Los neoliberales enchufados en el ala derecha del gobierno del Distrito Federal, han instaurado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF criterios típicos de los proyectos de reforma de la Ley Federal del Trabajo que impulsan el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. De esta manera, por debajo de la […]
Los neoliberales enchufados en el ala derecha del gobierno del Distrito Federal, han instaurado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF criterios típicos de los proyectos de reforma de la Ley Federal del Trabajo que impulsan el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. De esta manera, por debajo de la mesa y sin dar la cara con claridad, la fracción neoliberal enquistada en una administración dirigida por el Partido de la Revolución Democrática establece requisitos que intentan echar abajo los principios y normas de la Constitución General de la República y la LFT. Dicho en otras palabras, se trata de «legalizar» la existencia de contratos colectivos de trabajo de protección patronal y de sindicatos blancos, de membrete o ficticios, impedir la autoorganización obrera y golpear a los sindicatos democráticos e independientes.
Por sus pistolas, la JLCA del DF impuso en un boletín de octava categoría una reforma en toda la línea al estatuir modificaciones en los mecanismos legales para promover emplazamientos a huelga, registro de sindicatos y demandas de titularidad, tomas de nota de organizaciones sindicales y recuentos para definir el sindicato por el que optan los obreros, empleados, técnicos y profesionistas asalariados, requisitos no considerados en la Ley Federal del Trabajo, con lo cual se limita el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores. Así, confabulados los representantes patronales, gubernamentales y «obreros», se formula una reforma laboral por decisión de una instancia carente de atribuciones para legislar.
Los famosos «criterios» violan los artículos 1º y 123 de la Constitución mexicana y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, al nulificar los derechos básicos de los trabajadores e impeler la «legalización» de las prácticas antilaborales de los gobiernos federal y estatales, y, desde luego, de los empresarios a partir de 1982, esto es, de la larga noche neoliberal. Es más, puede sostenerse que, por lo burdo, tales «criterios» superan desde la derecha las propuestas legislativas del PAN y el PRI, además de intervenir en la vida interna de los sindicatos y asignarse la facultad de revisar y hasta rechazar los estatutos de las agrupaciones sindicales.
La JLCA del DF se otorga a sí misma atribuciones que corresponden, sin la menor duda, al Poder Legislativo, al imponer requisitos por encima de los que ordena con toda precisión la LFT. En consecuencia, no sobra recalcar lo siguiente: ningún «boletín de criterios» puede estar sobre la Constitución General de la República y la Ley Federal del Trabajo. Es un despropósito inadmisible.
No es raro que la JLCA del DF proceda en la forma antes indicada, ya que está presidida por el señor Ramón Montaño Cuadra, ex Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, conocido por sus prácticas apatronadas en contra los trabajadores y sus organizaciones verdaderamente representativas y legítimas. Es un porro en las filas de la izquierda electoral. Su destitución ya se la ganó a pulso y sólo queda instrumentarla en el menor tiempo posible.
De acuerdo con la Unión Nacional de Trabajadores: «El ‘boletín de criterios’ es ilegal, porque se fundamenta en una jurisprudencia, la 83/2000 que actualmente no está vigente y porque ignora los criterios incluidos en la jurisprudencia 14/2003 y 15/2003 en las que claramente se estipula que los únicos requisitos para el ejercicio del derecho de huelga serán los previstos en la propia ley».
No se andan con cuentos los neoliberales «de izquierda». Con el objeto de violar el voto secreto y exponer a los trabajadores a represalias por parte de la patronal y los sindicatos blancos, la JLCA del DF requiere que los nombres de los trabajadores que emplazan a huelga por la titularidad o revisión de un contrato colectivo de trabajo estén acreditados en el acta de asamblea sindical correspondiente y en el padrón de afiliados del sindicato. La intención no puede ser más evidente: impedir la autoorganización obrera e impulsar el desarrollo del sindicalismo de inspiración patronal.
Sin embargo, no estamos en 1960 como para promover modificaciones legales sin que protesten los sindicatos, federaciones y centrales de clase. No, afortunadamente no. De inmediato que fue publicado el célebre «boletín de criterios» de la JLCA del DF, las organizaciones gremiales, abogados laboralistas, académicos y trabajadores de los medios de comunicación se movilizaron y expusieron los puntos de vista del movimiento obrero. Así, el Encuentro Sindical de Trabajadores, Juristas y Abogados Democráticos en Defensa de la Justicia Laboral en el Distrito Federal, en el que participaron el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Alianza de Tranviarios de México, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del DF, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Unión de Juristas de México y otros organismos, plantearon con claridad:
«6. Exigimos el desconocimiento total de estos ‘criterios’ y solicitamos la comparecencia ante la V Asamblea Legislativa del Distrito Federal de Ramón Montaño Cuadra a efecto de que rinda cuentas de la impartición de esta justicia antilaboral implementada por el gobierno del Distrito Federal en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
«7. Las organizaciones firmantes exigen al Jefe de Gobierno, promueva la remoción inmediata de Ramón Montaño Cuadra, presidente titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal».
Por su parte, la UNT señaló con mucha razón: «Es inadmisible que un gobierno de izquierda aplique aquellas políticas antisindicales propias de la derecha cuando pretende conculcar los derechos y conquistas históricos de los trabajadores por medio de un ordenamiento secundario y cuando socava, con sus resoluciones parciales, el derecho a la organización autónoma de los bomberos, los trabajadores de las preparatorias del DF, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de las gasolineras y de Atento [empresa española]. Además de ejercer la represión en contra de manifestaciones pacíficas como ocurrió en el caso de las compañeras y compañeros de tierra, sobrecargos (ASSA) y pilotos de Mexicana de Aviación (ASPA).
«La UNT exige castigo a los responsables de la agresión de que fueron víctimas los compañeros de Mexicana de Aviación por parte de un grupo de granaderos la que llevó al secuestro de los dirigentes de los sindicatos involucrados». Nadie debe sorprenderse. Los gobiernos del PRD a lo largo de su historia se han significado por favorecer las alianzas con algunos de los jefes más reaccionarios del charrismo sindical y en contra de la organización auténtica de los trabajadores. En Baja California, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, las administraciones perredistas le han servido en bandeja de plata a la comandanta en jefa del corporativismo magisterial, la ultraderechista Elba Esther Gordillo, el control de las dependencias de la educación pública, mientras en el DF el gobierno «de izquierda» golpea a los sindicatos de clase igual que los gobiernos de la derecha tricolor y blanquiazul. Como es de sobra conocido, en el DF se ha reprimido a bomberos, trabajadores de los servicios aeronáuticos y de la educación media superior y superior, y son utilizados los cuerpos represivos para «resolver» demandas laborales, negadas tomas de nota a direcciones legítimas y retenidas ilegalmente las cuotas sindicales a algunas organizaciones democráticas.
Un claro ejemplo de lo anterior se presenta en la UACM, o como señalan Margit Frenk, Cristina Barros, Guillermo Almeyra, Octavio Rodríguez Araujo, José Francisco Gallardo Rodríguez y otros intelectuales, artistas y líderes de opinión, ante la situación imperante en esa universidad: «Con tristeza y preocupación vemos que la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha elegido el camino de la persecución laboral como medio para suprimir el conflicto. Hoy por hoy, defender el proyecto educativo y social de esa noble institución pasa por pronunciarse en contra de la ola de despidos injustificados y de la campaña de persecución y criminalización que se ha montado en contra de los sectores críticos a la rectoría».
En otro texto, firmado por Enrique González Ruiz, Carlos Fazio y otros académicos, se precisa: «Como se ha hecho público, la administración central de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se niega a tratar con la representación sindical, legal y legítima, los asuntos atinentes a la relación laboral de quienes trabajamos para esa institución. El pretexto es que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (la misma que intenta imponer la ley Lozano por debajo de la mesa) no ha entregado la toma de nota.
«Deploramos que se utilice a la burocracia gubernamental para resolver asuntos internos de la UACM. Ningún universitario impugnó formalmente el resultado de las elecciones de coordinación ejecutiva, de modo que no hay razón para negar una representatividad fundada en la voluntad de los sindicalizados, máxime cuando las dos anteriores coordinaciones ejecutivas fueron reconocidas por la autoridad universitaria antes de que terminara el trámite de la toma de nota.
«Al hacer un llamado a respetar la autonomía sindical y los derechos de las y los trabajadores, aprovechamos para demandar que se entregue a la mesa directiva sindical las cuotas que se retienen indebidamente desde hace meses.
«También llamamos a no culpar a los alumnos por la falta de pago puntual de los salarios, como se hizo en comunicados oficiales. Los derechos estudiantiles merecen el mismo respeto que los de todos los demás integrantes de la comunidad universitaria».
En la lucha contra los «criterios» neoliberales de la derecha perredista ha sido muy importante la participación activa y destacada de abogados laboralistas como Néstor de Buen, Héctor Barba, Arturo Alcalde, Benedicto Martínez, Patricia Juan Pineda, Rodrigo Olvera y Beatriz Luján, entre otros, que dotaron de argumentos jurídicos al movimiento obrero y se movilizaron en oposición a la contrarreforma apatronada y antisindical. La intervención de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos facilitó una respuesta sindical propositiva y avanzada.
Otras instituciones también desempeñaron un papel progresivo, desenmascarando las posiciones reaccionarias de la JLCA del DF. En pocas líneas, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical resumió el proyecto de los empanizados y priistizados perredistas de la Junta Local: «Desde que fueron impuestos los nuevos criterios de funcionamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, diversas organizaciones nos hemos manifestado en contra por considerar que son atentatorios de la libertad sindical de las y los trabajadores.
«El acuerdo de la JLCA-DF coloca al gobierno de la ciudad de México en la retaguardia de la defensa de los derechos laborales. Estos criterios –tan o más regresivos que la reforma laboral que buscan en contubernio PRI-PAN-gobierno federal– imponen nuevos y absurdos requisitos para los emplazamientos a huelga, registro de nuevos sindicatos, demandas de titularidad de los contratos colectivos, otorgamiento de tomas de nota y para la realización de recuentos sindicales, que contravienen la Constitución y acuerdos internacionales firmados por México.
«La lista de barbaridades que acordó la junta, que corona una práctica llena de vicios, es un menú a gusto de los abogados empresariales, a quienes se les facilita, con la complicidad de las autoridades, la labor de impedir la libertad sindical y ampliar la utilización de contratos de protección patronal. Lo anterior sienta un precedente nefasto para el país a cuenta de la ciudad de México.
«En momentos en que diversos organismos e instancias del mundo, como el Tribunal Internacional de Libertad Sindical han puesto su atención en México y condenado los diversos atentados del gobierno federal contra las y los trabajadores, el Gobierno del DF, en congruencia con su discurso, está obligado a cambiar su política laboral. Reiteramos nuestra exigencia de que sean revocados, de inmediato, los criterios impuestos por la JLCA-DF».
La respuesta sindical fue estupenda: se interpusieron amparos ante las nuevas reglas de la JLCA a nombre de sindicatos de distintas ramas de la producción y los servicios, de federaciones y centrales; se publicaron desplegados, declaraciones y cartas, y se efectuaron mítines y reuniones, por lo cual no salieron bien librados los promotores «de izquierda» de proyectos antiobreros y pro patronales. En los actos públicos sobresalieron los contingentes del STRM, el Frente Auténtico del Trabajo, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. La unidad quedó asegurada sobre la base de propuestas programáticas y acciones comunes en torno a éstas.
De manera correcta, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tomó un punto de acuerdo para exigir que se diera marcha atrás a las regulaciones regresivas de los derechos laborales por parte de la JLCA del DF. En virtud del enorme repudio generalizado a la intentona reaccionaria de las autoridades laborales defeñas, procedieron los amparos contra las reformas procesales que buscaba imponer la JLCA, y el juzgado primero de distrito en materia de trabajo otorgó la suspensión provisional. Posteriormente, fue otorgada la suspensión definitiva ante un amparo interpuesto por el Frente Auténtico del Trabajo.
Sin embargo, la derecha en la JLCA del DF es reacia a entrar en razón, por lo que se mantuvieron en sus trece. Según Patricia Muñoz Ríos, reportera de La Jornada: «Los representantes patronales, laborales y del gobierno, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF), resolvieron ayer [1 de diciembre], en sesión plenaria, no revocar los criterios administrativos puestos en marcha por este organismo a partir del 25 de octubre, mediante los cuales se ampliaron los requisitos para los emplazamientos a huelga, las solicitudes de toma de nota, y registros de nuevos sindicatos, entre otros procesos.
«En el pleno, 29 de los representantes ante esta junta votaron a favor de mantener los cuestionados criterios fijados por esta instancia, y únicamente dos de ellos lo hicieron en contra».
La derrota de los promotores de reformas laborales regresivas en el DF es una realidad. Empero, tales intentos por la vía de hechos, reportan ciertas lecciones. El gobierno de la Ciudad de México necesita contar con una política laboral que respete y defienda los derechos fundamentales de los trabajadores y sus organizaciones representativas, las cuales en el DF son de masas, como el STRM, el STUNAM, la ATM y otros organismos; instituya los mecanismos e instrumentos que eliminen los contratos colectivos de trabajo de protección patronal y los sindicatos blancos, los cuales proliferan como hongos; tome en cuenta y se apoye en la opinión de los sindicatos democráticos e independientes, la ANAD y los estudiosos del derecho laboral, y suprima radicalmente la corrupción que prevalece en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. De proceder de este modo, la izquierda se fortalecería y se le quitarían puntos de apoyo a la derecha y sus partidos políticos.
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