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En el último tramo de su accidentado gobierno, Andrés Manuel López Obrador parece estar decidido a consumar uno de sus ejes rectores: la centralización del poder en el Ejecutivo, así sea a costa de debilitar a las otras instancias establecidas constitucionalmente o a la división de poderes misma.
La tragedia ocurrida en la noche del lunes 27 de marzo en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en la que fallecieron en el lugar 39 individuos y varios más fueron trasladados al hospital en condición grave es una terrible marca en la política migratoria de México.
En este año se estará cumpliendo una década de las llamadas reformas estructurales realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el respaldo parlamentario del PAN y —excepto la energética— del PRD.
El llamado “Plan B” aparece, como se sabe, cuando en la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial no alcanzó la votación a favor necesaria de dos tercios de los legisladores presentes que cualquier reforma constitucional requiere.