El gobierno nacional no escucha ni a sus propios adherentes que admiten la necesidad de elevar el monto no imponible del impuesto a las ganancias. Hay otras actividades empresarias y financieras adonde apuntar. Hugo Moyano, demonizado por sectores oficialistas como si fuera un referente de la oposición, clama para que se eleve el monto no […]
El gobierno nacional no escucha ni a sus propios adherentes que admiten la necesidad de elevar el monto no imponible del impuesto a las ganancias. Hay otras actividades empresarias y financieras adonde apuntar.
Hugo Moyano, demonizado por sectores oficialistas como si fuera un referente de la oposición, clama para que se eleve el monto no imponible del impuesto a las ganancias. La postura cegetista ganó la calle el 27 de junio pasado. Disconforme con que paguen los trabajadores solteros que ganan más de 5.782 pesos y los casados con hijos que perciben más de 7.998, el camionero plantea eximir de ese pago a todos los asalariados que cobran hasta 13.800 pesos. O sea a quienes perciben hasta seis veces más que el salario mínimo de 2.300 pesos. Por ahora lo suyo se parece a predicar en el desierto. No en el desierto sindical pues prácticamente todas las corrientes, incluso las más pegadas al oficialismo, tienen planteos parecidos.
Por ejemplo, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), de la CTA de Hugo Yasky, sostuvo que si se hubieran aumentado los montos mínimos según las subas salariales, los solteros habrían comenzado a abonar impuesto desde 9.500 pesos y los casados a partir de 13.000. Pesos más o menos, es el planteo de la CGT Azopardo y otras centrales sindicales.
El reclamo gremial sostiene que como no se tocan esos mínimos ni las escalas del tributo, buena parte de los aumentos salariales van a la AFIP. Desde el gobierno se minimizó esa queja y la presidenta de la Nación, en un discurso, puso de ejemplo que un trabajador casado con un sueldo bruto de 10.000 pesos sólo pagaba 28 de impuesto a las ganancias. Los gremios han mostrado recibos de sueldo de trabajadores donde el descuento es mucho mayor al que señaló la jefa de Estado. El monto no imponible de la categoría 4 fue actualizado en abril de 2011 y llevó los mínimos a las cifras señaladas más arriba. A mitad de julio de 2012 no hay señales de una actualización, pese al fallido anuncio de la ministra de Industria, Débora Giorgi. Quizás la aparición de una CGT oficialista con Antonio Caló consiga destrabar ese demorado anuncio, como para atribuírselo a la dupla Ejecutivo-CGT 2. Pero aún no se ha tocado el cuestionado monto y los asalariados siguen abonando más de la cuenta.
La otra razón por la que el PEN no ha subido esos montos es porque le importan mucho los 3.500 millones de pesos anuales que se perdería de recaudar con una actualización. Mirado desde este punto de vista, lo suyo es «un certificado de pobreza». Es que habría muchas maneras relativamente simples desde el punto de vista administrativo-legal, eso sí, con necesidad de librar batallas políticas contra el establishment empresarial, para recaudar muchísimo más dinero para el Estado.
Falta voluntad política para discutir democráticamente y aprobar una reforma impositiva que grave más a los que más tienen (que no son precisamente las escalas superiores de los asalariados).
La renta financiera
El recuadro adjunto sobre las ganancias de los bancos fue publicado por Alfredo Zaiat en Página/12 (8 de julio), en un artículo titulado «Paraguas».
Semejante cantidad de dinero quedó para un número reducido de entidades, porque sólo 20 tienen el 92,4 por ciento de los depósitos totales. Los pesos pesados del sistema bancario son Banco de la Nación, Banco Santander Río, Banco de la Provincia de Buenos Aires, BBVA Banco Francés, Galicia, Macro, HSBC, Credicoop, Banco Ciudad, Citibank, Standard, Patagonia, Banco de la Provincia de Córdoba, Supervielle, Nuevo Banco de Santa Fe, Itaú, Hipotecario, Comafi, Banco Industrial, Nuevo Banco de Entre Ríos y Banco de La Pampa.
La lista demuestra que 4 son estatales o provinciales, 2 mixtos, 8 privados nacionales con cierta asociación con capitales extranjeros y 6 extranjeros. Estos últimos están entreverados en el lote de los doce primeros, pues han sido los grandes beneficiarios de la concentración y extranjerización de las finanzas.
El proceso comenzó con el «Proceso», valga la redundancia, cuando había 721 bancos, de los que restan ahora 80. Un gran negocio para pocos, que no solamente cabe explicar por lo actuado por José A. Martínez de Hoz y Adolfo Diz, con la ley de entidades financieras de 1977, sino con todas las políticas que continuaron favoreciendo a la «Patria Financiera» aún en democracia. Uno que estuvo de uno y otro lado del mostrador, en dictadura y en democracia, fue Domingo F. Cavallo. Después de haber sido uno de los grandes responsables de la crisis argentina de 2001, hay medios que lo invitan a programas para consultarle sobre cómo ve la economía argentina. ¡País generoso, diría el chimentero!
Incluso el gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner, que han tenido en lo discursivo y en algunas medidas concretas, políticas diferentes a las ya criticadas, no han superado límites políticos y de gestión. Baste recordar que Kirchner eligió como presidente del Banco Central a Martín Redrado, al que CFK tuvo que lidiar para sacárselo como dolorosa piedra en sus zapatos. El discurso kirchnerista criticó a la tendencia especulativa y parasitaria del negocio bancario, reclamándole créditos para la producción, la construcción de viviendas y otras necesidades sociales. Aunque no lo blanquearan en términos «pugliesianos», el resultado fue que les hablaron a los banqueros «con el corazón» y éstos les respondieron «con el bolsillo».
¿Van a prestar?
Esas limitaciones K se expresaron en el nulo interés por tratar en dos años el proyecto de Carlos Heller (PSOL) sobre ley de crédito federal. La iniciativa recogió más de un millón de firmas y apuntó a anular a la «ley» de la dictadura, pero perdió estado parlamentario.
No quiere decir que la presidenta de la Nación no haya reclamado en lo nacional e internacional contra la actitud especulativa de los bancos y la relación que estas políticas funestas tenía con los ajustes y crisis comenzadas en 2008. Sí lo hizo en las cumbres del G-20, de las que ya van siete ediciones sin resultados mínimos en controlar el capital financiero internacional, cobrar la tasa Tobin, etc. Cristina Fernández solicitó en varias ocasiones a los banqueros locales, agrupados en ABA los extranjeros, Adeba los privados nacionales y Abappro los públicos y cooperativos, que prestaran para la producción y viviendas.
Fue un fracaso casi total. Todavía se espera un informe final sobre cuántos préstamos para viviendas dieron los bancos según el promocionado plan de hace dos años. El Ejecutivo tuvo que cortar por lo sano y anunciar el Pro.Cre.ar para hacer 100.000 viviendas mediante fondos de la Anses, aunque intermediados por el Hipotecario. Este es una entidad mixta con el management a cargo de Eduardo Elztain y sus muchachos de Irsa-Cresud antes asociados a George Soros.
En marzo pasado se aprobó el cambio de la carta orgánica del Banco Central, a cargo de Mercedes Marcó del Pont y otros directores de óptica muy diferente a Prat Gay y Redrado. Hubo varias reuniones con los banqueros, donde la titular del BCRA los exhortó a prestar para la producción, sin éxito. Al final la presidenta anunció en la primera semana de julio un programa de préstamos que monitoreará el Central y que será de obligatorio cumplimiento para 31 entidades bancarias, las más importantes del total de 80.
Los bancos privados deberán prestar casi 15.000 millones de pesos anuales para la compra de equipos y máquinas herramientas, y la construcción de infraestructura de empresas que se afinquen o amplíen sus instalaciones. La mitad de aquella cifra tendrá por destinatarios a las empresas grandes y la otra mitad a las Pymes, que son las responsables del 65 por ciento del empleo en todo el país.
Las entidades no van a perder plata, pues los créditos serán con una tasa del 15 por ciento anual (de las que las entidades tendrán como mínimo un 4 por ciento limpio). Y porque la cantidad a prestar es apenas el 5 por ciento de lo que tienen como depósitos.
Ese dinero que deberían prestar los bancos privados es el equivalente a los dos tramos del Bicentenario, por 8.000 millones de pesos cada uno, que la banca oficial prestó en 2011 y completará en 2012.
El cristinismo sigue apostando a que con exigencias desde el Estado, la «Patria Financiera» se reconvierta en prestamista honesto para la producción y el empleo nacional. Al cronista, en cambio, le atrae más el otro camino, que por supuesto tiene muchas piedras adelante: ley Heller en lo inmediato y avance luego hacia una nacionalización de depósitos, como en 1973, dejando para después la estatización del sistema financiero.
Las opciones son varias, pero queda claro que si las arcas nacionales necesitan más recursos, para reactivar la economía en medio de la crisis mundial, la carrera de la AFlP no debe ir al salario sino a las ganancias extraordinarias de los banqueros, extranjeros y nacionales. Si aún le falta plata, puede seguir con la renta financiera, la minera y cortar tantos subsidios a los monopolios, por caso los automotrices.