El gobierno boliviano de Evo Morales se avino finalmente a negociar para evitar las protestas de los pueblos indígenas de la Amazonia y el Chaco, que amenazaron con marchas y bloqueos de caminos si no se toman medidas para proteger sus tierras y preservar el hábitat. Un acuerdo de última hora frenó el comienzo de […]
El gobierno boliviano de Evo Morales se avino finalmente a negociar para evitar las protestas de los pueblos indígenas de la Amazonia y el Chaco, que amenazaron con marchas y bloqueos de caminos si no se toman medidas para proteger sus tierras y preservar el hábitat.
Un acuerdo de última hora frenó el comienzo de una marcha de más de 1.000 kilómetros de indígenas desde la norteña ciudad de Riberalta hasta La Paz, mientras delegados gubernamentales trataban de persuadir a guaraníes del sur de Bolivia a suspender un bloqueo de la carretera que conecta con Argentina.
Las comunidades originarias de esas zonas piden el amparo del gobierno de sus territorios, ricos en madera, agua, minerales y petróleo, en consonancia con la declaración de defensa de la Madre Tierra hecha por Morales en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, realizada hace justo un mes en la central ciudad de Cochabamba.
Se trata de un momento crucial para el gobierno izquierdista de Morales, el primer indígena en llegar a la Presidencia de este país con mayoría de población de ese origen.
Por un lado recibe fuertes demandas para la conservación de los bosques, las fuentes de agua y las tierras comunitarias de origen, mientras los ingresos de la industria petrolera, que en 2008 llegó hasta 1.464 millones de dólares, resultan fundamentales para las arcas del Estado.
«Es difícil explotar los recursos naturales sin causar daños ambientales, como es el caso de los hidrocarburos, que implica deforestar y abrir sendas para sacar el petróleo y el gas natural», dijo a IPS Armengol Caballero, director del no gubernamental Centro de Investigación y Promoción del Campesinado Región Norte (Cipca).
Caballero acusa a Morales de tener un doble discurso, aunque tampoco renuncia a la extracción de recursos naturales para no «dejarlos dormidos» bajo tierra, pero que generen ingresos para los propios pueblos indígenas.
Por su parte, el Coordinador Nacional de Comunicación de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Edwin Alvarado, sostuvo ante la consulta de IPS que «el gobierno impulsa un modelo extractivo con altos costos para la naturaleza, mientras intenta demostrar un proceso de cambio».
Una comisión ministerial y dirigentes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) realizaron una apresurada negociación la semana pasada y el gobierno prometió gestionar el saneamiento y delimitación de tierras originarias.
Morales anunció que impulsará una nueva ley forestal y dijo que quitará concesiones mineras y de explotación de bosques a empresas que operan al margen de las normas en vigencia.
El compromiso incluye la redacción de un reglamento de consulta a los pueblos indígenas antes de autorizar la construcción de carreteras, complejos hidroeléctricos y actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.
También se reitera que el gobierno boliviano respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Pero el interés oficial por realizar análisis previos y consultas con los pueblos originarios parece contradecirse con la habilitación de proyectos como la construcción de la carretera transoceánica entre las poblaciones de Villa Tunari, en el central departamento de Cochabamba, y San Ignacio de Moxos, en el norteño Beni, sostuvo Alvarado.
Más de 60 comunidades del Parque Nacional Isiboro Sécure serán afectadas por esta obra en su modo de vida, que comprende la caza de animales de manera sostenible, la recolección de alimentos y el uso de fuentes naturales de agua, advirtió el activista.
«Es una de las pocas zonas de pie de monte en América del Sur» que guarda un estilo de vida en un territorio considerado sagrado por los habitantes del lugar, indicó.
«Las políticas del gobierno dicen centrarse en los valores de respeto a la Madre Tierra, sin embargo un contra-discurso promueve la incursión acelerada de megaproyectos, vulnerando derechos indígenas con políticas poco éticas en la aplicación de métodos de consulta y justificaciones», dijo a IPS la presidenta del grupo ambientalista Kandire, Daniela Leytón.
Leytón calificó a Bolivia como un país de alta dependencia de los recursos naturales y baja capacidad industrial, «lo cual promueve una actividad altamente ‘extractiva’ y las exportaciones se concentran en los hidrocarburos y la minería».
En una revisión de los datos macroeconómicos, Leytón observó un incremento del producto interno bruto en 20 por ciento en los cuatro años del primer gobierno de Morales, iniciado en 2006, gracias al incremento de la explotación de los recursos naturales. En contraste, la pobreza sigue afectando a 60 por ciento de la población.
El análisis económico de Leytón observa con preocupación la debilidad del Estado en la continuidad del pago del bono a madres en estado gestación, lo cual obligó al gobierno a obtener un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 20 millones de dólares a un plazo de 40 años.