La democracia es el sistema político en el que el pueblo, definido como la asociación de hombres y mujeres que habitan el mismo territorio y que viven bajo las mismas leyes, unidos con el vínculo de la comunidad de intereses civiles, económicos, sociales y políticos, asume la facultad de gobernarse a través de sus representantes […]
La democracia es el sistema político en el que el pueblo, definido como la asociación de hombres y mujeres que habitan el mismo territorio y que viven bajo las mismas leyes, unidos con el vínculo de la comunidad de intereses civiles, económicos, sociales y políticos, asume la facultad de gobernarse a través de sus representantes electos en las urnas mediante un proceso transparente en el que participen todos sus miembros habilitados para ejercer ese derecho constitucional.
Es decir, ningún poder del Estado está facultado para impedir que el pueblo ejerza ese derecho soberano y se pronuncie mediante el voto, la máxima expresión de un estado de derecho, mucho más si en tiempo récord los electores bolivianos cumplieron con todos los requisitos exigidos para ser habilitados en el Padrón Electoral Biométrico, registro que no sólo garantiza la transparencia del proceso, sino que pone a la democracia boliviana como ejemplo a seguir por los demás países latinoamericanos.
En ese contexto, la decisión de ‘observar’ a 400 mil votantes, para que no participen de los comicios de este 6 de diciembre, que había asumido el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) se constituía -a todas luces- en un atentado en contra de la forma más genuina de participación popular en la construcción de los destinos de la patria.
Por eso, la voluntad del pueblo de asumir la facultad de autogobernarse se trasuntó en una contundente respuesta a la inconsecuencia, a la maniobra, a la forma más sutil de cometer un genocidio político, de marginar de la democracia a cerca de medio millón de electores, de asesinar impune y civilmente al 8 por ciento de los bolivianos y bolivianas en edad de votar, sin juicio ni sentencia, sin derecho a la apelación.
Esa presión popular impidió que tal atentado en contra de la democracia se consumara, porque no sólo fueron decenas ni cientos de electores que se volcaron a las oficinas de las cortes departamentales electorales para reclamar por sus derechos constitucionales en peligro de ser conculcados, sino que cientos de miles les enrostraron al OEP y a los partidos de derecha -que aplaudieron la arbitraria inhabilitación electoral- que no estaban dispuestos a tolerar una medida anticonstitucional que vulneraba el corazón mismo de una democracia nacida en el campo y en las ciudades, en el llano y en el altiplano, en la amazonia y en el chaco, en las cumbres andinas y en los valles.
Quienes respaldaron esa actitud antidemocrática buscaban atenuar de alguna manera una anunciada y contundente derrota electoral y por eso apostaron a ganar en mesa los votos que no lograrán en las urnas pero no contaron con la conciencia democrática de los bolivianos, cuya férrea voluntad soberana rechazó una manipulación política alimentada por aquellos intereses ajenos a los de la patria.
Con la marcha atrás del OEP sobre su inicial decisión de cuestionar el registro biométrico de casi medio millón de electores -sobre 5,1 millones inscritos en el padrón- ganó sin duda la democracia que se sustenta en el voto del pueblo, en el soberano…, pero perdieron los representantes de la impostura y de la falacia, los maestros del fraude y de la componenda, los nostálgicos del Estado colonial, prebendal y corrupto que les permitió acumular riquezas en un país que sembraron de millones de pobres.
El 23 de noviembre, el organismo electoral nacional había ‘observado’ el derecho al sufragio de 400.671 ciudadanos anotados en el Padrón Biométrico, bajo el argumento anticipado de que «no contaban con el certificado de nacimiento ni datos en el Registro Civil».
Con esa medida, los vocales electorales habían desconocido el trabajo de sus propios funcionarios que tuvieron a su cargo la inscripción de electores en el nuevo padrón, que no sólo registró la firma de los votantes, sino también su fotografía, sus huellas dactilares y todos sus datos personales. Es decir, fueron electores de carne y hueso quienes corrieron el riesgo de ser prohibidos de ejercer su derecho al voto a favor del candidato que consideren el más idóneo para representar su voluntad soberana.
Y como era de esperarse con la habilitación de esos 400 mil electores -que representó un triunfo de la democracia boliviana-, voceros de las corrientes neoliberales reaccionaron como sólo ellos saben hacerlo. Acusaron al OEP de «parcializarse» con la candidatura de Evo, exigieron que los ‘observados’ sean prohibidos de votar y denunciaron un supuesto «fraude electoral».
Pero para que el ente electoral vuelva sobre sus pasos fue necesario que decenas de miles de electores colapsen las cortes departamentales electorales y oficialías de registro civil. Hasta antes de que todos los ‘observados’ sean habilitados para ejercer su derecho al sufragio, 304.934 ya le habían demostrado al presidente del OEP, Antonio Costas, que no eran fantasmas sino ciudadanos de carne y hueso, con los mismos derechos de éste, y sólo quedaban en el limbo electoral 95.737 personas, las que finalmente también fueron habilitadas para este 6 de diciembre, aunque para participar en los comicios prefecturales y municipales de abril de 2010 necesariamente deberán presentar su certificado de nacimiento.
Pero más allá del discurso de «fraude» que ahora asumirá al unísono la derecha y las vicisitudes que tuvieron que enfrentar en los últimos días los ‘depurados’ del Padrón Electoral Biométrico, se impuso la Constitución Política del Estado, la cordura electoral, el derecho de todos los bolivianos de participar con su voto en la construcción de la patria, pero fundamentalmente ganó la democracia.