Como en el caso de la reforma eléctrica, lo más seguro es que la mayoría morenista en el congreso apruebe esta iniciativa “sin cambiarle ni una coma”, y que el gobierno enfile hacia un nuevo conflicto en los tribunales y un nuevo choque con el sector privado y el poder judicial.

Con la iniciativa preferente enviada el lunes 1 de febrero al Congreso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado su, hasta ahora, política más trascendente en materia energética, un sector que, como es sabido le interesa particularmente por sus implicaciones para la nación y el Estado.

Tenía que ser. El anuncio hecho por el presidente el domingo 24 por la tarde, informando a través de un tuit que había contraído el Covid-19, generó una diversidad de reacciones en la sociedad mexicana, las elites políticas e incluso en gobernantes extranjeros.

No por explicada por el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard y por el mismo presidente López Obrador en su “mañanera”, deja de ser oscura la negociación entre el gobierno mexicano y el de los Estados Unidos que condujo a la virtual liberación (“con las reservas del caso”) del general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Ya ha sido suficientemente destacado por diversos comentaristas y observadores que el contundente triunfo de Joe Biden en la elección del 3 de noviembre obedeció, más que a otros factores, a la decisión de los electores estadounidenses de echar de la Casa Blanca a Donald Trump. Fue, se ha dicho correctamente, un virtual plebiscito, no realmente entre dos proyectos de nación sino entre dos estilos de conducción gubernamental.

La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda en loa Estados Unidos y el inicio de su encausamiento en un tribunal de ese país interpelan directamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador impactándolo en diversos sentidos, y obliga a analizar con mayor detenimiento el papel que en anteriores y en la presente administración se ha asignado a los militares.

La controversial resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la consulta popular para juzgar a los ex presidentes por delitos hasta ahora no precisados ha dado y seguirá dando lugar a comentarios públicos y académicos por mucho tiempo.

Tres procesos marcan de manera profunda el momento del partido que aparentemente es el del poder pero que no ha aprendido a ejercerlo con eficiencia y decoro.

No tengo duda alguna de que varios de nuestros ex presidentes de la República merecerían ser puestos en un banquillo frente al poder judicial y pagar con penas privativas de libertad por sus abusos de poder cuando estuvieron en el cargo.