Eduardo Nava Hernández

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Si bien es pronto para juzgar, es clara la intención del gobernante de modificar una serie de usos y costumbres en la política, en materia de corrupción, derechos humanos, mejora de la transparencia y erradicación del gasto superfluo que López Obrador designa habitualmente con el muy neoliberal término de austeridad.

Como casi cada gobierno desde por lo menos el de López Portillo, el de Andrés Manuel López Obrador se propone realizar una reforma político-electoral que se buscaría sea de gran calado. No están claros aún sus alcances, pero en breve los sabremos.

Como ya se ha estado divulgando profusamente, los ciudadanos mexicanos estamos siendo convocados a una nueva cita con las mesas de votación para el próximo 1 de agosto.

Todo lo sólido se desvanece en el aire.
Marshall Berman

El pasado 20 de mayo fui invitado por los compañeros del Instituto de Formación Política del Morena en Michoacán a conversar con ellos y los militantes de ese partido que quisieron seguirnos por plataforma de Internet, a propósito del tema: “¿Qué se juega Morena en las elecciones de 2021?”.

La ratificación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de las sanciones impuestas con anterioridad, por amplia mayoría, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) contra un conjunto de postulantes a cargos de representación popular ha sido, sin duda, un fuerte golpe a sus partidos y, particularmente, para el Morena.

Con una reunión en el Palacio Nacional, en la que participaron dirigentes empresariales y líderes sindicales, principalmente de las centrales priistas, se declaró resuelto el espinoso pero urgente tema de la subcontratación del trabajo y su regulación.

Como en el caso de la reforma eléctrica, lo más seguro es que la mayoría morenista en el congreso apruebe esta iniciativa “sin cambiarle ni una coma”, y que el gobierno enfile hacia un nuevo conflicto en los tribunales y un nuevo choque con el sector privado y el poder judicial.

Con la iniciativa preferente enviada el lunes 1 de febrero al Congreso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado su, hasta ahora, política más trascendente en materia energética, un sector que, como es sabido le interesa particularmente por sus implicaciones para la nación y el Estado.

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