La justicia de Bolivia dictaminó este miércoles la sentencia de arraigo (prohibición de salir del país) al ex candidato presidencial del grupo político Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, quien está acusado de generar daños económicos al Estado en 1999 mediante la compra personal de acciones de la fabrica de cemento privada Fancesa. El veredicto […]
La justicia de Bolivia dictaminó este miércoles la sentencia de arraigo (prohibición de salir del país) al ex candidato presidencial del grupo político Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, quien está acusado de generar daños económicos al Estado en 1999 mediante la compra personal de acciones de la fabrica de cemento privada Fancesa.
El veredicto fue emitido por la jueza del departamento de Chuquisaca (sureste), Jimena Mendizábal, que explicó que la medida es en aras de definir los castigos contra los imputados en este proceso, en el que también se incluyen los ex rectores de la Universidad San Francisco Xabier (USFX) Jaime Barrón y Jaime Robles.
La Justicia también dispuso que Doria Medina presente cuatro personas que garanticen su comportamiento de acatamiento a las decisiones judiciales sentenciadas.
Como respuesta a la acusaciones, el ex candidato presidencial calificó los veredictos como «ilegales» y dijo que su «único pecado, al ser socio de Fancesa, fue haber promovido el crecimiento de la empresa y la creación de mil nuevos empleos».
El fiscal Weimar Guzmán, había pedido la detención preventiva de Doria Medina y de los ex rectores de la UFSX con el fin de que respondan por daños a la economía de este departamento.
A su vez, también señaló que existe el peligro de fuga de los imputados o que lleven adelante acciones que obstaculicen el proceso.
En relación al delito, el fiscal Guzmán precisó que Doria Medina «se adjudicó irregularmente el 33,34 por ciento de las acciones de Fancesa y en 1999, la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), de la que él es el mayor bolsista, asumió el control de la cementera chuquisaqueña a través del pago de 12 millones de bolivianos (un millón 745 mil dólares) a la universidad departamental.
El Gobierno dispuso en septiembre de 2010 la recuperación de los títulos.
Doria Medina y los accionistas de Soboce exigieron al Gobierno una compensación de 82 millones de dólares por la reversión de las acciones al Estado.
Ante el hecho, la jueza Mendizábal determinó la pasada semana la anotación preventiva de los bienes de Doria Medina y la congelación de las cuentas bancarias de Soboce.
A pesar de criticar la sentencia, el empresario y político reiteró el pasado miércoles al salir de la audiencia que responderá al proceso y que no tiene previsto dejar el país.
Juicio contra Cossío
Paralelo a este proceso judicial, este miércoles también se abrió un juicio contra el ex gobernador de Tarija (sur), Marío Cossío; quien está acusado de cometer irregularidades administrativas.
El proceso contra Cossío, quien recibió asilo político en Paraguay a principios de este año, fue suspendido hasta el 2 de agosto, ya que según informó el fiscal acusador, Gilbert Muñoz, actualemente se tienen «demasiados casos pendientes».
Muñoz también explicó que la Ley anticorrupción que promulgó el presidente de Bolivia, Evo Morales, permite juzgar «en rebeldía» a Cossío, quien se ha encargado de difundir sobre sí mismo una imagen de perseguido político.
Cossío huyó a Paraguay y pidió asilo político en ese país luego de ser relevado del cargo por la Asamblea Regional de Tarija, acusado de irregularidades administrativas.
Además de las denuncias de corrupción, a Cossío también se le acusa de la compra de generadores eléctricos en mal estado y contratar obras ejecutadas con sobreprecio.