¿Mitsubishi, LG, Sumitomo, Vale do Río Doce, Bolloré-Eramet, Kores…? Hasta hoy ninguna autoridad de gobierno ha dicho qué métodos o criterios utilizará para seleccionar a la empresa que mejores condiciones ofrezca para el país. Cada una de las citadas, por su lado, ha preparado propuestas de diferente naturaleza y enfoque, cuya divulgación ha sido prácticamente […]
¿Mitsubishi, LG, Sumitomo, Vale do Río Doce, Bolloré-Eramet, Kores…? Hasta hoy ninguna autoridad de gobierno ha dicho qué métodos o criterios utilizará para seleccionar a la empresa que mejores condiciones ofrezca para el país. Cada una de las citadas, por su lado, ha preparado propuestas de diferente naturaleza y enfoque, cuya divulgación ha sido prácticamente nula. Sólo las conocen unas cuantas autoridades.Como a cuenta gotas, unas veces el Ministro de Minería, otras el Vicepresidente y más adelante el Canciller, han adelantado criterios sueltos: transferencia de tecnología, fabricación de baterías, fabricación de baterías y autos en Bolivia, etc., etc.
Tratándose de una de las riquezas estratégicas más importantes del planeta, al parecer jamás se ha visto tanta improvisación y falta de transparencia como en el asunto del litio/potasio desde esferas gubernamentales.
Las autoridades actúan como si no hubieran leyes vigentes. La anterior como la actual Constitución obligan a los funcionarios públicos, empezando por el Presidente del Estado Plurinacional, a actuar con transparencia y legalidad. En ese contexto, la contratación de un «socio» (no un patrón) o una empresa contratista, debe ir precedida por un proceso de licitación pública.
Licitación pública quiere decir que el Gobierno deberá confeccionar una lista de requisitos mínimos que contenga las pretensiones del Estado boliviano respecto de esa riqueza (cantidades mínimas de producción anual, transferencia tecnológica, fabricación de baterías, fabricación de autopartes, aprovechamiento de otros minerales no metálicos de alto valor económico, etc., etc.), y establecer un método claro, transparente y de nítida y fácil aplicación, para comparar las propuestas que hagan los interesados y adjudicar aquella que sea la más conveniente a los intereses del Estado.
Esa es la forma (la licitación) que debe cumplir cualquier proceso de contratación estatal. Pero esa forma no garantiza por si misma la transparencia de los actos de gobierno. Es una condición básica, pero no es la única. Recuérdese que en la controvertida «capitalización» de las empresas estratégicas en la década de los 90 del siglo pasado, también se licitó la liquidación estatal.
Incluso se utilizaron ánforas transparentes en las que los proponentes depositaban sus propuestas y se las abría luego en presencia de notario de fe pública. Luego se supo de los negociados que precedían a cada entrega de propuesta.
El actual Gobierno tiene alguna amarga experiencia en contrataciones: los 44 contratos petroleros de octubre de 2006 no fueron licitados. No hubo, en consecuencia, competencia que favorezca al país. Se contrató directamente a empresas sin, además, cumplir el requisito básico que disponía el mismísimo Decreto de Nacionalización: tomar en cuenta previamente los resultados de las auditorías petroleras. Si esto se hubiese hecho, con seguridad que no habrían esos contratos.
La otra amarga experiencia es el contrato con la Jindal para explotar el hierro del Mutún. Si bien hubo una «licitación», ésta fue tan manoseada y tan mal manejada, que los resultados no podían ser otros que los que ahora el propio Gobierno cosecha.
El litio y el potasio merecen mejor suerte. Hay ahora la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es la que el Vicepresidente denominó la «ley Guillotina». Así como se asegura que pasó con el inventor de ese artefacto hace dos siglos atrás, ¿serán víctimas de su propia invención o harán gala de transparencia y probidad