Hace unos meses publicamos un artículo sobre el debate que estaba (y está) desarrollándose en Chile a partir del tratamiento legislativo de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, impulsada desde el Gobierno (saliente) de Michelle Bachelet. Un aspecto interesante del proceso es la confluencia de nuevos actores y voces que se han convertido en grupos […]
Hace unos meses publicamos un artículo sobre el debate que estaba (y está) desarrollándose en Chile a partir del tratamiento legislativo de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, impulsada desde el Gobierno (saliente) de Michelle Bachelet.
Un aspecto interesante del proceso es la confluencia de nuevos actores y voces que se han convertido en grupos de presión que canalizan los intereses de los ciudadanos, y abordan el tema de la propiedad intelectual desde nuevas perspectivas: el acceso al conocimiento, los derechos de los usuarios, la cultura como patrimonio común, la privacidad etc. Estas voces provienen, como en muchos países que pasan por debates públicos similares, de grupos de usuarios, redes sociales, blogueros, activistas del software libre, y organizaciones de la sociedad civil.
ONG Derechos Digitales
Una de las organizaciones mas visibles y activas en el debate chileno es la ONG Derechos Digitales.
Vale mencionar algunas de sus iniciativas: Creative Commons Chile, la adecuación de la licencias Creative Commons a leyes locales realizadas junto con la Universidad de Chile; el sitio Trato justo para todos, para informar adecuadamente a la ciudadanía de qué tratan las modificaciones de la legislación sobre propiedad intelectual, o Hipatia, una publicación sobre tecnología y cultura libre (muy recomendable) que también se puede acceder vía web.
También, a través de Derechos Digitales es que Horacio Potel, Bibliofyl, el acuerdo CADRA-UBA, o las declaraciones de Daniel Link, cruzaron la cordillera y fueron tratados en el programa Conexión Social, conducido por Paz Peña y Claudio Ruiz, que sale por AM Radio Tierra de Santiago y por FM La Radioneta de Valparaiso. El programa puede escucharse entero en el sitio de Conexión Social. Aquí subimos sólo el segundo bloque sobre Argentina (la emisión es previa al sobreseimiento de Horacio):
Claudio Ruiz Gallardo es abogado y director de la ONG Derechos Digitales, (también tiene blog: Quemar las Naves), y amablemente accedió a una entrevista de Derecho a Leer, que realizamos vía e-mail:
¿Cómo se inició la ONG Derechos Digitales y cuáles fueron las principales motivaciones para llevarla adelante?
La ONG surge en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Algunos veníamos del mundo del derecho constitucional, otros del derecho informático y otros de los derechos humanos, pero juntos detectamos que hacía falta en Chile (y en la región, si me apuras) un grupo de personas que apuntara a la protección del interés público comprometido cuando se trata de regulación de nuevas tecnologías. Así montamos la ONG con el fin de promover y proteger los derechos fundamentales (libertad de expresión, derechos de autor, privacidad, entre otros) en el entorno digital desde el interés público.
La nueva ley de propiedad intelectual en Chile
¿Cuál fue la motivación que llevó al gobierno de Chile a abrir un proceso de discusión para una nueva ley de propiedad intelectual?
Fundamentalmente el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos del año 2003 obliga a Chile a realizar una serie de modificaciones en materia de propiedad intelectual. Como sucede en casi todos estos instrumentos de comercio, el objeto es aumentar los estándares de protección sin importar los estándares de acceso. Esto es lo que explica el aumento del plazo de protección de derecho de autor en Chile, pasando de 50 años a 70 el año 2003.
No obstante lo anterior, el proceso legislativo en un principio fue muy interesante debido a la inclusión de una serie de excepciones y limitaciones al derecho de autor que permitieran más acceso para el público en general. Si uno analiza con detención el estándar actual de excepciones en Chile, el resultado no puede ser sino penoso, toda vez que la palabra bibliotecas ni siquiera aparece en la ley, haciendo ilegal buena parte de las actividades que realizan estas instituciones en el país.
¿Cuál es la situación actual de la nueva ley? ¿Ha sido (o está siendo) un cambio positivo o negativo según tu perspectiva?
Chile tiene actualmente una de las legislaciones más atrasadas de la región en relación al acceso. El sistema de propiedad intelectual debiera apuntar a un equilibrio normativo entre autores, industria y el público, pero cada reforma que se ha hecho en Chile ha apuntado a sobreproteger a los titulares de derecho en detrimento del público. Esto lleva a absurdos como ilegalizar buena parte de las prácticas comunes que se realizan en internet, tengan o no fin de lucro, y a la criminalización de bibliotecas y archivos.
En este contexto, cualquier cambio que integre excepciones va a ser positivo. El proyecto actualmente en curso tiene varias falencias, pero sin ninguna duda la integración de excepciones hace que esta reforma sea tal vez la más importante que se ha hecho al sistema de propiedad intelectual en Chile desde el año 1970.
Entonces, ¿qué falta para que el proyecto llegue a convertirse en ley?
Falta que termine su tramitación. Hoy se encuentra esperando el veto presidencial para lograr aprobar un par de indicaciones que han sido rechazadas por la cámara de diputados. Luego de más de 2 años de tramitación, debiera ser un detalle.
«Herramientas 2.0» y el activismo
Muchas veces pasar de un contexto de un activismo más «declarativo» como puede ocurrir en los blogs, o en organizaciones informales que emergen de la web, a la negociación concreta con los actores económicos y políticos de una sociedad, suele ser un camino no libre de tensiones dentro de las mismas agrupaciones. ¿Compartes este punto de vista? ¿Has notado esas tensiones?
Yo creo que hay muchas diferencias entre un activismo como señalas declarativo y uno que esté pensado en acciones concretas de cambio legislativo. En el caso nuestro, desde hace un tiempo detectamos que con el primero es posible lograr una serie de acciones que son más bien tímidas para lograr cambios sustantivos en la regulación, y que la única forma de poder hacerlo es a través de la acción formal hacia quienes toman finalmente las decisiones a nivel político. Tengo la convicción que en la medida en la que la sociedad civil no se organice y apunte hacia una estrategia similar, de acciones concretas antes que de activismo vía permalinks, lograremos por fin que como sociedad tengamos conciencia respecto de la importancia del respeto de nuestros derechos.
Recientemente vemos cómo en España, a partir de un intento de incluir algunas medidas polémicas sobre Internet en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, se generó una reacción inédita en la red, que llevó a que el mismo Zapatero tuviese que salir a calmar las cosas. Me hace acordar a la reacción que hubo en Chile hace un tiempo sobre aquel acuerdo del Gobierno con Microsoft. Algunos subestiman estas «movilizaciones virtuales» como demasiado superficiales y fugaces ¿Qué opinas de la efectividad de esa clase de protestas que surgen de internet, en especial de la blogsfera? ¿Cuánto sirven como estrategias de lucha o mecanismos de presión?
Me parece que internet y las nuevas tecnologías en general suponen la posibilidad de poder hacer notar mucho más la voz de la ciudadanía. Y efectivamente a veces es posible a través de un activismo medial lograr que se modifiquen o encaucen decisiones políticas erráticas. El problema está en que en esto hay una trampa, que consiste en creer que sólo a través de clicks y rabiosos mensajes en twitter estamos haciendo ciudadanía y activismo. Si bien estas medidas son importantes para la información y asociatividad, la verdad es que si éstas no apuntan a medidas concretas y específicas a actores políticos, corremos el riesgo de disgregar el mensaje y finalmente no lograr los objetivos esperados.
De hecho creo que el caso español es muy interesante precisamente por lo mismo. España, a diferencia de los países de nuestra región, tiene un nivel de discusión -y de influencia medial incluso- muy importante respecto de los derechos de autor y sus equilibrios en la era digital. Pero a pesar de eso, las últimas propuestas políticas de reformas que se han hecho en España han apuntado precisamente en la dirección contraria, a seguir protegiendo intereses de titulares de derechos sin importar ni el interés ni los derechos del público.
Creo que es un ejemplo interesante de cómo el activismo desde nuestros escritorios no es suficiente para lograr modificaciones normativas reales. Sirve, sin ninguna duda, pero su utilidad va a estar determinada por el próximo cambio legislativo que se quiera proponer, que -siguiendo la pauta- estará pensado una vez más en proteger modelos de negocio vetustos y a una industria que no se quiere adaptar, sino que quiere por ley mantener privilegios comerciales que se encuentran obsoletos. El problema es que lo hacen a costa de nuestros derechos.
Fuente: http://www.derechoaleer.org/