Continuamente hemos afirmado desde este espacio que la presunta guerra contra el narcotráfico carecía de estrategia alguna, dato que ha sido confirmado por uno de los militares con más alto rango en el país. En un acto de la Fundación Colosio, a pregunta expresa sobre la necesidad de revisar la estrategia de seguridad empleada en […]
Continuamente hemos afirmado desde este espacio que la presunta guerra contra el narcotráfico carecía de estrategia alguna, dato que ha sido confirmado por uno de los militares con más alto rango en el país. En un acto de la Fundación Colosio, a pregunta expresa sobre la necesidad de revisar la estrategia de seguridad empleada en el sexenio de Calderón, el general Tomás Ángeles Dauahare afirmaba que el gobierno federal carecía de la misma: no existe siquiera la elaboración de un diagnóstico previo a la incursión del sector militar en la vida pública del país, y por tanto no existen líneas de acción trazadas en este sentido.
El general, junto con otros tres militares de alto rango, fue aprehendido la semana pasada acusado de presuntos nexos con el crimen organizado. La investigación, como suele ocurrir con la justicia mexicana, se ha visto empañada por maniobras políticas, declaraciones contradictorias y la sospecha de que las órdenes de arraigo tienen más que ver con jugarretas políticas y grillas dentro del Ejército mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional que con las acciones mismas de los militares ahora detenidos.
Más allá de todo ello, lo verdaderamente interesante es que sale a la luz pública la completa negligencia por parte del Estado mexicano al emprender una guerra sin ton ni son, sin objetivos delimitados, sin conocer la situación a fondo, y simplemente enviando al Ejército a las calles a ver qué pasaba. 60 mil muertos, fue lo que pasó.
A la Sedena y a la oficina de la Presidencia de la República le han sido solicitados, a través de los órganos de acceso a la información, toda la documentación referida a la planeación de una estrategia integral (que Calderón ha presumido a los cuatro vientos desde el inicio de su mandato) en contra del crimen organizado. La respuesta por parte de las instituciones ha sido francamente estúpida.
«Después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva en los archivos del Estado Mayor de la Defensa Nacional, no se localizó documento alguno que contenga la información solicitada, razón por la cual se declara su inexistencia», señalaba la Sedena. La oficina de la Presidencia le superó, enviando un archivo con 17 enlaces de Internet con fragmentos de informes de gobierno de Calderón.
Aunado a esto, el ahora ex gobernador de Michoacán afirma también que la entrada del Ejército a dicho estado en diciembre de 2006, lo que diera punto de partida a la guerra y a la militarización del país, no fue respuesta a una solicitud del gobierno estatal, cómo en su momento fuera sostenido por la administración federal.
A la luz de esta información, no queda más que corroborar lo que hemos afirmado: la única estrategia que ha existido en el presente sexenio ha sido dejar que la agenda de seguridad de otra nación se impusiese sobre la propia. Se ha seguido al pie de la letra la «estrategia» de combate al narcotráfico y al crimen organizado dictada desde Washington, la industria armamentística estadounidense ha hecho su agosto en nuestro país y se ha consentido la franca militarización de nuestro territorio, y no solamente con fuerzas nacionales.
Las causas del problema del narcotráfico son claras: una política prohibicionista de drogas en los Estados Unidos y en nuestro país cuyo único logro es convertir al narcotráfico en un negocio lucrativo a más no poder; un sistema económico que ha obligado a miles de personas a buscar ingresos fuera de la ley; un ineficiente (o inexistente) control sobre el tráfico de armas de fuego, ante el gran poder que ejerce el capital armamentista norteamericano sobre quiénes están encargados de realizar dicho control. La guerra contra el narcotráfico no combate ninguna de estas causas de manera directa, por lo tanto resulta absurdo pensar que se constituya en una solución al problema.
Lo más grave del asunto: el tema ha sido dejado a un lado durante el presente proceso electoral. Es urgente que se retire al Ejército de las labores policiacas que la ha conferido el gobierno de Calderón, y este debe ser el tema central de las elecciones federales que se avecinan. Es urgente que se cree una verdadera estrategia que combata el problema desde donde se debe combatir: como un asunto de salud pública y no uno de seguridad nacional. En caso contrario, corremos el riesgo de seguir por el mismo camino.
Héctor A. Hoz Morales. Colectivo La digna voz http://lavoznet.blogspot.mx/
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