Algunas claves de la jornada electoral en Bolivia

Apenas una semana después de su nombramiento como Alta Representante de la Unión Europea para la Política Extranjera y de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton daba la enhorabuena a Bolivia «por la manera, en general, pacífica en la que se han conducido estas elecciones (del 6 de diciembre), lo que demuestra el compromiso del pueblo boliviano hacia una representación democrática en su país, a nivel nacional y regional» (1) en una de sus primeras intervenciones públicas como Vicepresidenta y Alta Representante.

El 6 de diciembre los bolivianos eligieron al Presidente de la República y a los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado y votaron sobre el estatuto de autonomía en cinco departamentos, en las primeras elecciones tras la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana, en febrero de 2009. No hubo lugar a una segunda vuelta, prevista por la Constitución. El triunfo del partido de Evo Morales Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) fue tan contundente como previsible.

En su comunicado, Catherine Ashton expresó también su satisfacción por el «riguroso trabajo» desarrollado por la Misión de Observación Electoral de la UE, dirigida por Renate Weber (2), miembro del Parlamento Europeo, y reiteraba su compromiso con las autoridades bolivianas y «otros actores claves para apoyarlos a consolidar el estado de derecho y la estabilidad democrática en Bolivia.»

La posterior declaración oficial de la Presidencia del Consejo Europeo, de 11 de diciembre, fue un paso más allá y reiteró su apoyo a las reformas «en beneficio del todo del país iniciadas durante el primer mandato del Presidente Morales y espera reforzar en el período que comienza los vínculos de cooperación y comprensión mutuas.» (3)

La observación

Las afirmaciones de la Alta Representante se basaban en los resultados de un riguroso ejercicio de observación electoral de la Unión Europea, llevado a cabo por más de 130 observadores pertenecientes a 24 países de la UE, más Noruega y Suiza, en los nueve departamentos de Bolivia y con la observación directa a lo largo de toda la jornada electoral de más de 500 mesas, que permitió dar fe del correcto desarrollo del proceso electoral y de su ajuste a los estándares internacionales y de la propia legislación boliviana en materia electoral.

De entre los datos aportados por los equipos de observación, destaca la calificación del proceso de votación como «bueno» o «muy bueno» en un 90% de las mesas de sufragio observadas.

Una avanzadilla del equipo llegó a Bolivia en octubre, y desde su llegada desarrolló su análisis de las condiciones legales, organizativas, informativas, etc. en que se llevó a cabo el proceso electoral. Este pequeño grupo tenía por misión, entre otros, observar el proceso hasta su conclusión, incluyendo la consolidación de los resultados definitivos y la resolución de eventuales impugnaciones.

Otras organizaciones realizaron asimismo su propia observación, destacando entre ellas la enviada por la Organización de Estados Americanos, que movilizó un importante equipo de más de 100 personas; y la del Centro Carter, con un equipo internacional más reducido. En el ámbito interno, destacó sobre todo la observación realizada por Bolivia Transparente, organización que movilizó más de 4.000 personas en todo el territorio estatal, pero que no ha hecho público su informe. Voto Transparente, por su parte, organizó veinte equipos de observación electoral limitados a la capital, La Paz, y Santa Cruz.

La cuantificación de los resultados electorales por partidos y departamentos ha sido presentada ya extensamente, con datos que han sido ha dados como definitivos -victoria apabullante del Movimiento al Socialismo, MAS-IPSP-, y un análisis de la composición social del voto que resulta indicativa de los rumbos tomados por el gobierno de Evo Morales en su primera legislatura, favorables a la profundización de una «sensata revolución democrática y cultural, respetuosa de la propiedad privada, y la única capaz de garantizar estabilidad económica y social.» (4)

Así pues, a la luz de los documentos elaborados por los grupos de observación electoral analizaremos aquí algunos aspectos menos evidentes pero de gran importancia para valorar la capacidad organizativa y de desempeño democrático del Estado Plurinacional de Bolivia (denominación oficial con arreglo a la nueva Constitución, de 2009).

El papel de la Corte Nacional Electoral

Desde 2008, el Tribunal Constitucional boliviano cuenta con una sola magistrada (Silvia Salame) por lo que es incapaz de resolver ninguna causa por falta de quórum. La pugna en el Congreso Nacional ha hecho imposible cubrir las plazas vacantes, para lo que hubiera sido necesario contar con una mayoría de dos tercios. Por consiguiente, este impasse resulta en una reducción real de los instrumentos de protección de los derechos fundamentales, y hubiera podido ser causa de un cuestionamiento radical del proceso electoral por falta de las debidas garantías, de no mediar el correcto desempeño de la autoridad electoral.

El mérito de que no hubiera tal cuestionamiento recae fundamentalmente en la Corte Nacional Electoral, que realizó la organización y administración de las elecciones de manera transparente, independiente y eficaz, con la ayuda de las nueve Cortes Departamentales, que demostraron un alto nivel de efectividad y profesionalismo.

No hay que olvidar que en el periodo posterior a la aprobación de la Constitución del presente año y anterior a estas elecciones, Bolivia ha vivido asimismo en un periodo de transitoriedad legislativa. La Ley de Régimen Electoral Transitorio, provisional obviamente, sustituyó en gran medida, pero no totalmente, al anterior Código Electoral, lo que unido a la falta de Tribunal Constitucional efectivo pudo haber sido causa de un cuestionamiento de todo el proceso. La actuación de la CNE fue en este sentido ejemplar, y su gestión en la aplicación de esta ley de base resultó incuestionable.

Dos aspectos de esta elección destacan por su carácter claramente inclusivo, a la vez que demostrativo de la ampliación democrática del sistema que está en la base de la política estatal de la era Morales.

Por una parte, la creación del padrón electoral biométrico; por otra parte, la organización del voto de la diáspora.

El padrón biométrico

En la Ley de Régimen Electoral Transitorio se incluyó, después de agrios debates entre el gobierno y la oposición, la elaboración de un padrón electoral nuevo, que debería estar listo para estas elecciones del 6 de diciembre. Además de los datos demográficos del registro (nombre, dirección, número de documento de identificación) debía incluir datos biométricos (fotografía y huellas digitales) (5).

A través de los medios de comunicación, y en particular de la radio, la CNE y las Cortes Departamentales, se explicó extensamente el proceso de inscripción en el padrón biométrico y se fomentó activamente la divulgación de los procedimientos de votación.

El resultado más espectacular de la elaboración del patrón fue la incorporación de más de un millón de nuevos votantes respecto al referéndum constitucional de 2009, lo que, sobre un censo electoral de poco más de cinco millones de personas, representa un incremento del número de votantes de 27%.

Un segundo resultado fue que todas las mesas electorales del país disponían de un listado de los votantes asignados en el que figuraban también los datos biométricos además de los estadísticos. Así, la participación efectiva de todos los votantes inscritos, nuevos y antiguos, fue casi total.

En el contexto de la fase de elaboración del padrón biométrico, el acontecimiento más polémico fue la decisión de la CNE, dos semanas antes de la jornada electoral, de «observar» -es decir, verificar- más de 400.000 registros del nuevo padrón que no aparecían en el registro civil. Dado el carácter obligatorio del voto, las personas «observadas» se apresuraron a presentar certificados de nacimiento u otros documentos que pudieran dar fe. La CNE fue incorporando paulatinamente al padrón los casos más claros o flagrantes, por ejemplo, a todos los nacidos antes de 1940, año de creación del registro civil. Cuando el número de «observados» había ya bajado a 95.000 la administración electoral decidió permitir la votación de todo el grupo, a condición de presentar la debida documentación antes de finales de enero de 2010.

Esta eventualidad no dejó de ser aprovechada en un primer momento por la oposición, como supuesta demostración de la existencia de fraude electoral. No obstante, la intervención y claridad de la Corte fueron de nuevo determinantes, y la incorporación de los «observados» dejó de ser pronto motivo de discusión.

El rigor en la elaboración del padrón, su inclusividad y la movilización civil que conllevó fueron considerados por todos como elementos de garantía de éste y de futuros procesos electorales,

El voto exterior

Otra novedad destacada de estas elecciones, posibilitada por la citada Ley de Régimen Electoral Transitorio, fue la participación de los bolivianos de la emigración, al menos en los principales países de destino.

En las condiciones legales existentes, la CNE hizo lo necesario para llevar el proceso electoral a cuatro países que congregan el grueso de la emigración boliviana: Argentina, Estados Unidos, Brasil y España. El límite legal de empadronamiento que establecía la Ley era del 6% del total del padrón estatal, y este porcentaje al final no se alcanzó. Aún así, un número de en torno a 170.000 ciudadanos participó, por primera vez, en el proceso electoral desde su país de residencia. Las mesas electorales en el extranjero ofrecían las mismas garantías de participación de delegados de los partidos y movimientos políticos en el sufragio y conteo de los votos, pudiendo impugnar los votos en disputa según el procedimiento general. Los resultados reflejaron asimismo un triunfo del MAS-IPSP, salvo en Estados Unidos.

Nueva cita electoral

Para el próximo 4 de abril de 2010 están convocadas elecciones departamentales y municipales. Parece previsible y lógico que en las condiciones actuales -un Congreso en fase de salida y uno nuevo aún no instalado- no se den las condiciones para la elaboración una nueva y definitiva ley electoral que rija los comicios de abril. De nuevo el papel de la CNE, en virtud de las atribuciones que le confiere la actual Ley de Régimen Electoral Transitorio y la Constitución, y reforzada por su papel en las pasadas elecciones, será determinante en el buen desarrollo de los comicios. Con una participación sin duda tan importante como el 6 de diciembre, basada en una recuperación popular de la confianza en las elecciones y la política.

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.