Eduardo Nava Hernández

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Contrariamente a lo que ahora se difunde, la inscripción del proceso revocatorio en la Constitución y las leyes secundarias no es un planteamiento original del presidente López Obrador y su partido, sino una iniciativa que se venía planteando desde organizaciones de la sociedad y algunas fuerzas políticas desde hace por lo menos dos décadas.

Cuenta la leyenda que en la antigua ciudad de Frigia, en el Asia Menor, fue elegido rey un modesto labrador de nombre Gordias, quien cumplió con lo profetizado por un oráculo al entrar a la ciudad con su carreta y una yugada de bueyes, y un cuervo que lo acompañaba.

Con la filtración el pasado fin de semana en un canal de Youtube creado exprofeso de un conjunto de grabaciones generadas mediante espionaje al fiscal general de la República Alejando Gertz Manero, el sistema de justicia en el país ha escalado un nivel más en la crisis de credibilidad e institucional por la que atraviesa desde hace ya un buen tiempo.

No se puede confiar en el imperialismo ni tantito así, nada.

Tengo para mí, desde hace tiempo, que la gran popularidad de que ha disfrutado Andrés Manuel López Obrador y las bases de su aplastante triunfo en las elecciones de 2018 radica en tres factores principalmente:

El cambio de anualidad en el calendario, propicio siempre para hacer balances de lo realizado y elaborar o renovar proyectos, lo es también para realizar ejercicios de prospectiva y escenarios a futuro que puedan iluminarnos en alguna forma y medida hacia dónde se dirige el país.

De manera aparentemente absurda e inexplicable, el recién establecido derecho a la revocación de mandato se ha convertido en un nuevo punto de discordia entre el gobierno y sus aparatos, incluyendo al partido denominado Morena, y el Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdova Vianello.

El debate abierto hace unas semanas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de la penetración de la ideología y las políticas neoliberales en la UNAM y en general en las universidades públicas mexicanas no debe darse por concluido, sino entrando apenas en su etapa de planteamientos.

En días pasados, abriendo un nuevo flanco de confrontación, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una acerba crítica a la UNAM, que luego extendió a la generalidad de las universidades públicas del país. La mayor de las instituciones de educación superior, dijo, se ha derechizado, y ha sido dominada por el pensamiento neoliberal.

A estas alturas debe haber quedado claro para todos que la iniciativa del presidente López Obrador para modificar el régimen de generación y distribución de electricidad impuesto por la reforma privatizadora de 2013 es la lucha más importante de este sexenio, al parecer la única, para restablecer el mandato constitucional de un Estado rector de la economía.

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