Ser actora política en Bolivia es una profesión de riesgo. Cientos de denuncias de violencia lo avalan, pero permanecen sin sanción mientras un proyecto de ley para proteger los derechos de las mujeres en funciones públicas peregrina desde hace nueve años por su aprobación. La gerente general de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), […]
Ser actora política en Bolivia es una profesión de riesgo. Cientos de denuncias de violencia lo avalan, pero permanecen sin sanción mientras un proyecto de ley para proteger los derechos de las mujeres en funciones públicas peregrina desde hace nueve años por su aprobación.
La gerente general de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), María Eugenia Rojas, recalcó a IPS la urgencia de que sus agremiadas cuenten con una norma que las proteja y genere conciencia sobre una realidad tan grave como poco conocida.
Pero también reconoció fatiga por la insensibilidad del Congreso legislativo ante la demanda, incluso tras la llegada a la Presidencia en 2006 de Evo Morales, al frente de un gobierno de reivindicaciones indigenistas que refundó las bases del Estado con una Constitución vigente desde febrero, donde los derechos de la mujer fueron muy reforzados.
Rojas desestimó escoger un caso de violencia por actividad política como el más grave. «¿El de la concejala que perdió a su bebé por agresiones, la golpiza que estuvo a punto de matar a otra, o la violación de una autoridad municipal?», se preguntó.
Pero no tuvo dudas en un factor común en las más de 200 denuncias acumuladas tan sólo en la asociación. «Tienen detrás una historia de discriminación y violencia por razón de género», denunció.
La violencia de género por ejercicio político se manifiesta en muchos niveles, pero adquiere su mayor virulencia e impunidad en los municipios de las zonas rurales.
«Las humillaciones en público a las concejalas elegidas por voto democrático o los latigazos aplicados como castigo por las comunidades indígenas reclaman atención por el ultraje a los derechos de las mujeres», explicó Rojas.
La historia de la defensa de los derechos de las mujeres en su actividad como funcionarias públicas elegidas tiene para Acobol la carga de frustración de que hasta ahora ninguno de los agresores fue sancionado por la justicia.
Fue esa realidad la que llevó en un proceso de consultas muy participativo a proponer un proyecto de Ley Contra el Acoso y la Violencia Política en Razón de Género, al concluir que sólo así podría defenderse el derecho de las mujeres a participar en política en condiciones de equidad y de seguridad.
Sólo Ecuador cuenta en América Latina con una ley similar a la planteada en Bolivia.
Actualmente, una de las mujeres que en 2005 se sumó a impulsar el proyecto está al frente del Ministerio de Justicia. Se trata de Celima Torrico, antigua dirigente sindical, reportera de radioemisoras populares y presidenta de la Asociación de Concejalas del central departamento de Cochabamba.
En diciembre Bolivia tendrá elecciones generales y las mujeres debían ocupar 50 por ciento de las candidaturas a cuerpos colegiados según la nueva Constitución, aunque esa mitad sólo se logró en el Senado y en las llamadas listas plurinominales.
Torrico cambió recientemente su postura sobre la ley y aboga ahora por ampliar su cobertura a los hombres que participan en política y sufren también de violencia por sus cargos o sus posturas sobre la administración de los gobiernos municipales, según detalló a IPS en su despacho.
El proyecto en su redacción actual tiene como objetivos prevenir, proteger, sancionar y erradicar el acoso y la violencia contra las mujeres candidatas, electas y en ejercicio de sus funciones.
Garantiza los derechos políticos y otorga seguridad jurídica a nivel nacional, de sus nueve departamentos y sus 327 municipios, que es donde se han registrado la mayoría de los casos de discriminación y agresión política por razón de género.
«Una ley no es suficiente, pero es un paso fundamental e hito importante porque constituye un referente, más cuando se establece determinado tipo de penalidades y cuando se jerarquizan ciertas conductas que ameritan determinado tipo sanciones», comentó a IPS la delegada adjunta del Defensor del Pueblo (ombudsman), Patricia Flores.
«No se limita a una amonestación, sino que se castiga como delito», al incluirlo en el Código Penal, subrayó.
El proyecto sanciona a los autores de actos de acoso y violencia política contra candidatas, autoridades electas y en ejercicio, con sanciones administrativas, civiles y penales, que incluyen la suspensión temporal o definitiva de la actividad pública. Detrás de la violencia de género contra las políticas en cargos públicos está la resistencia a ceder el ejercicio del poder y la administración de recursos, aseguró Rojas.
EL GÉNERO, UN PLUS PARA AGRESIVIDAD
La propia ministra Torrico es un ejemplo de las variadas formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres cuando deciden participar en política.
Tenía 13 años cuando su padre, un agricultor de la comunidad indígena de Chillijchi, en los valles andinos de Cochabamba, le pidió sustituirlo en las tareas de secretario de actas de un sindicato regional.
Los pobladores la rechazaron por mujer y adolescente y Torrico no logró siquiera verificar la asistencia de los afiliados antes de que le arrebataran el libro de actas. Entonces «la mujer debía quedarse en casa lavando ropa, atendiendo a los hijos, cocinando, y ni siquiera tenía derecho para asistir a reuniones», recordó la ministra.
No se amilanó y pronto pasó a la comunicación radial, donde se destacó por recoger y difundir testimonios de la gente del pueblo. En su vestimenta habitual mantiene el sombrero ligero y la pollera (falda étnica) corta, propios de las mujeres de los valles, lo que generó el rechazo de sus colegas y sigue siendo objeto de críticas.
En 2007, como consejera departamental en la Prefectura (gobernación) de Cochabamba, soportó el peso político del entonces prefecto y ahora candidato a la Presidencia, Manfred Reyes. Por orden suya fue vigilada y los teléfonos de su familia intervenidos, en medio de un violento conflicto entre cultivadores de coca y opositores al gobierno de Morales.
Cuando fue nombrada ministra, las críticas fueron inmediatas y el colegio de abogados la declaró persona no grata, entre otros argumentos, por su condición de chola (mujer del campo y/o rasgos indígenas). Su propia madre le pidió que volviera a la comunidad a cultivar la tierra, para evitar las críticas por su origen y falta de estudios académicos.
Con las dirigentes sindicales, «a veces lloramos de impotencia por lo que sucede», confío reflexiva a IPS, mientras compartía entrevista e infusión de hojas de coca, en una capital donde no es frecuente que los ministros dialoguen con los periodistas.
Torrico aseguró que es la evidencia la que la llevó a la conclusión de que el proyecto debe ampliarse para proteger a todas las personas frente a la violencia política cuando se desempeñan como autoridades elegidas democráticamente, porque las agresiones tienen más orígenes que el de género.
«Hay también autoridades hombres maltratados», reveló al discrepar de las organizaciones de mujeres que insisten en una ley específica para enfrentar la violencia política por razón de género y proponen normas separadas para enfrentar otras agresiones en el campo del ejercicio público.
Acobol justifica esta tesis en que todos los análisis muestran que «las relaciones de poder ejercidas con violencia afectan de manera directa a las mujeres por el hecho de ser ‘mujeres’ y por estar en funciones político-públicas».
Un estudio realizado por Acobol entre 2000 y 2005 y actualizado con los dos centenares de denuncias posteriores, mostró que 36 por ciento del acoso y los maltratos buscaban forzar a las concejalas a dejar su cargo para dar paso a un varón designado como reemplazante.
Un 20 por ciento de denuncias fueron de violencia física y otro 19 por ciento de acoso y presiones para evitar que ejerciesen su función de fiscalización y vigilancia en los gobiernos municipales.
El resultado de la dura experiencia es que las concejalas no repiten. No vuelven a postularse al cumplir su periodo de cinco años, porque salvo excepciones concluyen que la función pública no merece el sacrificio, lo que corta en la base la emergencia de liderazgos femeninos, explicó Rojas.
Sólo cuatro por ciento de las concejalías tienen rostro femenino y en las 327 alcaldías municipales, sólo 25 tienen al frente una mujer, según datos de Acobol.
La vulneración a los derechos de las mujeres que ejercen la política se produce contra militantes de todos los partidos y todas las ideologías, así como dentro de los pueblos indígenas y las agrupaciones ciudadanas, destacó Rojas.
Pero la geografía sí hace la diferencia. La dirigente de las concejalas bolivianas detalló que en las regiones llanas y amazónicas se acepta más la incorporación femenina a cargos políticos, mientras en los valles y montañas andinas las mujeres que son autoridad pública soportan más opresión y discriminación, por la pervivencia de una estructura muy patriarcal.