Al final de la VIII marcha de la CIDOB y luego de acuerdos y consensos con el Gobierno, se superó la etapa crítica del conflicto; adelante, los protagonistas directos e indirectos cuentan con hechos y experiencias favorables para evaluarlas y potenciarlas. Pueden igualmente cuantificar fuerzas propias y consolidar alianzas cualitativas con sectores de movimientos sociales […]
Al final de la VIII marcha de la CIDOB y luego de acuerdos y consensos con el Gobierno, se superó la etapa crítica del conflicto; adelante, los protagonistas directos e indirectos cuentan con hechos y experiencias favorables para evaluarlas y potenciarlas. Pueden igualmente cuantificar fuerzas propias y consolidar alianzas cualitativas con sectores de movimientos sociales y organizaciones políticas pero por sobre todo tienen la oportunidad, tal vez la última, de sentarse frente a frente (como aliados del proceso de cambio y forjadores de la construcción del Estado Plurinacional) y replantear políticas de Estado y dejar de enfrascarse en logros lectorales, supuestas victorias estratégicas, pasajeros acuerdos coyunturales o firmas de convenios meramente reivindicativos.
A partir de lo que pasó en lo que se denominó «El Conflicto del TIPNIS», corresponde al Órgano Ejecutivo y la CIDOB evaluar resultados desde el entendimiento y ejercicio del Derecho Constitucional de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, los avances legales de los que se dispone para ejercerlos, planificar Gestión Pública y lógicamente establecer agenda en lo mucho que falta andar en materia legal.
En ese cometido dos aseveraciones y dos interrogantes generales sobre el conflicto tendrían que confluir para explicar más logros de la Marcha del TIPNIS y la negociación correspondiente.
La primera aseveración es que la marcha y la plataforma de demandas pusieron en evidencia el camino irrenunciable emprendido por la CIDOB para consolidar el Estado Plurinacional. Esto colateralmente debe entenderse que las divergencias con el Gobierno y la represión en Chaparina no demuestra en si misma algún supuesto intento fallido del Estado Plurinacional como quieren hacerlo ver algunos analistas opositores al gobierno.
En lo último se incluye una serie de apreciaciones políticas que buscan aún entremezclar el apoyo de sectores urbanos de la ciudadanía a la VIII Marcha indígena con la supuesta baja de popularidad de Evo Morales o la forzada idea sobre la ilegitimidad de las elecciones pasadas para elegir autoridades del Órgano Judicial. Lo que sale claro de este conjunto de posturas es la evidencia de que la oposición y las fuerzas conservadoras desconocen el proceso de inclusión y ampliación en la participación democrática abierta en el proceso desde la participación de los pueblos IOC, en la que la CIDOB como institución reconocida legalmente, toma parte, y de la que los pueblos IOC de tierras altas y tierras bajas son protagonistas y aliados, tal vez, con diferencias circunstanciales, pero mientra en el Estado no se cambie la CPE y el Gobierno no argumente que el proceso de construcción institucional del Estado Plurinacional es un intento fallido, la alianza es latente y el avance continuo.
El apoyo de los sectores diversos y plurales hacia la Marcha de la CIDOB, definitivamente fortalece el proceso de cambio que se desarrolla en el Estado Plurinacional, claro que con el aditamento fuertemente crítico a los Órganos de Poder Público y conductores del Estado, en ese sentido se hace inconsistente hacer referencia a supuestas elaboraciones estratégicas para afrontar el conflicto y predeterminar la victoria o derrota de parte del oficialismo o la oposición. El conflicto del TIPNIS no fue una batalla electoral entre oficialistas y opositores y menos un combate político militar de dos bandos, fue simplemente una demanda por el respeto a derechos constitucionales y su solución fue dada en ese sentido. Inventarse otros matices es improductivo y solo se lo hace para negar alguna pérdida, perdida que todo conflicto reivindicativo conlleva.
La segunda aseveración establece que al ajustarse la demanda de la marcha al decreto que declara el Isiboro Sécure como Parque Nacional, se autolimita el ejercicio de las entidades indígenas por lo que necesariamente para superarla se plantea la necesidad de nuevas normativa sancionada desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, para ejercer el derecho de la autodeterminación y el Derecho a contar con Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino, con facultades legislativas, ejecutivas y jurídicas. Estas facultades no se pueden ejercer en un Parque Nacional, sino en un Territorio Indígena Originario Campesino. Así lo establece la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Entonces queda claro que sólo desde la instalación de un Gobierno Indígena Originario Campesino en un ámbito territorial, también Indígena Originario Campesino establecido legalmente se tendrá titularidad de Competencias Exclusivas, Concurrentes y Compartidas, no antes y menos desde la sola directiva o razón jurídica de la CIDOB. La proyección política de los pueblos IOC no puede limitarse a la Consulta Previa, y aunque es una conquista para protegerse de políticas gubernamentales y privadas contra su hábitat, de ninguna manera es la instancia mas desarrollada para ejercer derechos plenos consagrados en la CPE, sobre todo en cuanto a derechos colectivos y políticos se refiere
Ahora ante las dos aseveraciones en reacción vienes dos interrogantes, la primera interrogante plantea la incertidumbre de asumir el desafío revolucionario tomando en cuenta componentes sociales revolucionarios y comunitarios, o mantener la vía actual aprovechando el renovado capitalismo privado y estatal que se vislumbra en virtud a la política de explotación de recursos naturales y políticas impositivas exitosas pero opacada por la carencia de una política de desarrollo capitalista industrial. Esta contraposición se traduce igualmente al seno mismo de la sociedad ya que las organizaciones urbanas, movimientos sociales, el movimiento obrero y los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, no definen si adscribirse a tareas revolucionarias o a la lógica capitalista, al de la propiedad privada y la de mercado.
Sin embargo se percibe cierta inclinación por lo segundo de manera que el carácter reivindicativo de las demandas profundizarán la contradicción Capital Trabajo desgastando en consecuencia todas la estructura de Poder Político del MAS y del Gobierno. Y así cuanto más tiempo ejerzan el poder gubernamental, mayor será el desgaste, aún se tenga magistrales recaudaciones en razón a políticas impositivas o visiones integracionistas desde el desarrollo vial. Es lógico entonces que la máquina de poder del 2005 se pone en situación de riesgo y deterioro, y se cierra a nuevas miradas y gestiones emprendedoras de alianza con estamentos revolucionarios de la sociedad. Esto en definitiva propicia la recomposición de la oposición.
De la primera viene la segunda interrogante y es preguntarse si las fuerzas conservadoras y restauradoras del viejo Estado establecieron su rumbo y su recomposición con fuerza propia, a pulmón propio, trabajo, principios y fundamentos ideológicos, o se recompone adjunto al momento que los Órganos del Estado Plurinacional 1.- optan por el desarrollo del capitalismo y la economía de mercado; 2.- consolidan la propiedad privada de la tierra, a cambio de la comunitaria; 3.- se someten al libre mercado y potencian a la burguesía financiera, 4.- no planifican ni racionalizan la expansión de su frontera agrícola y 5.- se estructuran en instrumento político con la presencia de viejos operadores del sistema neoliberal.
Es probable que en la recomposición de las corrientes conservadoras haya algo de ambas, pero está completamente claro que su impulso temporal los obtienen de las medidas económicas, políticas impositivas y desatención a la demanda social, y que lo único que falta es que el gobierno dicte un decreto de nivelación de los hidrocarburos para prepararle todo el camino y entregarles el Poder en bandeja de plata.
Finalmente, para retomar lo que se decía al empezar el escrito, corresponde al Gobierno y sus aliados sentarse frente a frente para definir políticas de Estado y establecer nuevos parámetros de la demanda social en el marco de la superación del conflicto y lógicamente continuar con la implementación del Estado Plurinacional con Autonomías.
La Paz, 10 de noviembre de 2011
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