La estela de muerte y dolor que deja en el norte de México la estrategia de militarización del gobierno conservador de Felipe Calderón se aproxima a las puertas de la capital del país, hasta ahora protegida de la violencia. El estado de Morelos, colindante con la ciudad de México, vive una acelerada descomposición desde la […]
La estela de muerte y dolor que deja en el norte de México la estrategia de militarización del gobierno conservador de Felipe Calderón se aproxima a las puertas de la capital del país, hasta ahora protegida de la violencia.
El estado de Morelos, colindante con la ciudad de México, vive una acelerada descomposición desde la muerte del capo del narcotráfico Arturo Beltrán Leyva, conocido como el «jefe de jefes», en un operativo de la marina de guerra en diciembre de 2009.
Su cadáver fue fotografiado con los pantalones bajo y el cuerpo ensangrentado cubierto de billetes. Su muerte desató los demonios que habían tomado la zona como sitio de descanso. En 2010 se triplicaron los homicidios registrados en 2009 y esa cuenta macabra se duplicó en el primer trimestre de este año, con el agregado de la aparición de personas colgadas en un puente.
Cuernavaca, la capital de Morelos, se convirtió en la quinta ciudad más violenta del país y la violencia ciudadana ya se extendió con fuerza por 27 de los 33 municipios del distrito, que tradicionalmente ha sido sitio de descanso de los habitantes de la ciudad de México y donde abundan los balnearios de aguas termales.
Según datos de la policía estatal, las extorsiones se duplicaron en 2010. El sector gastronómico reportó una caída de 70 por ciento en las ventas y los hoteleros alrededor de 50 por ciento. Según los cálculos de las organizaciones empresariales, la violencia ya expulsó a una quinta parte de sus agremiados.
»Nos convertimos en otro Juárez», dicen en Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, conocida como «la ciudad de la eterna primavera». La referencia es a la ciudad fronteriza de Estados Unidos que ha pasado a ser una de las más violentas del mundo. En Morelos se huele a miedo. Ciudadanos de a pie, periodistas, empresarios y líderes sociales piden el anonimato para hablar de la violencia. Pocos se atreven a denunciar. Según la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010, sólo se conoce 17 por ciento de los asesinatos que se perpetran en este estado, ya sea porque no se denuncian o porque las autoridades consideran que no hay elementos para una investigación.
Las bandas de narcotraficantes impusieron una especie de toque de queda el 19 de abril de 2010 en Cuernavaca, ante lo cual las autoridades cerraron antes de hora los edificios públicos. Ese mismo día circuló un correo electrónico con los nombres de 27 personas a los que se llamaba «narcoperiodistas traidores», que serían «levantados, ejecutados, enterrados, destazados».
A mediados del año pasado, algunos empresarios tomaron cursos de seguridad y aprendieron a pasar desapercibidos, a modificar su forma de vestir, cambiar de rutina, de automóvil y horarios de trabajo. Pero oficialmente no pasó nada. La información se ha conocido entre amigos y por las redes sociales.
«Hemos vivido cosas muy feas. La situación es mucho peor que en los años 90», dice una dirigente social que en esa década fue una de las impulsoras del movimiento que llevó a la caída del entonces gobernador Jorge Carrillo Olea y que ahora pide el anonimato.
El crimen organizado empezó a echar raíces en la zona desde 1995, cuando una ola de más de 150 secuestros llevó dos años después a la renuncia de Carrillo Olea, luego de que las investigaciones involucraron al director del cuerpo antisecuestros, Armando Martínez Salgado, al procurador (fiscal) Carlos Peredo Merlo y al director de la policía judicial, Jesús Miyazawa.
En medio de ese escándalo político, el entonces presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) prometió: «No vamos a permitir que Morelos siga siendo un nido de ratas inmundas».
En 2000, los morelenses sacaron del gobierno estadual al hegemónico Partido Revolucionario Institucional y lo sustituyeron a través de las urnas por el conservador el Partido Acción Nacional, al cual también pertenece el actual presidente Calderón. Pero las historias que enlazan a delincuentes y policías no pararon.
En 2004, el coordinador general de la policía ministerial (de investigaciones), José Agustín Montiel, fue detenido y tiempo después sentenciado a 33 años de cárcel por brindar protección al narcotraficante Juan José Esparragoza.
En mayo de 2009, cuando ya había asumido el actual gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, fue detenido el jefe de la policía, Luis Ángel Cabeza de Vaca, acusado por las fuerzas federales de proteger a Beltrán Leyva.
El gobernador Montiel nombró entonces en su lugar al militar retirado Gastón Menchaca, quien también fue cesado, el 10 de este mes, en la cresta del escándalo que ha provocado el asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia.
«El problema nunca se atendió. Cambiaron gobiernos y funcionarios, pero la impunidad y la red de complicidades quedó intacta, se mezcló el narcotráfico con otras bandas de secuestradores y ladrones de automóviles, y al final lo de Beltrán Leyva desató todo», explica una periodista local.
Según especialistas, en Morelos hay dos carteles que buscan el dominio de las actividades delictivas: el del Pacífico Sur y el del Golfo, cuyos jefes asentaron sus residencias en la zona metropolitana de la ciudad de México.
Las bandas criminales captan a jóvenes de barrios pobres de municipios como Jiutepec, de donde es originario el niño de 14 años que el año pasado saltó a la fama por ser sicario al servicio del Cartel del Golfo.
Morelos supera la media nacional de homicidios de adolescentes entre 15 y 17 años de edad con una tasa de 10,2 cada 100.000 personas de esa franja etaria, frente a la de ocho por 100.000 nacional, según datos actualizados al 2008 del reporte La Infancia Cuenta. Dos años antes ese indicador era de 6,1 por 100.000.
Por eso Javier Sicilia, líder del movimiento para acabar con la política de militarización de Calderón, acusa de omisión al gobernador estatal, a los legisladores y a los presidentes municipales de Jiutepec, Temixco y Cuernavaca.
«¿Cómo pretenden ir a las elecciones si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes para defender la vida de los hijos y las hijas de nuestro amado México?», pregunta.
Al movimiento de Sicilia, que ha convocado a una marcha nacional del 5 al 8 de mayo, se unió el martes el activista humanitario argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganador en 1980 del premio Nobel de la Paz, quien envió una carta en la que pide que no se estigmatice a los muertos ni a sus familias.
«El ‘por algo será’ o ‘¿en qué andaría metido?’ son sentencias que han sido parte fundamental en la desaparición forzada de decenas de miles de personas en América Latina», dice Pérez Esquivel en su misiva, en la que además hace un llamado a que el mundo mire a México y no cese de buscar alternativas para lograr un alto «al genocidio».