como a la imposición de los megaproyectos de la burguesía como el Aeropuerto en Texcoco. En este sentido podemos destacar el papel del propio SME, del movimiento estudiantil de la UNAM de 1999-2000, las luchas de los pueblos originarios, del EZLN, del pueblo heróico de San Salvador Atenco y de la APPO.
Las elecciones del 2006 representaban para la burguesía un dilema sobre dos rutas para continuar con la agenda neoliberal: La encabezada por Felipe Calderón y la encabezada por Andrés Manuel López Obrador. La primera representaba la posibilidad de acelerar el proceso de acumulación capitalista de corte neoliberal, a través del combate policíaco militar en contra de los movimientos de resistencia, y el segundo de su cooptación y control a través de recursos de mediación y contención social de la inconformidad acompañado de programas sociales y políticas de austeridad.
El imperialismo apoyó un proyecto similar al que representa el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, el cual implica que existe la posibilidad de derrotar a la resistencia y a la oposición más decidida con medios policíaco-militares sin necesidad de otorgar concesiones a sus adversarios. Naturalmente esta opción implica un aumento de la represión y la adopción de métodos legales e ilegales, prácticamente sin más distinción que su efectividad para llevar a cabo sus propósitos.
Dicha política tiene su punto más significativo de arranque en el propio sexenio foxista con la represión perpetrada en San Salvador Atenco en mayo del 2006, y que tendría su continuidad con la represión a la APPO. Así mismo ha sido afianzada con varios hechos significativos entre los que destacan las condenas históricas impuestas a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de más de 100 años de prisión.
De entonces a ahora, han sido pocos los movimientos que han contado con otra suerte que no sea la represión desmedida por parte del Estado; sin embargo es necesario decir que tampoco han sido muy significativos los intentos del gobierno calderonista por continuar con la aplicación de la agenda neoliberal. La iniciativa más significativa fue la de la privatización de PEMEX, misma que tuvo que ser reducida por la fuerte oposición que enfrentó.[5]
Calderón y las fuerzas políticas que representa dependen para continuar en el gobierno de demostrarle a los grupos de capitalistas que los pusieron ahí, su efectividad, es decir, Calderón y su gente tienen que demostrar que su estrategia es la mejor para el capital, y no podrá hacerlo si al final de su sexenio entrega a los grandes capitalistas puras excusas.
Calderón se movió durante los primeros tres años de su gestión con relativa cautela en lo que se refiere a impulsar las llamadas reformas estructurales, la crisis política del 2006 no le permitía avanzar más rápido pues el temor de reactivar la movilización popular era importante, sin embargo durante esos tres años estuvo preparando el terreno para hacerlo; esto a través de promover el papel del ejército y la policía federal, todo esto con el amparo de una supuesta lucha a muerte contra el narcotráfico cuyos propósitos y resultados son altamente cuestionables. Evidentemente Calderón ha decidido poner en marcha una segunda etapa en su plan que consiste precisamente en imponer por los medios que sean necesarios las reformas a las que se comprometió con los grandes capitalistas.
En los últimos meses se ha venido mostrando de forma cada vez más clara la estrategia represiva del gobierno calderonista, misma que en las últimas semanas se ha venido acompañando de una serie de confusiones promovidas en los medios de comunicación para hablar de terrorismo interno y promover una serie de señalamientos que pretenden inculpara a luchadores sociales en supuestos actos de terrorismo.[6]
El golpe al SME y la importancia de resistir a la imposición
Tomando en cuenta lo anterior no sorprende que haya sido precisamente el ejército y la policía federal los encargados de encabezar esta imposición. Todo el aparato de Estado se ha echado a andar, todos los niveles de gobierno, los principales organismos represivos, los tres poderes de la unión y los aparatos ideológicos han echado toda la carne al asador cerrando filas en contra del SME y en pro del proyecto privatizador.
El golpe tiene muchas dimensiones; es un golpe al sindicato más incómodo para el régimen, es un golpe para los sindicatos en general, para las fuerzas de izquierda y para la clase trabajadora, además de significar un avance importante en la conquista del cumplimiento de los compromisos del gobierno para con el gran capital.
Por ello no es poco significativo el hecho de que los principales argumentos esgrimidos por el gobierno federal giren alrededor de disminuir la posición que los trabajadores electricistas habían conquistado con respecto del capital; el gobierno culpa al monto de los salarios y las jubilaciones de los trabajadores de la poca eficiencia de la compañía de Luz y Fuerza, nuevamente los argumentos que vienen del capital ignoran olímpicamente que son precisamente los trabajadores los que generan la producción y la riqueza con su trabajo, y que en cada gramo de riqueza producida con ayuda de la energía eléctrica va incorporado el trabajo de los electricistas.
Así mismo el gobierno anticipa que cualquier recomposición de la industria eléctrica pasará por la disminución del salario y las prestaciones de los trabajadores. No sólo eso, sino que al mismo tiempo le pone nombre descaradamente a su enemigo de clase, los trabajadores, con ello anuncia que vendrán nuevos golpes en contra de los trabajadores organizados para que el capital incremente sus ganancias y pretenda superar la crisis abatiendo el salario y las históricas conquistas laborales, engrosando aún más el ya enorme contingente de trabajadores que laboran en condiciones de precariedad.
De concretar el golpe, el bloque capitalista dominante fortalecería su posición en la lucha de clases y se envalentonaría para dar continuidad a sus proyectos, y todo esto con el respaldo de las fuerzas armadas y de los demás organismos de represión del Estado. ¿Qué seguiría? La lista es grande y no se puede saber con precisión a quién iría dirigido el siguiente golpe, pero en la lista siguen estando las comunidades indígenas en resistencia en Chiapas y el resto del país, el pueblo de en San Salvador Atenco, los pueblos de Oaxaca, los mineros, los maestros, los trabajadores de la salud, los petroleros, la UNAM, etc.
Lo más preocupante es que no se trata de una acción aislada y que si el gobierno está decidido a continuar con la aplicación de la agenda neoliberal, seguramente está planeando simultáneamente el combate a sus más decididos opositores, sobre todo estará pensando en asestar golpes selectivos y masivos en contra de las organizaciones de carácter revolucionario, quienes no sólo están pensando en resistir sino que su dimensión organizativa y programática va dirigida en contra del capital en su conjunto y no sólo de algunas medidas.
El proceso de resistencia implicará definiciones políticas muy significativas para las fuerzas que estén decididas a ser parte de la misma, habrán seguramente quienes sigan apelando a la conciliación de clase y se pierdan en el dilema de resistir enérgicamente a pesar de la fuerte amenaza represiva, o tratar de hacerlo institucionalmente para no provocar la ira del régimen; y por otra parte, se irá viendo quienes son los elementos más decididos para llevar la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores hasta las últimas consecuencias, concientes de que el Estado no requiere de pretextos para atacar la posición del pueblo trabajador.
Es importante entender que si bien las fuerzas represivas del Estado tratarán de aplicar una represión selectiva en contra de los elementos más decididos y radicales en la lucha, intentando aislarlos y hacerlos caer en trampas, acusarlos de conspirar, de ser terroristas o insurgentes, el proceso de represión ha llegado a un punto tal que está alcanzando incluso a sectores menos radicalizados. Esto se ha vendido acelerando porque los tiempos del capitalismo mundial, sumido en una profunda crisis, no admite demoras y se está preparando para imponer sus planes en contra de cualquier opositor.
Se vienen tiempos difíciles, de resistencia, de definiciones políticas, de represión en donde la lucha de clases se está dando de forma cada vez más clara y el enfrentamiento más directo. A corto o a mediano plazo ninguna fuerza de izquierda que se precie de serlo podrá prescindir de adoptar una posición clara y definidamente de clase, quienes pretendan seguirle dando gusto a capitalistas y trabajadores por igual se verán enfrascados en sus propias contradicciones y más tarde o más temprano el pueblo trabajador, cada vez más precarizado y cada vez más enojado dejará de ver en ellos un referente.
Por su parte, las organizaciones políticas y sociales que ya han adoptado una posición de clase, decididamente a favor de los trabajadores y en contra del capital, tendrán que ponerse a la altura de las circunstancias y realizar simultáneamente su labor en cuando menos dos aspectos, la resistencia y la construcción organizativa con aspiraciones revolucionarias. Habrá que luchar por impedir el avance del neoliberalismo y de detener los golpes tan graves como el que hoy han dado al SME, pero sin olvidarse de cumplir históricamente con la responsabilidad de organizar la lucha de los trabajadores, de los campesinos, los pueblos originarios, y del pueblo explotado en general, en contra del capitalismo y por la conquista del socialismo.
[1] El autor es militante del Comité de Lucha por el Movimiento de Emancipación Nacional (COLMENA), es Maestro en Estudios Latinoamericanos y Licenciado en Sociología por la UNAM y actualmente se encuentra estudiando el Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. [email protected]
[2] Forma en la que se conoce en México a los sindicatos corruptos que en el discurso defienden a los trabajadores pero que en los hechos colaboran con la patronal y están profundamente ligados al aparato de Estado, sobre todo a través del PRI.
[3] Los Pinos, 13 de agosto de 1999.
Versión estenográfica de las palabras del presidente Ernesto Zedillo, durante la ceremonia conmemorativa que encabezó con motivo del LXII Aniversario de la Comisión Federal de Electricidad, en la que hizo entrega de reconocimientos de la institución, en el salón Adolfo López Mateos, de la residencia oficial de Los Pinos.
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/ago99/13ago99.html
[4] Estudios económicos de la OCDE: México 2005. Pág. 101.
[5] Digo que reducida y no detenida porque finalmente se aprobó una reforma que representó un ligero avance en los intereses imperialistas sobre PEMEX, aunque ciertamente no cumplió con todas sus expectativas.
[6] Muestra de ello fue la reciente detención del activista estudiantil Ramsés Villarreal a quien lejos de ofrecerle pruebas de su supuesta culpabilidad, trataron de utilizarlo para señalar a luchadores sociales como responsables de colocar petardos en sucursales bancarias. A la vez que supuestos periodistas pretenden entretejer una serie de conspiraciones entre grupos insurgentes de América Latina y México con las organizaciones políticas y sociales del país.