En este año se estará cumpliendo una década de las llamadas reformas estructurales realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el respaldo parlamentario del PAN y —excepto la energética— del PRD.

El llamado “Plan B” aparece, como se sabe, cuando en la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial no alcanzó la votación a favor necesaria de dos tercios de los legisladores presentes que cualquier reforma constitucional requiere.

¿Requiere México hoy de una nueva reforma electoral? Sí; pero no la que el presidente López Obrador está proponiendo.

La situación en el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, como ha sido público, ha continuado descomponiéndose en las recientes semanas, y es posible que esa marcha cuesta abajo continúe aún en las próximas, y quizá hasta la definición de su candidato a la presidencia para el 2024, con resultados por ahora imprevisibles.

En la noche del 4 de octubre el Senado de la República aprobó, reuniendo a las justas los votos de las dos terceras partes de los legisladores presentes, la reforma presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre al artículo transitorio del artículo 21 constitucional para prolongarla hasta 2028 la presencia de la fuerza armada permanente en funciones de seguridad pública.

Una versión corregida y aumentada de lo que solían ser los procesos electorales en los mejores tiempos del priismo.