Las reformas electorales en México en las últimos dos décadas tendieron en una primera etapa, a quitar la organización y calificación de las elecciones de las manos de los poderes Ejecutivo y Legislativo; en una segunda, a tratar de disminuir el costo de los procesos electivos y evitar que el dinero fuera el factor determinante […]
Las reformas electorales en México en las últimos dos décadas tendieron en una primera etapa, a quitar la organización y calificación de las elecciones de las manos de los poderes Ejecutivo y Legislativo; en una segunda, a tratar de disminuir el costo de los procesos electivos y evitar que el dinero fuera el factor determinante en el resultado de los comicios. En la presente elección federal, pese a los avances logrados en la letra de la ley en ambos aspectos, éstos están en cuestión y podrían demostrarse ilusorios frente a la pujanza irrefrenada de los poderes fácticos.
Entre 1990 en que se creó el Instituto Federal Electoral y 1996, se dio un lento proceso de creciente independencia y ciudadanización de las instituciones electorales que implicó sustituir a la antigua Comisión Federal Electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación, quitar de la presidencia de ésta al propio secretario de esa instancia y dar creciente poder a un consejo constituido por ciudadanos sin partido, los únicos facultados para votar en las decisiones del órgano electoral. Al mismo tiempo, la calificación de las elecciones se arrebató a las cámaras del Congreso de la Unión para trasladarla a órganos jurisdiccionales de pleno derecho e integración profesional: primero el Tribunal Federal Electoral, Trife, y actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este último es, constitucionalmente, el único órgano que interviene en la calificación de la elección presidencial.
Una segunda tendencia en las sucesivas reformas ha buscado eliminar en la competencia política las condiciones de inequidad -reconocidas incluso en su momento por Ernesto Zedillo, triunfador de la elección de 1994- e impedir en lo posible, sobre todo después de las controvertidas elecciones de 2006, la intervención de poderes económicos externos a los partidos, así como garantizar a éstos un acceso más equitativo a los medios electrónicos de comunicación. Para ello fue necesaria una muy particularizada reforma al artículo 41 constitucional y la ampliación de las atribuciones del IFE no sólo en la organización sino en el control y fiscalización de los gastos de campaña y la reglamentación de dicho acceso a la televisión y radiodifusión.
Todo aparentemente muy bien. La política electoral no sería ya una esfera en la que el poder de los grandes medios y cadenas de difusión fueran determinantes. Ninguna entidad particular, ni los mismos partidos, podrían contratar tiempos de difusión en la radio o la televisión para favorecer a determinadas candidaturas en detrimento de los otros competidores. Sin embargo, en este caso se ha aplicado la máxima de que la ley se hizo para violarla, y los actores han encontrado siempre la manera de burlarla.
Hoy, el aún inconcluso proceso electoral federal se encamina, como su antecedente inmediato de 2006, a un escenario conflictivo y de crisis de las instituciones electorales, que hasta ahora no han atendido con eficacia las diversas denuncias de irregularidades y factores que han incidido, al parecer decisivamente, en el resultado de la elección presidencial.
Durante seis años, según múltiples indicios, con recursos públicos se contrató una campaña nacional de propaganda a favor del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, campaña que tuvo su momento culminante en la transmisión con alcance nacional de su Quinto Informe de Gobierno por Televisa. No era aún candidato a otro puesto de elección, mas quedaba claro que todo ese tiempo se estaba construyendo su candidatura presidencial con vistas a este año de 2012, y que no eran casuales sus cotidianas apariciones en las señales televisivas y en las revistas llamadas del corazón.
Durante la campaña, no sólo la televisión sino otros medios como El Universal y Milenio difundieron encuestas (en el segundo caso, diariamente) que reforzaban la idea de que Peña Nieto tenía una abrumadora ventaja de 18 o veinte puntos porcentuales sobre sus adversarios del PAN y del Movimiento Progresista. Ahora, pasada la jornada electoral, sale a la luz, en las despensas y tarjetas de Soriana y en los monederos electrónicos Monex , el uso de cantidades desproporcionadas de dinero que fueron distribuidas entre los operadores priistas y votantes en los días previos y durante la jornada electoral. Dos oscuras empresas, Inizzio y Comercializadora Efra, esta última vinculadas a la familia del ex funcionario priista (en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo) Gabino Fraga Mouret y a su hijo, Gabino Fraga Peña, coordinador de Compromisos de Campaña de Peña Nieto, sirvieron para canalizar a las tarjetas Monex al menos 90 millones de pesos que habrían servido para la compra y coacción de votos durante el proceso electoral.
Se viene a demostrar, así, que no existen mecanismos institucionales eficientes para impedir que el dinero, público (las compras masivas de despensas a Soriana en distintas entidades gobernadas por el PRI) o de dudosa procedencia (como es el caso Monex) sigan financiando las campañas y la operación electoral, independientemente de otras formas de rebase de los topes de campaña, en este caso particularmente por el PRI. Ni la regulación del acceso a medios en la reforma de 2007 ni los órganos y procedimientos de fiscalización establecidos también en ésta, han sido eficientes para evitar el dispendio y la compra y coacción del voto. Si la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales no investiga este último delito o el que le podría estar asociado de utilización de dinero de procedencia ilícita (lavado), y no finca responsabilidades ante las instancias jurisdiccionales; si la Unidad de Fiscalización del IFE no asume plenamente sus atribuciones llegando hasta las últimas consecuencias en sus indagaciones; y si el Tribunal pasa por alto las evidencias de manipulación antes y durante las votaciones para convalidar sin más el resultado arrojado por las urnas -el haiga sido como haiga sido versión 2.0- estaríamos ante un monumental retroceso y ante la demostración de la inutilidad i obsolescencia de esas jóvenes pero costosísimas instituciones.
Pero una buena parte de la sociedad no está en la tesitura de esperar pacientemente y menos aún aceptar el cuestionado y cuestionable triunfo del representante actual del Grupo Atlacomulco. Lo que los jóvenes del Yosoy132 y muchas otras agrupaciones ahora organizadas en la Convención Nacional contra la Imposición reclaman es que la ley se aplique a quienes, con toda evidencia, han burlado los procedimientos establecidos para normar los procesos electorales, y que no hay un retorno a las prácticas del pasado que durante más de dos décadas se ha buscado superar. No son sólo López Obrador ni el Movimiento Progresista sino muchos actores más que han atestiguado cómo se opera una elección al margen de la ley quienes exigen la acción de las instituciones invalidando una elección que tiene todas las trazas de ser una enorme operación manejada desde los gobiernos estatales y los poderes fácticos, al parecer los de siempre. Aun en su lenguaje radicalizado y en su acción callejera, el contenido de los movimientos de rechazo a peña Nieto tiene como contenido una defensa legítima del sufragio emitido en forma libre y autentica y validado también bajo los principios rectores que la Constitución establece de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Nada más, pero tampoco menos que eso.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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