Un viejo dicho de la política burguesa argentina sostenía que cuando se suscitaba una disputa interna entre los partidarios liberales se estaba ante una crisis que se limitaba a la familia Alsogaray; que una interna en la UCR era una crisis en la, ya más amplia, «familia radical», pero que una interna en el peronismo […]
Un viejo dicho de la política burguesa argentina sostenía que cuando se suscitaba una disputa interna entre los partidarios liberales se estaba ante una crisis que se limitaba a la familia Alsogaray; que una interna en la UCR era una crisis en la, ya más amplia, «familia radical», pero que una interna en el peronismo se transformaba en una crisis nacional. La clase dominante no ha reconstruido, después del 2001, aquel viejo sistema de sus partidos, pero al no contar con una alternativa sólida de recambio patronal al oficialismo, la actual interna peronista sigue recorriendo todas las instituciones del país.
Ni siquiera el incidente de la presidenta y el canciller Twiterman por la valija no declarada del avión militar de los EE.UU., puede entenderse sin este ingrediente esencial, si nos atenemos a la postración del gobierno a la política exterior de Obama y Hillary Clinton, como volvió a mostrarse con el silencio cómplice ante la dictadura de Mubarak en Egipto de acuerdo con la política del Departamento de Estado yanqui. Los discursos de Cristina sobre la «soberanía nacional» tienen mucho de una demarcación de la relaciones carnales que, bajo responsabilidad de Aníbal Fernández, viene sosteniendo la Policía Federal con las fuerzas militares norteamericanas, y es, además, un tiro por elevación al gobernador Scioli que, en medio del verano, apareció públicamente junto a la embajadora Vilma Socorro Martínez con quien tiene buenas migas como se recuerda por haber sido el primero en atender, en el 2009, al pedido de represión de la bonaerense a los obreros en huelga de la norteamericana Kraft.
Todas las tensiones políticas pasan por el posicionamiento que anticipan las distintas camarillas en que está fragmentada la clase dominante ante el próximo gobierno salido de las urnas del 2011, en el que CFK aparece como ganadora antes de tiempo, pero que, tras el fallecimiento de Néstor Kirchner, ya no encontrará un nuevo sucesor del mismo palo y, por lo tanto, será el último gobierno kirchnerista.
Las recientes semanas también mostraron estos realineamientos en las corporaciones empresarias. La renuncia del jefe de la UIA Héctor Méndez fue generada por el veto del gobierno a la candidatura para tomar las riendas de la central empresaria de Kaufmann Brea el CEO de Arcor, el conglomerado de alimentos que forma un tándem junto al poderoso Techint y el Grupo Clarín de la Asociación Empresaria Argentina que reúne a lo más concentrado de la cúpula patronal. Una jefatura de la UIA por este sector aseguraría, desde el primer día del último mandato de Cristina, una fuerza corporativa opositora a su gobierno, aunque marchen muy bien los negocios, como hasta ahora, y ni hablar si los vientos de la crisis mundial que no cesan llegan con fuerza a la Argentina. La postulación alentada por el gobierno del empresario Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate, salió al cruce de esa posibilidad.
En el mismo sentido va el impulso del kirchnerismo a las colectoras de centroizquierda, en especial la de Martin Sabbatella, para evitar que Scioli, una carta decisiva para el triunfo del oficialismo en las presidenciales, se alce con más votos que la propia presidenta en la provincia bastión del PJ, dejándolo como el sucesor natural ante la primera crisis grave de gobierno. La «traición» de los intendentes bonaerenses en las últimas legislativas del 2009, donde campeó el corte de boleta a favor de De Narváez, llevó a los K a pagar con la misma moneda.
Una relación estratégica
La encanada por unas horas del jefe de la UATRE Momo Venegas por orden del juez Oyarbide, un alfil K en la trinchera judicial, fue leída por Hugo Moyano como una amenaza hacia el conjunto de la burocracia que está hasta las manos con la causa por los medicamentos truchos y lo obligó a una defensa corporativa. El Consejo de la CGT (no sin crisis interna, según el ultraoficialista Página/12) rechazó la detención como «un ataque a las instituciones» (sic). En un nuevo acto del sainete nacional, los aliados sindicales del gobierno salieron a apoyar a la pata sindical de Duhalde y la patronal sojera; mientras que la Sociedad Rural, el macrismo y el Peronismo Federal que buscan terminar con el peso relativo de las organizaciones sindicales y piden represión a los piquetes, impulsaron cortes de ruta junto a la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo defendiendo a Venegas ante la «persecución política». A Cristina y los miembros de su gabinete que se mantuvieron en silencio durante las horas de la detención del burócrata del sindicato de peones rurales, les conviene la amenaza que sobrevuela sobre Moyano a quien buscan disciplinar aún más ante la inminencia de las paritarias y, más en general para limitar su peso en la relación de fuerzas de su alianza con la CGT que, de todos modos, sigue siendo estratégica. La respuesta de Moyano fue la chicana que salió a comunicar, días después, el «taxista» Omar Viviani en «apoyo» a la candidatura de Cristina: «para el movimiento obrero sería un orgullo acompañarla desde la vicepresidencia» y volvieron a mentar el ejemplo de Lula en Brasil que el jefe de la CGT ya había utilizado para mojarle la oreja al gobierno en el acto en River, en presencia del propio Kirchner, días antes del asesinato de Mariano Ferreyra.
La misma burocracia sindical de Omar Maturano de la Fraternidad que viene imponiendo medidas de fuerza en defensa de José Pedraza y por la libertad de su patota asesina, acaba de mostrar una vez más que le cubre las espaldas a los directivos de UGOFE y la gestión del gobierno de Scioli en Ferrobaires, los responsables de la catástrofe de San Miguel como denuncian los dirigentes ferroviarios del PTS. Los burócratas sindicales no han impulsado ni un solo paro contra el desastroso funcionamiento del servicio de trenes que causó la tragedia en la que el pueblo pobre paga con nuevas víctimas.
Hay que redoblar los esfuerzos por desterrar a esta mafia agente de la patronal de los sindicatos, con la organización y los métodos de la clase trabajadora. La catástrofe de San Miguel muestra la impotencia de la pretensión de la centroizquierda de Pino Solanas (MST y PCR) de «recuperar el tren para todos» con actos electorales, mientras han sido completamente ajenos a la histórica lucha de los ferroviarios contra una herencia de los 90 y las privatizaciones, la tercerización y las condiciones de trabajo en los ferrocarriles. Una semana antes, murió en un «accidente laboral» un trabajador del Subte, justamente en la línea C que acaudillan dirigentes de la misma centroizquierda, sin que se haya concretado ni 15 minutos de paro contra la responsabilidad de la empresa Metrovías y el deficiente servicio que nuestro compañero Claudio Dellecarbonara calificó, en la medida de fuerza de la Línea B, como «una bomba de tiempo».
No hay tiempo que perder en el impulso de la corriente político sindical que están organizando en todo el país los ferroviarios de la Lista Bordó del Roca, los delegados clasistas del Subte, las internas combativas de los obreros de Kraft y Pepsico, los ceramistas neuquinos de Zanon que son procesados por cortes de rutas.
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