Los medios, tanto a favor como en contra de este tipo de medidas, hablaron de «poner reglas al mercado de la salud». A partir de ahora, el negocio de la salud no podrá excluir de su sistema comercial a ninguna persona por su edad o por enfermedades preexistentes, como sí sucedía anteriormente. Nótense los términos […]
Los medios, tanto a favor como en contra de este tipo de medidas, hablaron de «poner reglas al mercado de la salud». A partir de ahora, el negocio de la salud no podrá excluir de su sistema comercial a ninguna persona por su edad o por enfermedades preexistentes, como sí sucedía anteriormente.
Nótense los términos resaltados y cuál es el impacto que generan en el tema tratado. No es novedad la ingerencia y predominancia del capitalismo en lo que a un derecho supuestamente garantizado respecta. Esto implica que aquellas personas que no tienen los recursos monetarios «pertinentes» a la clase media alta, deben atenderse por sus dolencias físicas y psíquicas en instituciones dependientes del sistema de salud pública. Si éste último funcionara debidamente, esto no presentaría ningún tipo de inconvenientes, ya que todos y todas gozaríamos de los mismos beneficios (perdón: derechos). Aquí aparece el primer interrogante: si la salud pública brindara sus servicios correctamente -esto es, si no tuviéramos que esperar horas y horas para ser atendidos/as por un dolor de muela o nos muriéramos de una apendicitis porque no hay lugar para operarnos, por ejemplo; ya que las y los profesionales de los hospitales públicos son los mejores y de ello no caben dudas-, ¿qué pasaría con el negocio de las prepagas? Sí, fundirían. Desaparecerían. Serían desterradas y olvidadas porque nadie querría pagar por algo que no le brinda mayores beneficios (otra vez: derechos) que lo gratuito. También desaparecerían las obras sociales sindicales que, aunque en un menor nivel de exclusión, no podemos pasar por alto que funcionan, lógicamente, sólo para personas que gozan de otro derecho violado por las empresas y el mismo estado con constancia y buena voluntad: un trabajo en blanco.
El segundo interrogante que se abre es por qué no se destina un mayor presupuesto al sistema de salud pública que, incluso, podría ser el mismo que se destina a las empresas de medicina prepaga. Es más, con un monto que ni siquiera equivalga a los que se están manejando y se manejarán en el transcurso de este año para campañas políticas, podrían terminar con ese plan macabro que convierte nuestros derechos en un negocio.
Una tercera cuestión aparece al pensar en la calidad médica de las y los trabajadores de un sistema y del otro, ya que no existen cuestionamientos acerca de que en ese sentido la salud pública se lleva todos los puntos. ¿Por qué las y los profesionales en medicina eligen no ingresar al negocio de la salud y prefieren trabajar con pocos recursos? Quizá tiene que ver con que ellos/as saben. Saben que el curro está en hacerlo con el menor profesionalismo posible, ya que mientras más tiempo pasen las y los pacientes en una clínica privada mayores serán los ingresos generados para la misma. Saben que no importa acelerar los procesos para diagnosticar a tiempo, importa que el tiempo transcurra entre todos los estudios posibles (y mientras más caros, mejor). Saben que las y los pacientes son clientes, en realidad.
Para ir cerrando: si todo esto se sabe, ¿cómo es que sigue existiendo este negocio en un país que se proclama a favor del pueblo? ¿Será que conviene que se hagan cargo las empresas, prepagas y clínicas, de un sistema que no vale la pena restaurar? ¿Será que hay planes más «importantes» para nuestra sociedad y no nos estamos dando cuenta de que es cómodo que los y las pobres no tengan acceso a uno de los derechos que les garantiza la vida? ¿Será que, en realidad, siguen siendo tan postergados/as como siempre pero aprovechando la guerra mediática nos hacen creer que no? ¿Será que hay algún negocio que las y los «simples» no vemos?
*Escritora y periodista de opinión. Blog: www.cotidianidadeshumanas.blogspot.com
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